Zúrich no aprueba la prohibición del “suicidio asistido” en Suiza, ni la exigencia de un año de residencia en el país para los llamados “turistas suicidas”. Así lo decidió alrededor del 80 por ciento de los votantes que acudió a sendos referendos locales este domingo, según proyecciones referidas por la agencia de noticias suiza SDA.

El Gobierno y los grandes partidos suizos –desde los nacionalistas de derecha de la Unión Democrática del Centro (UDC) hasta Los Verdes– e incluso la Iglesia Evangélica Reformada de Zúrich se niegan igualmente a tales prohibiciones. Personas muy ancianas y muy enfermas tendrían que tener derecho a determinar sobre el fin de sus vidas, coinciden las formaciones políticas.

Las ahora rechazadas iniciativas habían sido propuestas por el Partido Popular Evangélico (EVP) y la igualmente cristiana Unión Federal Democrática (EDU), que consideran al “suicidio asistido” como una amenaza para los valores cristianos de la sociedad suiza. Las organizaciones advierten contra la presión para quitarse la vida a la que podrían verse sometidas personas mayores o necesitadas de cuidados especiales.

Aproximadamente 200 personas se suicidan anualmente “con ayuda” en Zúrich. Suiza permite la práctica desde 1941, siempre que involucre a una persona que no sea médico y no tenga interés personal (por “motivos egoístas”) en la muerte del otro.

Con esta confirmación del derecho a morir, organizaciones como Dignitas, que ha ofrecido ayuda para unos 1.200 “suicidios asistidos” (la mayoría de enfermos terminales) desde fines de los años `90, podrán continuar ofreciendo sus servicios.

Más de 1.000 de los casos atendidos por Dignitas desde su creación provenían del extranjero, y de ellos más de 590 de Alemania. Alemanes, franceses y británicos encabezan la lista de extranjeros que viajan a Suiza a suicidarse al amparo de la liberal legislación de esta nación europea.

Sin embargo, incrementos en las cifras de extranjeros que eligen al país como intencionado destino final, así como en los casos de quienes lo hacen –según un estudio– sin sufrir enfermedades terminales, han puesto a pensar al Gobierno.

El Ejecutivo ha dicho que estudia limitar el “turismo suicida”: un médico suizo debería prescribir el anestésico mortal tras haberse reunido al menos dos veces con el paciente y haber comprobado sus deseos en un lapso determinado. En general, reformas a la ley deberían garantizar que sólo se utilice como último recurso ante enfermedades terminales. El grupo pro derecho a morir Exit trabaja con los fiscales de Zúrich en nuevas normas que servirían de base a una legislación nacional.

La eutanasia –también llamada “muerte dulce”, según la etimología griega, o “muerte por compasión” – sólo se permite además en Holanda, Luxemburgo, Bélgica y el estado de Oregón, en Estados Unidos.

En España, el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la semana pasada un anteproyecto para la llamada Ley de Muerte Digna. Ésta, que aún debe pasar por el Parlamento, pretende evitar “el sufrimiento innecesario y el ensañamiento terapéutico” a pacientes terminales, pero “en ningún caso regula la eutanasia o el suicidio asistido”, aseguró la ministra de Sanidad, Leire Pajín.

El Ejecutivo español se plantea permitir, a las personas adultas con plena capacidad, la toma de decisiones sobre los cuidados y el tratamiento que desean recibir al final de sus vidas. Éstas podrán así decidir su renuncia a tratamientos médicos y sedaciones terminales aunque ello acelere su muerte, pero no podrán contar con ayuda para quitarse intencionalmente la vida.

Se trata de “pasar de un modelo asistencial a un sistema de derechos y garantías”, dijo Pajín. Y se trata además de unificar la legislación española, que ya cuenta con estas opciones en las comunidades autónomas de Andalucía, Navarra y Aragón.

Autora: Rosa Muñoz Lima (dpa, rts, epd)

Editor: José Ospina Valencia