El reciente allanamiento del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en Guatemala, así como el arbitrario encarcelamiento de la jurista Claudia González, integrante de la expulsada Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), tienen cabida en una resolución de la Eurocámara , emitida el jueves (14.9.2023), por la situación electoral del país centroamericano. 

Acuerdo insólito

Seis grupos políticos han coincidido, de manera insólita, en condenar los intentos de maniobrar contra el clarísimo resultado electoral que debería culminar con la toma de posesión de Bernardo Arévalo y Karin Herrera, en enero de 2024.

"Que hayamos coincidido todos es una señal muy fuerte y clara: es escandaloso y muy peligroso lo que está sucediendo en Guatemala”, dice a DW Tilly Metz, presidenta de la Delegación para las Relaciones con los países de América Central (DCAM).

El que se siga intentando ilegalizar al partido del binomio ganador, el Movimiento Semilla, cabe en las preocupaciones expresadas por una amplísima mayoría de la Eurocámara. El texto aprobado recoge el pedido de la sociedad civil guatemalteca para que la observación electoral europea siga atenta.

Aspectos positivos y acontecimientos preocupantes

"Aunque la Misión de Observación Electoral (MOE) haya dejado el país a comienzos de septiembre, una vez se validó el proceso de recuento, sigue observando la situación. Aparte de los aspectos positivos del sistema electoral -que llevó a cabo un proceso de votación y recuento impecable-, también se incluirán en el informe preocupantes acontecimientos, como el allanamiento del TSE, la pérdida de custodia de los votos de la primera vuelta y el recuento absolutamente ilegal, por parte de la Fiscalía, contra la Impunidad”, explica a DW Jordi Cañas, jefe de la MOE.

"El informe con nuestras recomendaciones lo presentaremos el 31 de octubre y en dos años volveremos al país a monitorear avances”, prosigue Cañas. Con todo, el jefe de la MOE insiste en que "los problemas que estamos viviendo no son del sistema electoral, son de personas e instituciones que están intentando poner en cuestión el resultado del proceso electoral e intervenirlo a posteriori”. 

¿Sanciones en camino?

"La situación empeora día a día”, asegura, por su parte, Tilly Metz, quien, en su función de presidenta de la DCAM, está en permanente contacto con la Delegación de la Unión Europea en el país.

"Por eso a mí me habría gustado solicitar en esta resolución medidas restrictivas contra miembros de la Fiscalía y el Ministerio Público”, afirma Metz, denunciando la persecución a los operadores de justicia independientes que ahora están en el exilio o, como Claudia González, en la cárcel.

En la resolución se pide la liberación incondicional e inmediata de todos los arbitrariamente detenidos. 

Como fuere, "aunque Arévalo sobreviva política y físicamente -hemos solicitado su protección-, la lucha por la democracia y contra la corrupción aún no está ganada”, afirma Metz.

Democracia en peligro

"La situación es muy preocupante, para Guatemala y para una Latinoamérica suficientemente desestabilizada”, dice a DW, por su parte, Miguel Urbán, miembro de la Subcomisión de Derechos Humanos de la Eurocámara e impulsor de la actual resolución.

"En la región, por un lado, vemos avanzar un modelo autoritario, estilo Bukele, y por otro un modelo como el utilizado en Perú, en el caso de Pedro Castillo: un parlamento corrupto que no va a parar hasta hacer un impeachment arbitrario y meter a Arévalo en la cárcel”, advierte Urbán.

Este recuerda tanto la descalificación arbitraria de la candidata indígena, como el asesinato permanente de líderes sociales y medioambientales en Guatemala, un país que no hace tanto vivió una guerra civil y un genocidio.

Los eurodiputados consultados por DW, miembros de tres diferentes bancadas de la Eurocámara, están de acuerdo: la comunidad internacional debe seguir atenta junto al pueblo guatemalteco. "La UE tiene instrumentos y personal en el terreno para acompañar el proceso”, afirma Urbán.

"Las recomendaciones de nuestro informe incluyen elementos claves para que situaciones como las que estamos viviendo no se produzcan”, subraya el jefe de la MOE. Finalmente, "no se trata de destruir puentes, pero, de seguir así, pediremos sanciones individualizadas. La voluntad del pueblo guatemalteco debe ser respetada”, concluye Metz. (ms)