El gobierno mexicano envió este lunes (29.09.2020) una nota diplomática a Washington para pedir "información sobre las medidas de atención médica" ante denuncias por presuntas esterilizaciones a mujeres migrantes. Según la cancillería mexicana, el personal consular entrevistó a 18 mujeres mexicanas, que estuvieron o están en el Centro de Detención Migratoria del condado de Irwin, Georgia. El anuncio se produce una semana después de que el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, anunciara que se investigan las denuncias realizadas por organizaciones en Estados Unidos. En ese momento se tenía contacto con seis mujeres mexicanas posiblemente afectadas.

La cancillería informó que ninguna de las 18 mujeres entrevistadas por el personal consular manifestó haber sido sometida a una extirpación de útero. Siete de ellas tuvieron contacto con el médico implicado en las supuestas esterilizaciones forzosas, y una más fue sometida a una intervención ginecológica sin que en su expediente estuviera asentado su consentimiento, según informó la cancillería.

Indignación de congresistas estadounidenses

El asunto ha sido un escándalo mayúsculo en Estados Unidos, en donde una decena de congresistas estadounidenses, miembros del Caucus Hispano y del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, visitaron este fin de semana el Centro de Detención de Irwin, en el sur de Georgia. El tenor de los testimonios del otro lado del río Bravo ha sido de condena e indignación.

La congresista Nanette Díaz Barragán (California), conversó con algunas de las detenidas y recibió cartas de otras que tenían miedo a hablar y que le expresaron su desesperación por el horror que están viviendo.  "Lo que escuché ahí es horrendo. Mujeres llorando, con dibujos hechos a lápiz, pidiendo ser liberadas, contándonos sus historias. Fueron sometidas a procedimientos y no les dieron información sobre qué les hicieron", declaró la congresista en un video publicado en su cuenta de Twitter, tras finalizar el recorrido por la prisión. Los congresistas aseguraron que están consternados por los testimonios escuchados que constatan que se están violando sus Derechos Humanos y algunos de ellos pidieron el cierre inmediato de la cárcel de Irwin.

Entre la sociedad mexicana en cambio, el asunto apenas si ha recibido atención. 

"Yo hubiera esperado una respuesta de indignación generalizada entre académicos, periodistas y personas que defienden los Derechos Humanos en el país, pero está tan convulsa la agenda política en México y hay tantos temas importantes discutiéndose al mismo tiempo, que yo creo que por eso se perdió un poco la información sobre este escándalo que reveló una ONG estadounidense", afirma José Antonio Guevara Bermúdez, abogado especializado en Derecho Internacional de los DD.HH. y Derecho Penal Internacional.

El experto considera que no hubo una respuesta social fuerte, como era de esperarse, ante un tema muy sensible para una sociedad que se dice católica, ni tampoco ha habido una reacción contundente por parte del gobierno.

Evitar cualquier tipo de fricción con EE.UU.

"El gobierno está evitando cualquier tipo de fricción en la relación bilateral. Hemos visto que el gobierno de López Obrador está siguiendo al pie de la letra lo que parecieran indicaciones del gobierno de Estados Unidos. Lo hemos visto en la política migratoria, que se ha endurecido hacia la migración centroamericana. Lo hemos visto con el número de recepciones de deportados extranjeros, antes de la pandemia, para que aguarden en territorio mexicano su proceso de solicitud de asilo ante EE. UU. Con el despliegue de la fuerza militar, ya sea la Guardia Nacional o las Fuerzas armadas para hacer labores de control y verificación migratoria a lo largo y ancho del país. En materia migratoria, México está siguiendo de una manera mucho más estricta la voluntad de Washington, más que los gobiernos anteriores", señala Guevara Bermúdez.

El experto, que es miembro del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria en el Consejo de DD.HH. de la ONU, explica las posibilidades legales de México ante un caso como el de las migrantes mexicanas supuestamente sometidas a tratamientos violatorios a sus derechos reproductivos y de autodeterminación.

"México suscribió el Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional. Reconoce como derecho interno los crímenes de lesa humanidad. Bajo esa lógica, México puede hacer una investigación de los delitos que se hubieran cometido, por ser nacionales en Estados Unidos. Tendría que averiguar si entre los médicos, y el personal de salud involucrado en lo que pareciera ser una política de esterilización forzada hay nacionales mexicanos, y si los hubiera, a ellos se los podría investigar, conforme el Estatuto de Roma. Para eso es necesaria una investigación a profundidad", afirma.

Delitos contra la salud previstos en el Código Penal Federal

El consultor independiente en temas de derechos humanos y derecho internacional humanitario también destaca que el Fiscal General de México puede investigar delitos en contra de mexicanos. "Los delitos que se prevén en el Código Penal Federal en contra de la integridad y la libertad de las mujeres pueden ser investigados. Puede iniciar una pesquisa contra quienes resulten responsables por los delitos cometidos en contra de mexicanos en otras partes del mundo", aclara.

El experto destaca que el presidente mismo podría hacer algo significativo para atender a las víctimas y para que, además, este tipo de abusos no vuelvan a pasar, por lo menos contra mexicanos. "Pudo haber aprovechado la palestra de la Asamblea General de Naciones Unidas para condenar este tipo de conductas, tal vez no refiriéndose directamente al presidente Trump y a Estados Unidos, pero sí condenando los delitos contra los derechos reproductivos de las mujeres que se cometen en contextos migratorios".

México, paladín de los derechos humanos de los migrantes

El experto recuerda que México es uno de los principales impulsores de la agenda de los Derechos Humanos de los migrantes en el ámbito de la ONU y del sistema interamericano. Promueve anualmente la Resolución de los Derechos Humanos de los Migrantes, promueve además la creación del mandato del Relator Especial para los DD.HH. de los migrantes. Y explica que López Obrador pudo haber dicho cosas al respecto en su comparecencia ante la ONU, pero en esta actitud servil de México ante Estados Unidos, se mantuvo callado".

Guevara Bermúdez lamenta que el presidente esté silenciado, al igual que su cancillería, para reaccionar adecuadamente frente a los atropellos que Estados Unidos pueda cometer en contra de los mexicanos. "Hace unos meses, el Secretario de Estado y el mismo Trump anunciaron que iban a poner sanciones en contra de funcionarios de la Corte Penal Internacional por la investigación que este tribunal está llevando a cabo por los crímenes de tortura cometidos en Afganistán, y en otros países, en el contexto de las cárceles secretas para la detención de supuestos terroristas".

José Antonio Guevara Bermúdez, entonces director ejecutivo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMPDH), instó al presidente López Obrador a que durante su reunión con Trump manifestara el rechazo de México a las sanciones e intimidaciones contra la Corte Penal Internacional (CPI).

Mexicanos trabajando en la CPI

"En la CPI hay mexicanos trabajando, y los gobiernos tienen que proteger a sus nacionales en cualquier parte del mundo. Máxime cuando México está promoviendo una jueza mexicana a la CPI, si resulta electa, podría verse afectada por esas mismas sanciones". El doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid resume la tibia respuesta de la cancillería. "Ya enviamos una carta con otros países en el marco de Nueva York. Una carta que no tuvo impacto mediático en ningún lado. Están manteniendo un perfil muy discreto en todo lo que concierne a los atropellos por parte de EE. UU., del Derecho Internacional".

El experto no se explica la tibieza del gobierno mexicano. "No sé si lo hace por priorizar una agenda, o es un gobierno débil, que no tiene la fortaleza para hacerle frente a un gobierno como el de Estados Unidos ante los atropellos que se cometen contra los nacionales mexicanos".

(cp)