En América Latina y el Caribe, sólo sobre Venezuela (desde el 2017) y Nicaragua (desde el 2020) penden sanciones de la Unión Europea. En el caso de Guatemala, preventivamente,  se aprobó un marco que permitiría imponerlas en caso de violación e impedimento del proceso democrático. 

La consigna de Bruselas es que la ayuda humanitaria no se verá afectada nunca por las medidas restrictivas. Las sanciones -congelación de activos, impedimento de entrar a  territorio comunitario y, para los ciudadanos y empresas europeas, prohibición de procurar fondos a esas personas y entidades sancionadas- están pensadas para promover la democracia y los derechos humanos en todo el mundo; son individuales. Y no afectan a la ayuda humanitaria. En el papel.

Pero, ¿cómo llevar insumos y asistencia a hospitales regidos, por ejemplo, por un ministro de Salud sancionado? ¿Cómo hacer un giro a una organización humanitaria si la entidad bancaria tiene prohibición de negociar con el gobierno sancionado? ¿Cómo contratar a transportistas de equipos e insumos europeos si están operando con regímenes sancionados? ¿Cómo asegurar que las organizaciones de ayuda humanitaria no sean acusadas de complicidad?  

En una conferencia en el Parlamento Europeo esta semana, la Cruz Roja Internacional respondió a estas preguntas. Y sí, las sanciones, aunque sean individuales, sí impactan la ayuda humanitaria y en la vida cotidiana de la gente. La experiencia de los terremotos en Siria (con sanciones desde 2011) llevó a Naciones Unidas a la resolución 2664 (2022).. Ésta permite excepciones a las sanciones, si se trata de ayuda humanitaria.

Bruselas, a finales del 2023, publicó una lista de diez países para los que rige esta exención de las sanciones por razones de ayuda humanitaria: entre ellos Nicaragua y Venezuela. Ahora, a debate está hacer de esta excepción puntual una permanente para todos los casos. Con todo, el tema tiene aristas. 

En concreto

Según información oficial, desde el 2016, la UE ha dedicado más de 60 millones de euros a paliar las necesidades de los afectados por la crisis, tanto dentro como fuera del país. "Está claro que la sociedad de Nicaragua necesita de la cooperación al desarrollo y de la ayuda humanitaria.

Por la crisis económica, por la crisis migratoria, por la crisis ambiental, por los efectos de las políticas del régimen Ortega-Murillo", dice a DW Amaru Ruiz, presidente de la Fundación del Río. Esta organización  opera desde Costa Rica después de que la organización fuera declarada ilegal e incautada por el gobierno de Nicaragua.

Para el caso de Venezuela, según información oficial, se destinó en 2023, 75 millones de euros en ayuda humanitaria. Ésta se entregó a través de agencias de Naciones Unidas y organizaciones no gubernamentales e internacionales. 

Cuestionamientos

Paralelamente, se cuestionaba en la Eurocámara la transparencia del destino de esos fondos para ayuda humanitaria. Como ejemplo, la asfixia del espacio cívico nicaragüense no le es ajena a las instituciones europeas. Tampoco le es ajeno, que en algunos de estos casos, todo tiene que pasar por la firma de los sancionados.  

En el caso de Nicaragua, según fuentes oficiales, está claro que 400 organizaciones con las que trabajaba han sido neutralizadas en Nicaragua. No obstante, se prevé mantener la ayuda humanitaria. ¿Cómo? La pregunta vale para todos los países bajo sanciones. 

En general, "entre las más de 3500 organizaciones que han sido expulsadas del país están la Cruz Roja y Oxfam. La única manera de hacer llegar ayuda humanitaria, dentro del país, es a través de las agencias de Naciones Unidas", sigue Amaru Ruiz. Que estas agencias requieran de la firma del Gobierno, pondría en duda la eficacia y el destino de estos necesarios  fondos humanitarios.

"En cuanto a la excepción en las sanciones por ayuda humanitaria, la Unión Europea debe garantizar mecanismos de control externos al país", opina  Amaru Ruiz basándose en la experiencia de fondos humanitarios después de los más recientes desastres naturales en el país centroamericano, y concluye, refiriéndose a Nicaragua, que  "de no hacerlo, estaría oxigenando al régimen".

(jov)