El exjefe del Gobierno catalán huye de la Justicia de su país y busca evitar que Bélgica lo extradite. A ojos de Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, Carles Puigdemont debe regresar a España.
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Deutsche Welle: Señor Thiele, las órdenes de captura europeas suelen ser obedecidas por los socios del bloque comunitario. Después de todo, la Unión Europea es una comunidad de Estados de derecho. En ese sentido, ¿debe Bélgica extraditar al exjefe del Gobierno catalán Carles Puigdemont, quien es solicitado por la Justicia de España?
Alexander Thiele: La orden de captura europea fue concebida para que los miembros del bloque pudieran ofrecerse mutuamente ayuda jurídica expedita. Pero el Estado a cargo de la extradición siempre debe verificar que se cumplan ciertos requisitos mínimos. En otras palabras, la orden de captura europea no es una que se cumpla automáticamente.
El delito de rebelión que se le atribuye a Puigdemont en España no está contemplado en las leyes belgas. ¿Puede eso ser un obstáculo para la extradición de Puigdemont a España?
Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, da clases en la Universidad de Gotinga.Imagen: Swen Pfšrtner
El acuerdo en torno a la orden de captura europea prevé muchos delitos frente a los cuales la correspondencia jurídica de los países no debe ser comprobada. Por otro lado, hay varios delitos políticos que no han sido considerados. Eso significa que, de cara a determinados delitos políticos, se puede exigir la comprobación de la existencia de correspondencia entre legislaciones. Si no existe esa correspondencia, la extradición sí puede ser denegada.
¿Qué pronóstico haría usted en el caso específico de Carles Puigdemont?
Yo creo que a Bélgica no le conviene involucrarse en una querella interna de España. Bélgica tiene sus propios problemas con las ambiciones secesionistas de muchos de sus habitantes; no es casual que el señor Puigdemont haya buscado refugio en Bélgica. De hecho, algunos ministros belgas pidieron que se le diera asilo político a Puigdemont. Bélgica se haría un favor si dijera confiar en que España cumplirá las condiciones legales para proceder en este caso y le recomendara a Puigdemont regresar a su país para que aclare allí, con las autoridades y con el pueblo, cómo debe desarrollarse su juicio.
Puigdemont asegura que en España sería objeto de un juicio político. ¿No tiene fundamento lo que él alega?
Por supuesto que este caso tiene una arista política. Las mociones separatistas han sido criminalizadas en España debido a su historia, pero también lo han sido en otros países. Puede que el secesionismo no sea un delito en Bélgica, pero eso no significa que el asunto deje de suponer, en esencia, un conflicto judicial. Y eso es lo que argumenta el Gobierno español cuando sostiene: 'Puigdemont conocía el contenido de nuestra Constitución, él actuó a consciencia y debía tener claro que él enfrentaría problemas penales'. Es por eso que les corresponde a los tribunales españoles determinar si Puigdemont incurrió en el delito que se le atribuye.
El partido de Puigdemont arguye que el exjefe del Gobierno catalán está dispuesto a defenderse ante una corte belga porque el proceso judicial no puede ser 'justo y objetivo' en España. ¿Es posible que un ciudadano responda ante un tribunal extranjero por delitos que se le imputan en su país de origen?
El Derecho Internacional contempla la posibilidad de que una persona sea enjuiciada y sentenciada ante la corte de un país por delitos cometidos en otro Estado. Pero en el caso que nos ocupa estamos hablando de dos miembros de la Unión Europea. Y es un chiste sostener que en España no rige el Estado de derecho o que en su territorio no es posible recibir un juicio justo. Yo creo que Puigdemont confundió algunas cosas: él quiere salir de esta situación libre de condenas y está convencido de que ninguna pena sería justa.
Existe la posibilidad de que Bélgica deniegue la extradición de Puigdemont esgrimiendo que sus derechos fundamentales no están garantizados en su país; la orden de captura europea da espacio para esa argumentación. Pero no se debe permitir que eso ocurra. España es un Estado de derecho que funciona. En ese sentido, Turquía es lo contrario; las extradiciones hacia Turquía sí que deben ser puestas bajo la lupa.
Alexander Thiele, experto en Derecho Europeo y Derecho Político, da clases en la Universidad de Gotinga.
Autor: Christoph Hasselbach (ERC/VT)
Origen histórico del independentismo en Cataluña
Ante la escalada de tensión en torno al movimiento independentista de Cataluña, repasamos los momentos históricos de esta comunidad autónoma española en los que ha contado con distintos grados de autonomía.
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Cataluña: concentración de población
Cataluña es la segunda comunidad autónoma más poblada de las 17 comunidades autonónomas de España. Situada en el nordeste de la península Ibérica, tiene una población de más de 7 millones y medio de habitantes que viven en las cuatro provincias que la componen: Barcelona, Girona, Lérida y Tarragona. La ciudad de Barcelona, y su área metropolitana, aglutina a dos tercios de la población catalana.
Pasado colonial diverso
Cataluña vivió la colonización de los pueblos fenicio, etrusco y griego. Los griegos se establecieron en Rosas y también en Ampurias (foto), que tuvo una gran influencia en el territorio hasta la llegada de los romanos. Estos levantaron infraestructuras y ciudades, tal como hoy las entendemos. Fue una posesión del Imperio hasta que pasó a manos de los visigodos.
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Condados catalanes, dominio independiente
Cataluña fue conquistada por los musulmanes que fueron expulsados con el apoyo de Carlomagno. Los llamados condados catalanes se convirtieron, con el tiempo, en un dominio independiente y se confederaron en 1137 con la Corona de Aragón, a raíz de una unión dinástica entre Aragón y Cataluña. En el siglo XIII y principios del XIV la Corona se expande con las conquistas de Mallorca (foto) y Valencia.
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Conservando autonomía hasta la Sucesión
En el siglo XIII surgen instituciones como la Diputación del General (Generalitat de Cataluña), las Cortes Generales y administraciones locales, como el Consejo de Ciento de Barcelona. La Corona de Aragón se unió a la Corona de Castilla en 1476, pero conservó sus instituciones autónomas de gobierno hasta el final de la Guerra de Sucesión Española (1714), posterior a la de los Segadores (foto).
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Cada 'Diada' se celebra una derrota
Con la caída de Barcelona, el 11 de septiembre de 1714, el rey Felipe rey promulgó el Decreto de Nueva Planta y se abolieron los privilegios nobiliarios, los fueros locales y las instituciones de autogobierno que eran respetadas por la Casa Austria en todos los reinos declarados austracistas. Cada 11 de septiembre (foto) se recuerda la abolición de las instituciones y libertades civiles catalanas.
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Falta de apoyo a la figura monárquica
El Sexenio Revolucionario trajo el fin del reinado de Isabel II de España y la restauración de la dinastía borbónica en 1875. Con la redacción de la Constitución de 1869 surgió el problema de en qué figura debía recaer la monarquía española. Amadeo de Saboya fue elegido como Monarca constitucional en 1871. Lo fue hasta el 1873, al abdicar por falta de apoyo y la tercera guerra carlista (foto).
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Un federalista al frente de la Primera República Española
Tras la abdicación de Amadeo I, el 10 de febrero de 1873, se proclamó la Primera República Española que apenas duró un año. El republicanismo estaba dividido entre aquellos que querían una República unitaria (con un único gobierno para todo el país) y una federal (en la que los estados autónomos se ponen de acuerdo para crear un Estado de rango superior) como Francisco Pi y Margall (foto).
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Intento de creación de un Estado Catalán
La República tuvo que hacer frente a dificultades como las confrontaciones entre los republicanos unitarios y los federalistas, así como el intento de Cataluña de crear un Estado Catalán dentro de la República Federal Española. El pronunciamiento de Martínez Campos en 1874 restableció la Monarquía Española y la dinastía borbónica con el hijo de Isabel II, el rey Alfonso XII de España (foto).
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El catalanismo republicano en lucha
Entre 1923 y 1930, la dictadura del General Primo de Rivera se instauró en España, con el apoyo del rey Alfonso XIII, el Ejército, de la burguesía, los terratenientes y la Iglesia. No obstante, Cataluña se convirtió en uno de los focos más activos de oposición a la dictadura con el crecimiento del catalanismo republicano cuyo líder, Francesc Macià, (foto), fue el luchador más comprometido.
Guerra Civil, consecuencia de poner fin a la Segunda República
En la Segunda República, diputados catalanes elaboraron el Estatuto de Núria que fue aprobado en las Cortes Españolas en 1932. Ese año, Macià fue ratificado como presidente en las elecciones al Parlamento de Cataluña. Luego fue sucedido por Lluís Companys en el cargo hasta el final de la Guerra Civil (1936-1939) que se produjo tras el golpe de Estado de 1936 contra el Gobierno de la II República.
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Pérdida de libertades
El franquismo (1939-1975) supuso en Cataluña la anulación de las libertades democráticas, la prohibición y persecución de los partidos políticos no afines al régimen, la supresión del Estatuto de Autonomía (que ya había sido suspendido por el Gobierno de España entre octubre de 1934 y febrero de 1936) y sus instituciones derivadas y la persecución de la lengua y la cultura catalanas.
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Recuperando autonomía con un nuevo estatuto
Después de las primeras elecciones generales tras el término de la dictadura, en 1977, se restauró provisionalmente la Generalitat con José Tarradellas al frente. Este formó un gobierno de concentración (1977-1980) con doce consejeros para redactar el estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979 y convocó elecciones al Parlamento de Cataluña (foto) donde fueron elegidos los primeros 135 diputados.
El nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña, que define a Cataluña como nacionalidad y reconoce el catalán como lengua propia, era superior al de 1932 en aspectos como enseñanza y cultura, pero inferior en otros, como justicia, finanzas y orden público. Tras su promulgación, se celebraron las primeras elecciones catalanas en 1980. Jordi Pujol estuvo al frente de la Generalitat hasta el 2003.
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El auge de una reivindicación
El independentismo creció en los últimos años debido a los recortes del Tribunal Constitucional al nuevo Estatuto aprobado en 2006 y que establece una nueva
relación prácticamente federal con España, y al rechazo del gobierno de Mariano Rajoy al pacto fiscal, la promesa electoral de Artur Mas, que pretendía acabar con el déficit fiscal que sufre Cataluña con un sistema similar al concierto vasco.
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Primer intento: 9N
Las manifestaciones multitudinarias a favor de la independencia siguieron creciendo en 2013 y 2014 y forzaron a Artur Mas, que firmó un acuerdo de gobernabilidad con ERC, formación política que quedó segunda en escaños por primera vez en la historia posfranquista, a convocar una consulta sobre la independencia en el 2014. La votación se llevó a cabo finalmente el 9 de noviembre de 2014.
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Duelo de titanes
En enero de 2016, a raíz del acuerdo entre Juntos por el Sí (formado por Convergencia Democratica de Cataluña y Esquerra Republicana de Cataluña, entre otros) y la CUP, Mas fue sustituido por Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat. Puigdemont ha continuado el proceso independentista convocando un nuevo referéndum para el domingo 1 de octubre, rechazado por el gobierno de Rajoy.
