"La globalización sólo será beneficiosa si va acompañada de la globalización de derechos”, dijo en el Parlamento Europeo la eurodiputada española Inmaculada Rodríguez Piñero. Por ello, en Bruselas se lanzó un manifiesto llamando a trabajar por un tratado internacional que obligue a las empresas transnacionales a respetar los derechos humanos, laborales y medioambientales.

Europarlamentarios y diputados nacionales de varios países europeos rubrican un llamado  a apoyar que avancen las negociaciones, que tendrán su cuarta ronda en el seno de la ONU en Ginebra, del 15 al 20 de octubre.

Casos emblemáticos

Si fuera posible llevar a tribunales a las empresas transnacionales causantes de tragedias como la nube tóxica en Bhopal y el derrumbe del edificio Rana Plaza en Bangladesh, la destrucción de la Amazonía en Ecuador o el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el respeto a normas medioambientales y laborales no sería voluntario, como hasta ahora. Tampoco lo sería el asumir las indemnizaciones a las víctimas, como hasta ahora.

"Las empresas petroleras que operan en las orillas del Níger destrozan el medio ambiente. Nigeria como Estado no está tampoco muy a favor de respetarlo. ¿Dónde encuentran las poblaciones reparación? ¿A quién se pide justicia?”, plantea la eurodiputada holandesa Judith Sargentini, especialista en desarrollo y firmante del manifiesto.

Por lo pronto, "hay demasiadas lagunas que permiten que las empresas cometan atentados contra los derechos humanos y el medio ambiente con total impunidad. No podemos seguir ciegos a esta realidad”, afirma Rodríguez-Piñero.

¿Por dónde andamos?

Por lo pronto, las empresas se rigen voluntariamente por los principios de Naciones Unidas. También por los planes nacionales que su país de origen haya definido. Pero si una empresa europea actúa en un tercer país de manera reprochable, el país donde ocurrió la violación no puede juzgarla; su país sede tampoco porque las víctimas no tienen acceso a ese sistema.

"Es que los principios rectores no tienen en cuenta los problemas transfronterizos”, explica por su parte Ana María Suárez, jurista de la Universidad Javeriana. "Por otro lado, los planes nacionales voluntarios no bastan. Esto lleva a asimetrías jurídicas, al no reconocimiento de sentencias”, afirma Suárez, miembro de la Alianza Internacional contra la Impunidad, una plataforma que impulsa el tratado. 

Un primer documento

Cuatro años después de que surgiera la iniciativa en el seno de la ONU –bajo el liderazgo de Ecuador y Sudáfrica-, un "documento cero”, un esbozo de convenio; está listo. Éste ha sido preparado por el grupo de trabajo permanente, con apoyo de un comité de 60 expertos y académicos. 

De tomar éste la forma que ellos querrían, un comité permanente podría podría acoger las quejas de las víctimas y buscar reparación. "Aunque es un documento valioso; es perfectible”, afirma Suárez. Por ejemplo, "es necesario que el tratado estipule que las víctimas pueden demandar a cualquiera de las empresas involucradas en la cadena de valor que produce el daño, no sólo del sitio donde ocurrió la violación”, añade.

Apoyo al alza

"Hay demasiadas víctimas, la mayoría de ellas mujeres, sin esperanza de acceder a la justicia y la reparación”, subraya Rodríguez-Piñero, especialista en comercio internacional.

Por eso, ella como otros 300 diputados, apoyaron la resolución de la Eurocámara  llamando a la UE a impulsar la aprobación de un tratado vinculante en la ONU. No obstante, en realidad, la UE no tiene mandato para ello, a menos que se lo confieran sus miembros. Y eso depende de la voluntad política de cada Estado. Por eso, el Manifiesto lo rubrican también miembros de Parlamentos nacionales europeos.

"Queremos influir para que el tratado vinculante sea posible. Somos una red mundial parlamentaria, somos ya 22 países. Pero necesitamos que más apoyen el manifiesto”, dice Rodríguez-Piñero. "La prosperidad de las empresas tiene un límite: la dignidad humana”, concluye .

Mirra Banchón (ER)