Como una verdadera bomba de racimo estalló en Alemania la noticia de que tanto el Ejército Federal como la Fuerza Aérea germana poseen todavía miles de proyectiles de fragmentación. Por curioso que parezca, la revelación -hecha por un programa periodístico de televisión- a todas luces tomó por sorpresa a la presidenta de Los Verdes, Angelika Beer, quien anteriormente se desempeñaba nada menos que como portavoz de su bancada en materias de defensa. "Esto contraviene nuestros objetivos", indicó la dirigente, demandando que "esas bombas no sólo no sean utilizadas, sino que sean destruidas sin dilación".

Proscripción moral

A ella se sumó un coro de políticos y expertos de los partidos gubernamentales con similares exhortaciones. Lo notable del revuelo es que haya sido necesario un programa de televisión para levantarlo. De lo contrario, por lo visto, las bombas de racimo habrían seguido durmiendo el sueño de los "injustos" en los depósitos militares alemanes. Objeciones legales, propiamente tales, no existirían para ello, dado que tales bombas de fragmentación no están proscritas internacionalmente. Otra cosa es que sean moralmente aceptables y que el decoro político permita poseerlas, cuando se critica simultáneamente su utilización, como ocurrió en la guerra contra Irak.

Norman Paech, un experto en derecho internacional citado en el reportaje, no duda que desde el punto de vista del espíritu de la ley deberían estar prohibidas. En este sentido argumenta que los protocolos adicionales de Ginebra, de 1977, prohiben claramente métodos y armas que provoquen sufrimiento innecesario y que afecten particularmente a civiles. Tal es el caso de las bombas de fragmentación, llamadas así porque contienen en su interior centenares de 'mini-bombas' que liberan al explotar, aún antes de haber hecho impacto en el suelo.

Campaña internacional

Con este sistema, el radio de la devastación es mucho mayor. Peor aún: se calcula que más de un 25% de las 'submuniciones' desperdigadas pueden permanecer intactas, sin detonar, pero activas. Eso las convierte prácticamente en minas y en un peligro especial para la población civil de los lugares afectados. Así lo hicieron notar organizaciones no gubernamentales que justamente emprendieron la semana pasada, en La Haya, una campaña internacional para luchar por la proscripción de estos letales artefactos de racimo. Según uno de sus portavoces, tan sólo en Afganistán murieron 127 personas, entre octubre del 2001 y noviembre del 2002, por causa de tales municiones que no estallaron en el momento de ser lanzadas. Un estudio de Human Rights Watch indica que un 90% de las víctimas fueron niños o jóvenes.

El Ministerio de Defensa confirmó que el ejército y la aviación disponen de bombas de racimo, aunque no entregó cifras. Sólo se limitó a explicar que desde el año 2001´, la Fuerza Aérea ha desmantelado más de 8000, del tipo BL-755, y que el número de las que aún posee es inferior a éste. Círculos de defensa indicaron, por su parte, que si bien sería deseable eliminar los proyectiles de fragmentación, el ejército alemán no puede renunciar a ellos, debido a que sus compromisos en el marco de la alianza defensiva lo obligan a estar en condiciones de hacer frente a posibles "amenazas simétricas". Sea como fuere, en las altas esferas del partido de Los Verdes y el Socialdemócrata se alzan voces que demandan precisamente eso.