Exministro de Defensa griego en prisión por lavado de dinero
24 de octubre de 2018
El que fuera también ministro de Finanzas durante la introducción del euro, Yannos Papandoníu, y su esposa ingresaron en prisión preventiva al no poder justificar la procedencia de 2,4 millones de euros de su patrimonio.
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El exministro griego de Defensa Yannos Papandoníu y su esposa, Stavrula Kuraku, ingresan este miércoles (24.10.2018) en prisión preventiva por un caso de lavado de dinero relacionado con la compra de armamentos durante el Gobierno de Kostas Simitis, ex primer ministro de Grecia.
Papandoníu, quien antes de asumir la cartera de Defensa fue el ministro de Finanzas que llevó a Grecia al euro, pasó la noche en el calabozo tras prestar testimonio ante el juez en una larga sesión que duró 18 horas. El exministro ingresará junto a su esposa a la cárcel en las próximas horas.
Ambos están acusados de lavado de dinero por un valor de alrededor de 2,4 millones de euros en relación con un contrato para modernizar seis fragatas de la Armada firmado en 2003 durante su período al frente del ministerio de Defensa. Según el acta de acusación, esta operación provocó daños financieros de 400 millones de euros al Estado griego.
Tras salir del juzgado poco antes de la medianoche, Papandoníu aseguró que su encarcelamiento obedecía a fines políticos y demostraba que la Justicia en Grecia estaba siendo manipulada por el Gobierno.
El rescate a Grecia
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Transacciones irregulares
Papandoníu fue titular de Defensa entre 2001 y 2004 y, durante ese periodo, firmó contratos de armamento por un total de 6.220 millones de euros. La Justicia griega comenzó a investigarle en 2012 por su presunta implicación en seis casos de corrupción de altos cargos del ministerio durante su periodo al frente de Defensa.
Además de la modernización de las seis fragatas, se trata de las compras de 170 carros de combate Leopard II por 1.727 millones de euros y de doce helicópteros Apache por 663 millones. La Justicia investiga asimismo la adquisición de veinte helicópteros de transporte NH90.
La pareja ya fue condenada, en 2015 y en 2017, a dos penas de cuatro años de cárcel por no haber declarado parte de su patrimonio en los años 2009 y 2010. Ambas condenas fueron conmutadas a multas de 14.600 euros -10 euros por cada día de condena- y a multas adicionales de 10.000 euros para cada uno.
em/lgc (efe, dpa)
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América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
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Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.