La Justicia estadounidense acusó al dueño y presidente del canal venezolano Globovisión, Raúl Gorrín, de sobornos y blanqueo de capitales en una trama multimillonaria que involucra a otros dos venezolanos, informó este martes (20.11.2018) la Fiscalía. Gorrín, de 50 años, enfrenta nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero.

Entre tanto, Alejandro Andrade, de 54 años, que fue tesorero nacional con el presidente Hugo Chávez, y Gabriel Arturo Jiménez Aray, de 50 y expropietario del Banco Peravia en República Dominicana, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, precisó la Fiscalía. La acusación contra los tres fue presentada el 16 de agosto de 2017, pero había permanecido sellada hasta hoy en el Distrito Sur de Florida. Gorrín, quien tiene residencia en Miami, es considerado prófugo por la Justicia estadounidense.

Los casos son parte de un amplio esfuerzo por parte de los fiscales federales de los Estados Unidos para tomar medidas enérgicas contra el uso del sistema financiero de los Estados Unidos para lavar las ganancias de la corrupción desenfrenada en el país afectado por la crisis que sufre de hiperinflación.

La Fiscalía detalla que Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos funcionarios venezolanos de alto nivel, incluido Andrade, para garantizar los derechos a realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas desfavorables para el Gobierno venezolano. Además de transferir dinero a los funcionarios, Gorrín supuestamente compró y pagó gastos de ellos en jets privados, yates, casas, caballos de carreras, relojes de alta gama y una línea de moda, utilizando como intermediario compañías ficticias.

Andrade, quien también tiene residencia en Florida, admitió en diciembre de 2017 que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín y otros conspiradores a cambio de utilizar su posición como tesorero nacional venezolano para seleccionarlos para realizar transacciones de cambio de moneda para el Gobierno venezolano.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Andrade aceptó una sentencia en dinero, con el decomiso de 1.000 millones de dólares y la confiscación de todos los activos involucrados en el esquema corrupto, incluidos bienes raíces, vehículos, caballos, relojes, aviones y cuentas bancarias. El próximo martes está programada la audiencia en la que se dictará sentencia contra Andrade y el jueves de la semana próxima en el caso de Jiménez.

lgc (efe/reuters)

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