“Cuando una persona va a conducir un vehículo, tiene que cumplir ciertos requisitos, pero si navega por las redes puede devastar la honra de otros sin que nadie controle nada. Y las regulaciones son muy débiles a la hora de sancionar. Por eso vemos una posible cooperación con el modelo de regulación de la Unión Europea con esperanza”, comentó a DW Oscar Darío Pérez, co presidente de la Asamblea EuroLatinoamericana (EuroLat).

Las amenazas híbridas para las democracias, el discurso de odio, la regulación de plataformas digitales: diversos desafíos llegaron a la agenda de esta asamblea birregional que se reunió esta semana en Bruselas.

En un informe aprobado en la comisión de Asuntos Políticos y Derechos Humanos, miembros del Parlamento Europeo y de los parlamentos regionales de América Latina y el Caribe abogan por instrumentos armonizados contra el discurso y los delitos de odio que respeten plenamente los principios internacionales sobre derechos humanos. “Y aunque hay que defenderla más que nunca, bajo la figura de la libertad de expresión no puede caber todo”, prosigue Oscar Darío Pérez, miembro del Parlamento Andino por Colombia.

Internet y derechos humanos

“En Venezuela, los periódicos son digitales”, comentó a DW, por su parte, el eurodiputado Leopoldo López, que preside el grupo de trabajo sobre seguridad y crimen transnacional. “Pero un  venezolano no puede leer El Nacional en Venezuela porque la señal la tiene bloqueada el gobierno. ¿Es esto legal? Claro que es legal porque cumple con las leyes del gobierno. ¿Es ético? No, porque no cumple con los principios fundamentales de los derechos humanos que es el acceso a la información. El artículo 17 de la declaración universal de los derechos humanos es la libertad de expresión y la libertad de información”, sigue Leopoldo López.

¿Quién controla?

Al respecto, el informe de EuroLat, pone de relieve que el desarrollo y la expansión del internet y las redes sociales han ampliado de forma inédita las oportunidades de ejercer libertades fundamentales. No obstante, han generado nuevas e importantes amenazas. ¿Quién debe encargarse de ellas? ¿Los Estados? ¿Las empresas?

"No vemos el control del Internet en las manos de los Estados”, responde Oscar Darío Pérez. “El mundo digital y la información es un bien de la sociedad que no debe estar a merced del autoritarismo que lamentablemente estamos viendo en algunos países. Pero tampoco deben quedar en manos privadas”, agrega. “El tema de regular las plataformas es muy delicado”, responde Leopoldo López. “Deberíamos más bien optar por un sistema de sanciones a quienes abusen de los contenidos”, puntualiza.

La propuesta europea

Según especialistas europeos, el poner reglas claras es un papel que deben desempeñar los gobiernos. Si bien no se trata de poner gendarmes para la información y la expresión es la esencia misma de la democracia, es necesario atajar prácticas inaceptables. En ello ven un espacio de acción para la sociedad civil. 

En cuanto a contenidos, la ley europea de servicios digitales no dice lo que hay que poner y lo que no, pero hace responsables a las plataformas de gestionar el riesgo que conllevan sus contenidos y de detenerlos si procede. Por otro lado, se están desarrollando técnicas para atajar la manipulación a través de identidades falsas. 

Inmensa brecha digital

Como fuere, el momento es clave: con vistas a una cumbre en 2023 entre los 27 Estados europeos y los 33 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), EuroLat acoge con satisfacción la adopción de la estrategia europea “Camino al 2023”. Ésta prevé intensificar la cooperación birregional en el campo de la revolución digital. “Pero antes de hablar de cooperar en la revolución digital, deberíamos cooperar en que todas las poblaciones tengan acceso a la electricidad y la red”, advierte Leopoldo López.

“En este momento, a nivel mundial, hay 3000 millones de personas que no tienen acceso a la digitalización. La brecha es aún gigantesca”, recuerda Oscar Darío Pérez. “La cooperación que plantea Europa es fundamental tanto en las inversiones como en la transferencia de tecnología, las regulaciones que debe monitorear la sociedad y la alfabetización digital”, concluye.

(jov)