Mientras en la Unión Europea se anuncia un redoblado énfasis en la lucha contra la violencia de género y la necesidad de acceso a la salud sexual y reproductiva, en Perú se inicia el juicio por las esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y 2001. Las víctimas fueron mujeres, en su mayoría indígenas y pobres. Desde Europa se ha apoyado el largo camino de las víctimas a la justicia.

De acuerdo con normas internacionales, la esterilización forzada viola los derechos a la integridad corporal, la salud, la intimidad, la vida familiar -incluyendo el derecho a decidir el número y espaciamiento de los hijos-, así como el derecho a la no discriminación. En el caso de Perú, se detecta incluso tortura, trato cruel, inhumano y degradante.

“Aunque el expresidente Alberto Fujimori esté condenado y preso por otros delitos, es extremadamente importante que se haga justicia en el caso de las esterilizaciones forzadas en Perú. Es un tema histórico”, dice a DW Natalia Sobrevilla-Perea, catedrática de Historia Latinoamericana de la Universidad de Kent.

No solo en Perú

“Es muy importante que también se tenga conciencia de que no son crímenes limitados al Perú: en Europa han sucedido hasta no hace demasiado tiempo”, enfatiza Sobrevilla-Perea. Hace referencia a las esterilizaciones de mujeres con discapacidad que, hasta finales del 2020, estaban incapacitadas judicialmente, de modo que sus padres o tutores podían decidir por ellas el esterilizarlas.

También se recuerda que al Tribunal Europeo de Derechos Humanos han llegado reiterados casos individuales de esterilizaciones forzosas o no consentidas a mujeres romaníes en la República Checa, Eslovaquia y Hungría. El Tribunal Europeo falló contra los Estados por violación de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En las sentencias se dictaminó una compensación monetaria a las víctimas.  

¿La justicia no es para pobres?

En el caso de las casi de 270.000 mujeres y unos 30.000 hombres esterilizados sin consentimiento en Perú entre 1996 y 2001 se ha ido avanzando muy lentamente. Apenas en 1999 comenzó a cuestionarse el programa de políticas pública de control poblacional porque el primer caso de víctima mortal llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Aunque el Estado peruano se comprometió a tomar medidas para garantizar la justicia, reparación y garantías de no repetición, la investigación no avanzaba. Varias organizaciones de la sociedad civil -apoyadas por la cooperación europea- lograron que en 2010 la CIDH emitiera una denuncia.

“El tema fue clave en las elecciones de 2011. A partir de allí, el caso se hizo internacionalmente conocido”, agrega Sobrevilla-Perea. La recopilación de evidencias para poder afirmar cuántas víctimas hubo y que se estaba ante un delito tomó muchos años.

“Lo que sucedió no fue un hecho aislado. Estamos ante un hecho generalizado, en todo el país en todas las comunidades pobres”, puntualiza Sobrevilla Perea, integrante de Perú Support Group, una organización de la sociedad civil  que forma parte de la Red EU-Lat.

Aunque el expresidente Fujimori fue sentenciado en 2009 a 25 años de cárcel por graves violaciones a los derechos humanos, “esos crímenes contra las mujeres no fueron contemplados en el proceso de la Comisión de la Verdad, tampoco se incluyeron en el Museo de la Memoria. Y el tema se hizo muy fuerte para las elecciones de 2016, también internacionalmente”, sigue Sobrevilla Perea.

En un informe del año 2017, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea recomendaba al Perú, por primera vez, que reformara su legislación electoral para garantizar la representación de mujeres y comunidades indígenas.

“Si se avanzaba en la conciencia de lo que había sucedido, en cuanto a hacer justicia se avanzaba muy lentamente: el caso fue desestimado en muchas ocasiones aduciendo, por ejemplo, que no era posible determinar cuántas de las víctimas habían sido esterilizadas sin consentimiento”, explica Sobrevilla Perea, añadiendo que, en el fondo, subyacía la percepción de que por ser mujeres pobres, no hay por qué hacer justicia. 

Cuando en 2018 el gobierno peruano concedió una amnistía general al expresidente Fujimori, Inés Condori, representante de las víctimas, trajo el caso al Parlamento Europeo. En nombre de las miles de víctimas, Condori solicitaba apoyo para acceder a la justicia.

“Los dramáticos hechos del Perú, nos recuerdan dolorosos episodios de la época más negra del continente”, recalcó en ese momento la eurodiputada Izaskun Bilbao, vicepresidenta de la Delegación para las relaciones con los países de la Comunidad Andina, refiriéndose a lo “molestas” que resultan ciertas minorías para algunos Estados.

25 años después, que el expresidente recluso vuelva al banquillo y que se empiece a juzgar a los tres ministros de Salud de aquel entonces, se percibe como una buena noticia también en Europa, que con programas de cooperación ha apoyado a organizaciones de la sociedad civil que han acompañado a las víctimas en el largo proceso.

“Los casos de lesa humanidad no prescriben”, afirmó la eurodiputada Izaskun Bilbao. “Es muy importante reconocer el crimen que se cometió”, concluye Sobrevilla Perea.