Esta semana llegó a su fin la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), creada en 2006 por un acuerdo entre Naciones Unidas y el gobierno guatemalteco, y que permitió juzgar y encarcelar a políticos corruptos y militares genocidas, sentando un precedente sobre cómo hacer justicia y proteger los derechos humanos en América Latina.

Aunque estaba facultado para hacerlo, el presidente guatemalteco Jimmy Morales se negó a renovar el mandato de la Comisión el año pasado. "Los grupos que se benefician con la corrupción y se habían cobijado en la impunidad se aliaron para sacar a la CICIG del país”, afirma su principal impulsora, la abogada y académica Claudia Paz y Paz, ex fiscal general de Guatemala (2010-2014).

La jurista, de 52 años, fue la primera mujer en asumir la posición más alta en la Fiscalía General de Guatemala, y bajo su dirección el Ministerio Público impulsó la investigación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto bélico que afectó al país hasta 1997.

Paz y Paz también integró dos grupos de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el primero creado en 2014 tras la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, México, y el segundo formado en 2018 para documentar la grave crisis política de Nicaragua. 

Nominada en 2013 al Premio Nobel de la Paz por su activismo en derechos humanos, la especialista en derecho penal conversó con DW desde sus oficinas en San José, Costa Rica, donde ahora dirige los programas para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

Deutsche Welle: Durante 12 años, la CICIG desarrolló un trabajo inédito en Centroamérica, al permitir juzgar y llevar a la cárcel a conocidos políticos y funcionarios hasta entonces intocables, como el ya fallecido general y presidente Efraín Ríos Montt, acusado de genocidio. ¿Cuáles han sido los principales logros de la Comisión y cuáles sus puntos débiles?

Claudia Paz y Paz: El principal logro fue demostrar que cuando se tiene la voluntad política se puede. La CICIG, con su trabajo junto al Ministerio Público demostró cómo funcionaban los sistemas de macrocorrupción en el país; cómo el Estado había sido cooptado por élites económicas y políticas, para mantener un sistema de exclusión y desigualdad y garantizarse sus privilegios. Es decir, la CICIG reveló una nueva conciencia ciudadana.

Creo que el sistema de Justicia penal, si funciona bien, tiene una gran capacidad para disminuir la corrupción y la violencia. Pero tiene límites. Hubo otras reformas que debieron acompañar el esfuerzo de los casos penales pero no se hicieron: reformas electorales, reformas estructurales al sistema de elección de magistrados y mecanismos efectivos de prevención de la corrupción.

¿Quiénes son responsables de que la CICIG se extinguiera, y de qué dependerá que Guatemala no retroceda ahora a los niveles de impunidad de hace más de una década?

Los grupos que participan y se benefician con la corrupción y que se habían cobijado en la impunidad se aliaron en un "pacto” para sacar a la CICIG del país. Para evitar un retroceso, se debe restablecer la gran alianza que llevó a la CICIG al país entre ciudadanos y ciudadanas, prensa independiente y comunidad internacional para seguir denunciando la corrupción y exigiendo el fin de la impunidad.

¿Puede considerarse la desaparición de la Comisión como un fracaso de la comunidad internacional en la búsqueda de justicia?

Pienso que la CICIG fue un éxito, pues logró evidenciar y desarticular muchas de estas estructuras que se habían adueñado del Estado. Nos toca a nosotros evitar que haya retrocesos.

Usted comentó recientemente que es importante replicar la CICIG en otros países de Centroamérica, "acompañada de reformas electorales y judiciales para la lucha contra la corrupción y la impunidad”. ¿Podríamos pensar también en una CICIN para Nicaragua?

En Honduras ya está la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) y El Salvador está pidiendo la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIES). En Nicaragua sería muy importante que se estableciera una CICIN, un actor externo que ayude a transformar el sistema de justicia, que está totalmente sometido al Poder Ejecutivo.

En  2018 usted estuvo en Nicaragua, como integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que durante seis meses documentó las denuncias sobre crímenes de lesa humanidad imputados a las fuerzas del gobierno que reprimieron la protesta social. ¿Qué análisis hace de la situación actual de Nicaragua desde el punto de vista de los derechos humanos?

La situación de derechos humanos en Nicaragua sigue siendo crítica. Aunque la mayoría de presos políticos han sido liberados, sus procesos siguen abiertos y algunos han sido reencarcelados. Subsisten graves limitaciones a la libertad de expresión, y a muchas e importantes organizaciones se les canceló la personería jurídica y se confiscaron sus bienes. Y los asesinatos, que configuran de acuerdo con el GIEI crímenes de lesa humanidad, continúan en la impunidad.

Tampoco se han desarmado ni desmantelado los grupos paramilitares que participaron en la represión, lo que hace urgente que puedan volver al país los mecanismos internacionales de verificación, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH).

(cp)

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