"En un sistema como el que existe en Nicaragua -donde no hay separación de poderes y donde se han producido detenciones arbitrarias sin las mínimas garantías, basadas en denuncias infundadas y sin permitir a los detenidos ningún tipo de asesoramiento jurídico-, una detención es sinónimo de tortura”, dice a DW Soraya Rodríguez Ramos, una promotora de la última resolución del Parlamento Europeo sobre Nicaragua. En ella se insta a las autoridades nicaragüenses a liberar de inmediato a los detenidos desde abril de 2018 y a permitir el retorno de los refugiados y exiliados.

"Los  jueces que, sin ninguna garantía para el detenido, dictan sentencias de diez, quince y veinte años, no imparten justicia, son verdaderos brazos ejecutores de la dictadura”, subraya Rodríguez Ramos, eurodiputada por España, de la bancada liberal.

Se alarga la lista

Son catorce los jueces que aparecen en el texto aprobado en Estrasburgo (525 votos a favor, 17 en contra y 29 abstenciones). Se trata de que sean incluidos en la lista de miembros del gobierno Ortega-Murillo sobre los que penden sanciones de la UE desde 2020 y que se ha venido ampliando. En este momento son 21 las personas que han visto congelados sus bienes y no pueden entrar al espacio común europeo. Entre ellas, la vicepresidenta Rosario Murillo y dos de sus hijos.

"No tengo nada en contra de que se pongan sanciones a los que son los brazos jurídicos del sistema represivo. Ninguna democracia puede aceptar la no separación entre política y justicia, una de sus principales garantías”, comenta a DW, por su parte, Marisa Matías, eurodiputada portuguesa, negociadora de la resolución por el grupo de La Izquierda. Básicamente, "está muy claro que la condena al régimen de Ortega es general”, agrega Matías.

Y si bien hubiese preferido que no se incluyeran los nombres para ser coherente con la separación de lo político y lo judicial, la diputada lusa resalta que lo que debe primar por sobre intereses partidistas esel apoyo unánime al pueblo de Nicaragua. En su grupo también hubo una clara mayoría a favor de la resolución.

¿Sanciones y qué más?

El texto de la resolución va más allá de la petición de sanciones para los jueces que colaboran con el régimen Ortega-Murillo. Se pide también la activación de la llamada cláusula democrática, el mecanismo que excluiría a Nicaragua del Acuerdo de Asociación (ADA) que tiene con la Unión Europea desde 2012. 

Pero, "esa activación no puede hacerse, porque (la cláusula) no está en vigor”, explica Rodríguez Ramos. De las tres partes del ADA -comercio, diálogo político y cooperación- solo está en vigor la parte comercial. Y la cláusula democrática no se encuentra allí. No obstante, "es fundamental aislar política y económicamente al régimen nicaragüense”, subraya.

"Abogamos por que las instituciones financieras internacionales no le concedan préstamos. La pareja Ortega-Murillo y sus hijos han convertido al país en una sociedad anónima, en la que se utilizan fondos internacionales para sus propios intereses económicos”, afirma la política española, advirtiendo que cualquier medida adicional de presión que se tome no debería afectar al ya golpeado pueblo nicaragüense. 

Al respecto, Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los Países de América Central, ve en la implementación de la nueva directiva europea de "debida diligencia” un mecanismo adicional de presión. "No podemos negociar con empresas amparadas por un régimen que no respeta derechos de ningún tipo ni consideraciones medio ambientales”, afirma Metz, eurodiputada luxemburguesa de la bancada ecologista, previendo por dónde se podría hacer mayor presión.

Con todo, "es una de las resoluciones más fuertes que hemos aprobado”, sigue Metz, refiriéndose a las cuatro anteriores adoptadas entre el 2019 y 2021. "La situación empeora día a día. Hay 400 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas, 182 prisioneros políticos, siete excandidatos presidenciales siguen en la cárcel, el líder Hugo Torres ha muerto en prisión. Tenemos que hablar claramente”, concluye.

(ers)