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Exculpan a los soldados acusados en el caso Tlatlaya

14 de mayo de 2016

La Justicia mexicana ordena liberar a los últimos detenidos por la ejecución extrajudicial de al menos ocho supervivientes tras un enfrentamiento con los militares en 2014.

Mexiko Massaker an Mitgliedern einer Drogenbande Juli 2014 San Pedro Limon
Imagen: picture-alliance/AP Photo/Rebecca Blackwell

Los tribunales ordenaron la liberación de de los tres militares detenidos por el conocido caso del asesinato de 22 personas en Tlatlaya hace dos años. Fernando Quintero, Roberto Acevedo y Leobardo Hernández fueron absueltos de los delitos de homicidio, encubrimiento y modificación de pruebas.

“La resolución judicial (Toca Penal 247/2015) emitida en esta fecha, desestimó los elementos de prueba aportados por el Ministerio Público de la Federación para demostrar la culpabilidad de Quintero Millán, Acevedo López y Hernández Leónides en los hechos referidos”, explicó la Procuraduría General de la República. “Con la resolución judicial a su favor, los tres elementos castrenses serán puestos en libertad de la reclusión en que permanecían en la Prisión Militar Número 1-A en la Ciudad de México”, continúa la nota.

Los militares participaron en un operativo contra una banda de supuestos secuestradores el 30 de junio de 2014 en la comunidad de San Pedro Limón, del municipio de Tlatlaya (centro de México). Inicialmente, se informó que 22 personas habían perdido la vida en un enfrentamiento a tiros con el Ejército, que dejó, además, un soldado herido. Sin embargo, a partir del testimonio de una sobreviviente, que afirmaba que los supervivientes fueron ejecutados, quedó en entredicho la versión oficial.

Después de una investigación, la fiscalía concluyó que al menos ocho personas fueron asesinadas por los militares cuando ya se habían rendido, aunque de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos fueron entre 12 y 15 los ejecutados de manera extrajudicial. La Subprocuraduría de Derechos Humanos mantiene una investigación abierta "para deslindar responsabilidades en torno a la denuncia por violaciones graves a derechos humanos".

En el proceso castrense, el Juzgado Sexto Militar, que depende de la Secretaría de Defensa Nacional, dictó una sentencia absolutoria por el delito de infracciones de deberes militares a seis de los siete acusados, mientras que a otro militar lo condenó a un año de prisión por desobediencia, tiempo que ya cumplió.

LGC (Universal / El País / dpa)

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