Dentro y fuera de Venezuela gana terreno la impresión de que los funcionarios a la orden del presidente Nicolás Maduro están acorralados, de que sus infracciones contra la Constitución del país y los derechos humanos universales han traspasado el umbral de lo tolerable en nombre de la “no injerencia en los asuntos internos de una nación”, de que ya no podrían reatar las hebras del hilo constitucional ni siquiera queriéndolo sinceramente, de que este es el principio del fin de la autocracia.

Pero, ¿qué pasaría si ese no fuera el caso, si todo esto fuera más bien el preludio de una dictadura declarada en un Estado abiertamente fallido, si el hecho de estar acorralada fuera precisamente lo que hace más peligrosa a la élite chavista? En entrevista con DW, Evan Ellis presagia un escenario poco esperanzador para Venezuela, arguyendo que lo que allí sucede es inédito en el mundo. Ellis es profesor del Instituto de Estudios Estratégicos (SSI) del Army War College de Estados Unidos, especializado en la investigación del acontecer latinoamericano.

Deutsche Welle: Dr. Ellis, varios analistas coinciden en que las mediaciones diplomáticas en la crisis venezolana deben ser orquestadas por los Gobiernos al sur del Río Bravo y no por Estados Unidos. ¿Qué cabe esperar de los latinoamericanos?

Evan Ellis: Lo que ocurre en Venezuela no es una cuestión de política o de relaciones internacionales, sino un golpe del crimen organizado de gran escala: un grupo de criminales ha tomado control del Estado y asaltado su tesorería. El problema de fondo es que no existe un mecanismo jurídico internacional ni un modelo de cooperación regional que permita rescatar a un Estado en esas circunstancias sin violar su soberanía. De momento no hay cómo liberar a Venezuela, a su gente y a sus recursos de quienes los secuestran a punta de pistola.

Desde hace mucho tiempo se argumenta que la flagrancia con que la élite chavista viola las reglas del juego democrático se debe a que ésta no tiene adónde huir. Objeto de imputaciones en Estados Unidos por violaciones de derechos humanos, enriquecimiento ilícito y otros delitos, abundan los civiles y los militares que no pueden salir del país sin ser perseguidos por Interpol. Conservar su fortuna mal habida y su libertad depende de que conserven el poder. Dado que el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) impide que se realicen elecciones limpias, ¿cree usted que la negociación con el régimen de Maduro para que suelte el timón girará inevitablemente en torno a garantías de amnistía, salvoconductos o acuerdos de no extradición?

 Consentir que la impunidad de estos criminales sea objeto de negociación equivaldría a haber dejado sin castigo ciertos desmanes cometidos por los nacionalsocialistas alemanes antes y durante la Segunda Guerra Mundial. El riesgo de semejante concesión es que sentaría un precedente peligroso: un grupo de criminales explota las necesidades de una población marginada, llega al poder por la vía de las urnas, se apropia de los recursos de la nación y termina saliéndose con la suya porque se le perdonan todos sus delitos.

Eso es inaceptable porque en la economía global moderna son varios los Gobiernos con ganas de imitar al de Maduro y repetir la tragedia venezolana. La gobernanza y el orden globales exigen que, independientemente de lo que pase, los funcionarios del Ejecutivo de Maduro sean procesados judicialmente con toda la dureza de la ley por haber saqueado las arcas del Estado, por haber violado los derechos humanos de su población y por haber pisoteado la Constitución Nacional. Habiendo dicho esto, reconozco que estamos ante un dilema…

En una entrevista televisada a finales de abril, la senadora uruguaya Verónica Alonso, de la formación opositora Partido Nacional, sugirió buscarle una “salida negociada” a la crisis venezolana que incluyera la oferta de un salvoconducto para Maduro. Más de un venezolano debe haber asentido; en las redes sociales no son pocos los que parecen estar a favor de que los mandamases del chavismo se queden con sus botines a cambio de que abandonen el país. Eso suena como un trueque muy odioso, pero así de extrema es la situación… 

Es casi imposible predecir que la situación venezolana terminará bien porque, aparte del presidente Nicolás Maduro, del segundo “hombre fuerte” del PSUV, Diosdado Cabello, y del vicepresidente de la nación, Tareck El Aissami, hay otros miembros de la cúpula civil y militar del chavismo involucrados en el narcotráfico, en la industria del contrabando y en otros delitos serios. Y todos ellos tienen claro que la Administración para el Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y otras instancias internacionales poseen evidencias de sobra.

Hugo Carvajal, cónsul general de Venezuela en Aruba, fue detenido en la isla por sus vínculos con las FARC y el narcotráfico (24.7.2014). Leamsy Salazar, jefe de seguridad de Diosdado Cabello, se fue a Estados Unidos y acusó a Cabello de ser el jefe del “Cartel de los Soles” (26.1.2015). Dos sobrinos de la pareja presidencial fueron arrestados en Haití por tráfico de drogas (10.11.2015). Después de estos sucesos, la élite chavista sabe que puede perder sus fortunas y su libertad fácilmente si sale del país o si otro partido llega al poder en Venezuela.

Si la sociedad civil venezolana no puede recibir más que apoyo moral desde el extranjero, ¿qué puede hacer por sí misma para librarse de los que usted describe como “secuestradores” del Estado y “ladrones” de su tesorería? ¿Cómo ve usted la situación en Venezuela a corto plazo?

El despliegue adicional de cien agentes de contrainteligencia cubanos para detectar indicios de rebelión en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la tendencia de los militares venezolanos a asumir competencias claves como la distribución de alimentos, el hecho de que el Gobierno de Maduro le entregue armamento a cuerpos paramilitares y hable de darle aún más armas a aún más paramilitares… todo eso apunta a que la élite chavista lo tiene todo para ganar si se aferra al poder, cueste lo que cueste, y todo para perder si no lo hace.

Apartando formas de resistencia más agresivas que las vistas hasta ahora, que sin duda desembocarían en una tragedia, no hay muchas otras opciones para sacar al país del atolladero en que está. Pero la población venezolana está desarmada porque así lo establece la Constitución…

Usted sostiene que la crisis político-institucional de Venezuela es algo sin precedentes. ¿De verdad no se puede aspirar a una transición pacífica hacia la democracia como la que tuvo lugar en España y Chile, por citar dos ejemplos?

La situación actual de Venezuela no se puede comparar con la de ningún otro Estado iberoamericano, sino con la de países como Zimbabue y Corea del Norte, donde las castas que tomaron control absoluto del Estado son capaces de infligir sufrimiento a sus habitantes hasta el punto en que la única opción que les queda es pasar hambre o luchar. Venezuela es pasar hambre o luchar. Los casos de Zimbabue y Corea del Norte dejan claro que no existe un mecanismo automático que genere movilización e impida la resignación frente a circunstancias terribles e injustas.

Evan Romero-Castillo