Las elecciones generales a celebrarse en Honduras este domingo (29.11.2009) son percibidas casi unánimemente como un mecanismo decisivo para poder empezar a resolver la crisis institucional que aqueja a la nación centroamericana desde que su presidente constitucional, Manuel Zelaya, fuera expulsado de su país por agentes de las fuerzas armadas en la madrugada del 28 de junio de 2009.

Pero el hecho de que tantos países y organizaciones internacionales condicionen de antemano el reconocimiento de los resultados electorales, supeditándolo exclusivamente a que Zelaya regrese a su cargo antes de que se abran las urnas de votación, reduce considerablemente la probabilidad de que los comicios en cuestión pongan fin a esta coyuntura política, la más seria que haya tenido lugar en Latinoamérica en los últimos años.

Garantías de transparencia

El Centro para la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL, son sus siglas en inglés), una institución no gubernamental que asesora a la Organización de Estados Americanos, ha esgrimido argumentos de otro tenor en contra de las elecciones. "El 29 de noviembre no se fortalecerá la democracia hondureña; todo lo contrario, se debilitará porque consolidará una nueva forma de golpes de Estado, una en la que el uso de la fuerza y una débil institucionalidad ponen en jaque al Estado de derecho", afirmó su directora ejecutiva, Viviana Krsticevic, en un comunicado emitido en Washington.

Krsticevic sostiene que no se cumplen las condiciones necesarias para garantizar que los comicios se organicen con transparencia y alude al clima de intimidación creado por la restricción del derecho a las reuniones públicas, la represión violenta de las protestas contra el golpe y la clausura de medios que emiten mensajes de la oposición; medidas que obstaculizan la expresión de la voluntad de los ciudadanos.

Una crisis sui generis

El primer mandatario de facto, Roberto Micheletti, anunció que abandonará la presidencia hasta el 2 de diciembre para reducir los niveles de fricción política, pero, a los ojos de Krsticevic, esto sólo confirma lo que él preferiría ocultar: "la influencia determinante de los golpistas en el proceso electoral". La directora del CEJIL insiste en que las elecciones hondureñas no se pueden comparar con los procesos de retorno a la democracia que se vivieron en Argentina, en 1983, o en Chile, en 1989.

Peter Peetz, investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos del German Institute of Global and Area Studies (GIGA) en Hamburgo, disiente: "La dictadura de Pinochet en Chile llegó a su fin porque, entre otras razones, él accedió a que se celebrara un plebiscito a favor o en contra de la instauración de un sistema democrático en el país. En ese momento no cabía decir que el plebiscito era ilegal alegando que estaba convocado por un Gobierno ilegítimo porque, de otra manera, no hubiera sido posible dar el paso hacia un Gobierno legítimo", dice el politólogo.

Las suspicacias abundan

Respondiendo a las fuertes críticas que hiciera Brasil a la política estadounidense en el marco de la crisis de Honduras, el portavoz del Departamento de Estado, Ian Kelly, justificó el apoyo de Washington al proceso electoral subrayando que éste no es dirigido por el Gobierno de facto de Micheletti, sino por un ente independiente, el Tribunal Supremo Electoral. "Uno sí puede decir que antes de los comicios hondureños ha habido injusticias, porque, entre otras cosas, la libertad de prensa no estaba garantizada, pero las elecciones mismas pueden celebrarse de manera limpia", asegura Peetz.

"Si bien es verdad que los magistrados de la máxima autoridad electoral fueron elegidos por el parlamento hondureño y están relacionados con los partidos tradicionales de ese país; también es cierto que esos magistrados ya estaban en sus cargos antes de que Zelaya fuera nombrado presidente. Y ellos convocaron a los comicios de este 29 de noviembre y aprobaron la nominación de los candidatos a la presidencia mientras Zelaya estaba en el poder. En mi opinión, a ellos no se les puede acusar de ser golpistas", explica el investigador del GIGA.

A favor y en contra de los comicios

Peetz sigue en sus trece: "La restricción de la liberta de prensa, de la libertad de asociación y los casos de violación de los derechos humanos registrados en Honduras en las semanas previas a las elecciones dan motivo para pensar que los comicios no se realizarán de manera justa o transparente. La pregunta es si este velo de sospecha es tan extenso como para rechazar por completo los resultados de las votaciones. Porque hay otros aspectos de estos comicios que se ajustan a los criterios de una elección democrática", afirma.

"Por primera vez en la historia de Honduras se admitió la participación de un candidato independiente, el líder sindicalista Carlos H. Reyes, que pertenecía al movimiento de resistencia contra el golpe de Estado y luego renunció a su candidatura. Hasta el partido más de izquierda en el espectro político hondureño, la Unificación Democrática, que siempre apoyó a Zelaya durante esta crisis, decidió tomar parte en la campaña electoral", agrega Peetz.

El suspenso continúa

"Si se hubiera prohibido la participación de ciertos candidatos la situación sería diferente. Pero los partidos seleccionaron a sus candidatos a la presidencia en comicios internos en noviembre de 2008. Y esos son los mismos candidatos que ahora participarán en las elecciones generales, exceptuando a aquellos que se retiraron voluntariamente de la contienda", añade Peetz, subrayando que quienes claman por el regreso a toda costa de Zelaya a la presidencia no han ofrecido alternativas concretas para la solución del conflicto hondureño en caso de que el presidente depuesto permanezca fuera del juego político.

Un episodio de esta historia de suspense culmina entre este domingo y el miércoles 2 de diciembre, fecha en que el Congreso hondureño se pronunciará sobre la restitución de Zelaya. Pasado ese momento, si la comunidad internacional no reconoce los resultados de los comicios, la crisis institucional de Honduras podría prolongarse al menos un año más.

Autor: Evan Romero-Castillo

Editora: Emilia Rojas Sasse