"Guatemala está a punto de convertirse en un país gobernado por las mafias”, decía en una audiencia en el Parlamento Europeo Erika Aifán, quien después de casi 20 años de ejercer como jueza en su país ha tenido que abandonarlo.

Desde Estados Unidos, Aifán explica el proceso de desarticulación del sistema de justicia desde el año 2015 que, pasando por la expulsión en 2019 de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), ha llevado a la situación actual, con más de 20 operadores de justicia en el exilio. 

Años de persecución

Si bien el gobierno ha creado instrumentos de protección, la jueza Aifán habla de años de amenazas, persecución con automóviles sin matrícula, sustracción de expedientes. El blanco son operadores de justicia, periodistas y organizaciones no gubernamentales que investigan la corrupción, el lavado de dinero, la narcoactividad y las estructuras criminales.

En esta situación, en Estrasburgo se ha aprobado este jueves (07.04.22) una resolución en la que se deja expresa la preocupación europea por "el deterioro del Estado de Derecho en Guatemala y por las acciones judiciales iniciadas por la Corte Suprema de Justicia y el fiscal general, contra jueces, abogados y fiscales independientes que investigan o persiguen estructuras delictivas vinculadas a altos cargos del Estado y a propietarios de empresas”.

Abogando por la transparencia y llamando al gobierno guatemalteco a proteger derechos humanos y a quienes los defienden, en la resolución se recuerda que "la Unión Europea sigue siendo uno de los principales socios de cooperación de Guatemala”. También un gran socio comercial.

Entre 2014 y 2020, Bruselas destinó 152 millones de euros a seguridad alimentaria, paz y seguridad, y lucha contra la corrupción. No obstante, según datos de la ONU, el 50% de los niños guatemaltecos sufre malnutrición y el 47% de la población planea emigrar. Según Transparencia Internacional, Guatemala ocupa el puesto 150 en elIndice de Percepción de la Corrupción, un descenso de 59 puestos en diez años.

Eficacia de los esfuerzos

"No se puede tener una actitud hipócrita y declararse preocupado por los derechos humanos en Guatemala y negarse a suspender un acuerdo comercial que tiene que ver con este sistemático deterioro del Estado de Derecho y los derechos humanos”, dice a DW Miguel Urbán, negociador de la resolución por la bancada de La Izquierda.

Urbán, eurodiputado español miembro de las comisiones de Desarrollo y Derechos Humanos, se refiere a proyectos mineros altamente controvertidos sin consulta previa, a hidroeléctricas que han llevado a desplazamientos masivos. También a que medioambientalistas como Lolita Chávez, finalista del Premio Sájarov, no pueda volver a su país. "En la resolución se desdibuja la opción de suspender el acuerdo y tampoco se menciona que hay empresas europeas ligadas a esta situación”, critica Urbán.

"Desde el 2019 se han ido desmantelando las instituciones creadas contra la impunidad. Hay una clara tendencia a la corrupción y a le erosión institucional”, afirmó Soraya Rodríguez, eurodiputada española del bloque liberal. Califica la resolución de la Eurocámara de un mensaje a las autoridades guatemaltecas para que reviertan esta deriva no solo con promesas sino con acciones y resultados.

Por otra parte, desde la Comisión Europea se prevé el refuerzo de la institucionalidad guatemalteca en la cooperación para el período 2021-2027 y se asegura que se monitoreará de cerca la situación. 

¿Basta esto teniendo en cuenta que a pesar de todo el esfuerzo y los millones invertidos la erosión de la justicia avanza?  "No”, responde a DW Miguel Urbán y concluye: "Hemos pedido en reiteradas ocasiones una auditoría de los proyectos como EuroJusticia, pues mientras hay un esfuerzo por reforzar la institucionalidad, el gobierno ataca la independencia judicial”. 

(ers)