Antes del segundo aniversario del fin de la guerra de Tigray, en Etiopía,  Gebreselassie Kahsay, profesora de la Universidad de Mekele, en la capital tigreña, reflexiona sobre la frágil paz que impera en la región más septentrional del país. "Algunos dicen que el Acuerdo de Pretoria cesó los disparos, pero el genocidio contra los tigreños sigue", sostiene.

El brutal conflicto, que enfrentó por dos años a las fuerzas del Gobierno de Etiopía, milicias regionales aliadas y tropas de la vecina Eritrea contra las fuerzas rebeldes de Tigray, dio como resultado un total estimado de 600.000 muertes y reportes de atrocidades generalizadas cometidas por ambos bandos.

En noviembre de 2022, la Unión Africana (UA) medió las conversaciones de paz en Pretoria, Sudáfrica, que derivaron en un acuerdo para el "cese permanente de las hostilidades". En ese momento, el enviado de la UA para el Cuerno de África, Olusegun Obasanjo, dijo que las partes habían también acordado un "desarme sistemático, ordenado y coordinado". Sin embargo, para muchos en Tigray, el sufrimiento y la violencia siguieron.

"Los civiles no están seguros"

Kahsay explica a DW que el acuerdo no ha sido implementado del todo, y que más bien "es un fracaso" porque no restauró los territorios de Tigray. "Debido a esto, los habitantes o desplazados internos del oeste de Tigray no regresan a sus hogares. Los civiles no están a salvo", asegura.

Según Naciones Unidas, los combates desplazaron a casi 1,7 millones de personas. Medhanie Mulaw, profesor de la Universidad de Ulm, en Alemania, estima que el acuerdo alcanzado entre el Frente de Liberación Popular de Tigray y el Gobierno de Etiopía no tuvo en cuenta a los civiles.

En su opinión, ambas partes estaban "principalmente interesadas en mantenerse en el poder al costo que fuera" más que en abordar los problemas suscitados por la guerra. "No creo que la crisis humanitaria, el retorno y la repatriación de la gente haya estado entre lo más importante de la agenda" de las conversaciones, sostiene.

Sistema de salud en ruinas

Antes de la guerra, el sistema de salud de Tigray "era uno de los más sólidos del país", dice Nimrat Kaur, coordinador de Médicos sin Fronteras. Tras el conflicto, sin embargo, 89 % de las instalaciones sanitarias de Tigray quedaron dañadas y sin equipamiento.

Otro problema que afecta al sistema de salud de la región es la falta de financiamiento. Gebrehiwot Mezgebe, director del hospital de Shiraro, estimó que el recinto, que atiende a una población de más de un millón de personas (incluidos a decenas miles de desplazados) requiere un presupuesto de 763.000 euros al año. Sin embargo, el Gobierno federal proporciona solo 30.000 euros.

Es poco probable que haya más presupuesto, dado el terrible estado de las finanzas de Etiopía y los costos generales de reconstrucción de Tigray, que se estiman en más de 20 mil millones de dólares.

El conflicto se extiende a otras regiones

En la región de Amhara, limítrofe con Tigray, los feroces enfrentamientos entre milicianos Fano y las fuerzas etíopes se han intensificado desde abril de 2023. El conflicto comenzó cuando el Gobierno central quiso desmantelar las fuerzas especiales regionales. Desde entonces la violencia ha escalado, con un incremento de las víctimas civiles en las ciudades de Amhara.

Mulaw dice a DW que los conflictos actuales en esa región son "orquestados o controlados por el gobierno de Etiopía", y por lo tanto "hay poca o nula información desde el otro bando". Apenas se sabe sobre los enfrentamientos y el interés de la comunidad internacional es menor en comparación con el que generó la guerra de Tigray.

El Gobierno de Etiopía, por cierto, cortó el acceso a internet móvil y detuvo a periodistas que cubrían la crisis.

¿Tiene oportunidades la paz?

El Frente de Liberación Nacional de Ogadén (ONLF) decidió recientemente retirarse del proceso de diálogo nacional, argumentando preocupación por la falta de "inclusión" y "transparencia". En un comunicado emitido el 20 de octubre, el grupo llamó la atención sobre la ausencia de representantes clave de Amhara, Oromia y Tigray, afirmando que los conflictos en curso en esas regiones hacían de las conversaciones algo "unilateral e incapaz de alcanzar una paz genuina".

El ONLF es apenas el último partido que critica el proceso, establecido por el gobierno del primer ministro Abiy Ahmed para buscar puntos de acuerdo en asuntos polémicos.

Mulaw piensa que falta claridad sobre el papel del Gobierno en el proceso. "¿Es supervisor de la discusión o participa en ella?", se pregunta. "A menos que se resuelva esto, la gente dudará si se logrará el objetivo que se persigue", apunta, señalando que actores externos neutrales también deberían participar en el diálogo.

(dzc/rr)