Estados Unidos catalogó este viernes (25.09.2020) como "una ofensa contra la democracia en Nicaragua" una iniciativa de ley propuesta por los sandinistas para calificar como "agente extranjero" a las organizaciones no gubernamentales y a toda persona natural o jurídica que reciba dinero, directa o indirectamente, de otros gobiernos o asociaciones extranjeras.

"La Ley de Agentes Extranjeros de (el presidente Daniel) Ortega es una ofensa contra la democracia en Nicaragua", señaló el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, en un tuit enviado por la embajada estadounidense en Managua.

"En vez de proteger la soberanía (de Nicaragua), esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia. Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad", indicó.

Diferentes sectores de la oposición nicaragüense, organismos humanitarios, gremios empresariales, entre otros, han expresado su rechazo a esa iniciativa bajo el argumento que busca controlar, neutralizar y "criminalizar" a la disidencia organizada, a las ONG, a los partidos políticos, a la sociedad civil, y a la prensa independiente.

Ley "a la rusa"

Por su lado, el eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo en un tuit que ese "proyecto de ley "a la rusa" supone el fin de la oposición democrática en Nicaragua.

"Para frenarla exijo a la Unión Europea: condena diplomática, debate en el Parlamento Europeo, sanciones al régimen, más suspensión del Acuerdo de Asociación" entre la UE y Centroamérica, en caso que sea Ley sea aprobada, agregó. Esta ley sería "el fin de la oposición", advirtió Bauza.

El proyecto, que autoriza a fiscalizar los fondos que reciban grupos y entidades nicaragüenses desde el exterior, incluyendo ONG y "empresas de información", fue presentado el martes ante la primera secretaria de la Asamblea Nacional, cuya directiva, controlada por los sandinistas, definirá cuándo la pone en el orden del día.

La iniciativa recibió calificativos de "aberrante", "ofensiva" e instrumento de "represión" de parte de diplomáticos, organismos de derechos humanos y periodistas de distintos países.

Amnistía Internacional (AI) llamó "urgentemente" a la comunidad internacional para que se "activen todos los oficios a su alcance con el fin de evitar la aprobación de esta ley" que impondría "inaceptables" restricciones a libertad de asociación y sería un "instrumento de represión" contra personas y entidades.

Organizaciones de prensa cierran filas

En tanto, la organización Reporteros sin Fronteras (RSF) denunció "enérgicamente" el proyecto como "aberrante", "inconstitucional" y diseñado para censurar e intimidar a los medios de comunicación independientes.

"Si este texto se vota en el parlamento, el gobierno de Daniel Ortega tendrá una nueva herramienta de represión para silenciar a las voces críticas a su administración", advirtió RSF.

En términos semejantes se pronunció el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), con sede en Nueva York, que pidió "al Ccongreso de Nicaragua que rechace esta escandalosa ley y permita que la prensa trabaje libremente sin enfrentar la intimidación ni la vigilancia".

También la organización mundial de escritores PEN Internacional capítulo Nicaragua denunció en sus redes "la amenaza que se cierne" sobre la prensa independiente en Nicaragua.

Según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), la iniciativa viola al menos 10 artículos sobre derechos civiles y políticos consignados en la Constitución de Nicaragua y tratados internacionales.

El término "agente extranjero", por asociación de ideas, le confiere a la persona o entidad una connotación delictiva, acciones de espionaje, vulnera la presunción de inocencia y vendría a establecer en el país una "segregación entre buenos y malos", apuntó el Cenidh.

gs (efe, afp)