El Movimiento de Víctimas y Afectados por el Cambio Climático y Corporaciones (MOVIAC) y la Red de Territorios de Vida (TICCA) de El Salvador exigieron este martes (03.09.2024) un "debido proceso" y la libertad del defensor de derechos humanos José Iván Arévalo Gómez, detenido el pasado 29 de agosto en el contexto del régimen de excepción.

"Queremos hacer ver que él es una persona indígena y consideramos que no ha cometido ningún delito, entonces es inocente y queremos que las autoridades tomen en cuenta eso", apuntó en una conferencia de prensa Amado Ramos, miembro de TICCA.

Ramos sostuvo que "el régimen de excepción está afectando principalmente a los pueblos indígenas y a las comunidades más desprotegidas de este país", por lo que "queremos demandar el debido proceso, pero principalmente hacer ver que es inocente", subrayó. Explicó que Arévalo es acusado de agrupaciones ilícitas, pero "consideremos que es totalmente falso", por lo que llamó a respetar sus derechos humanos.

Mirna Juárez de Arévalo, esposa del defensor detenido, dijo que la lucha de su pareja ha sido "para proteger a los pueblos indígenas". Además, que "estamos pasando una situación bien difícil" y que en el país centroamericano "no están respetando los derechos, no están siendo justos, no sabemos la situación en la que él se pueda encontrar".

El Congreso aprueba la prórroga 30 del régimen de excepción

En tanto, la Asamblea Legislativa de El Salvador, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas (NI), aprobó este martes la trigésima ampliación del régimen de excepción.

Con los 57 votos de 60 -todos de NI y sus aliados- la extensión fue aprobada por un mes más sin debate legislativo, con lo que sigue suspendido el derecho a la defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones y la detención administrativa máxima de 3 días.

"Las medidas extraordinarias han tenido un exitoso resultado que ha supuesto la reducción del número de homicidios y la captura de más de 81.900 terroristas", indicó el Consejo de Ministros en la solicitud de ampliación aprobado. El documento agrega que "es necesario prolongar dicho régimen de excepción, en lo referente a las medidas extraordinarias, vinculadas a la limitación de los derechos", porque "en este momento son las que resultan ser las necesarias para continuar las actividades operativas de seguridad".

Estas 30 extensiones se han dado a pesar de que el Gobierno de Nayib Bukele asegura que ha logrado "sanar" al país de las pandillas y que la Constitución señala que, una vez superada la situación que dio pie a la medida, se debe levantar.

El régimen de excepción se aprobó por primera vez en el Congreso tras el asesinato de más de 80 personas a manos de las pandillas a finales de marzo de 2022, lo que -según investigaciones del medio local El Faro- se dio por la ruptura de un pacto entre el Gobierno y las denominadas maras.

De acuerdo con cifras oficiales, desde marzo de 2022 se han registrado más de 81.100 detenciones bajo el régimen de excepción, que suspende derechos constitucionales y tiene una amplia popularidad.

Por su parte, diversas organizaciones humanitarias han recibido más de 6.400 denuncias de violaciones a derechos humanos, principalmente por detenciones arbitrarias y torturas, y reportan más de 300 muertes de personas bajo custodia estatal, la mayoría con signos de violencia.

ama (efe, ysuca, colatino)