“La reforma es presentada cuando ya hay un claro déficit en materia de hidrocarburos y electricidad. Es evidente que el país necesita darle la vuelta a las actuales políticas porque está sufriendo un creciente desabasto e incertidumbre respecto al futuro de su seguridad energética“, afirma el politólogo Günther Maihold, que dirige la cátedra Humboldt en el Colegio de México. En conversación con DW, el investigador destaca, además, los poderes fácticos de las empresas energéticas, tanto de Pemex, como de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyos costos de pensiones son tan altos que representan un obstáculo a las inversiones.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció hace unos días una reforma constitucional para abrir el sector energético a empresas privadas. Petróleos Mexicanos, PEMEX, es la mayor empresa del país y la principal fuente de divisas. Sin embargo, la paraestatal, que fue nacionalizada en 1938 por el presidente Lázaro Cárdenas, más que motivo de orgullo es de preocupación. La extracción de crudo ha caído de 3,4 millones de barrilles diarios en 2004 a 2,5 millones hoy en día.

Las reservas han disminuido en un 30% hasta un estimado de 14.000 millones de barriles. Los 70.000 millones de dólares invertidos en la exploración y extracción profunda entre 2008 y 2012 arrojaron magros resultados. Después de décadas de descuido la empresa no cuenta con tecnología punta, tampoco para la extracción de gas, por lo que el país tiene que importar grandes cantidades de Estados Unidos. Además la reforma energética deberá ir acompañada de una reforma fiscal, que reduzca la carga de la paraestatal.

Poca claridad en torno a la reforma fiscal

“El proyecto de reforma queda muy corto, es hasta decepcionante. Se habla de la necesidad de un cambio del régimen fiscal pero después no se explica en qué consistirá. Se dice que la carga fiscal es tan grande, de 99.7% sobre las utilidades, y de 67% sobre las ventas de crudo, que consume todos los recursos de Pemex“, afirma por su parte el analista Thomas Manz, representante en México de la Fundación Friedrich Ebert (FES).

La reforma energética que propone el gobierno mexicano contempla atraer inversión a través de contratos de utilidad compartida en materia de extracción, así como capital asociado que asuma los riesgos en los yacimientos no convencionales, en los que es necesario contar con un fuerte capital. Para ello se propone modificar los artículos 27 y 28 de la Constitución. La propuesta todavía tiene que ser aprobada por las dos Cámaras, de senadores y de diputados, en donde el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) necesita los votos de la oposición.

“El centro del proyecto de reforma consiste en que el capital privado pueda participar en la explotación de hidrocarburos eliminando la prohibición de la Constitución. Lo que no queda claro es cuánto pagaría el Estado a las empresas privadas por su participación. Es muy importante saber cómo se repartirán al final las ganancias, pero eso vendría después, con las leyes reglamentarias y no ahora en la reforma constitucional“, explica Manz.

Propuestas de la oposición

Los principales partidos de oposición, tanto el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), como el conservador Partido Acción Nacional (PAN), presentaron sus propuestas de reforma. El PRD propone otorgar a PEMEX autonomía presupuestaria y de gestión sin cambiar la Carta Magna, mientras que el PAN propone una liberalización más profunda que la planteada por Peña Nieto, a través de concesiones a la iniciativa privada.

Para Maihold la propuesta del PRD es la más interesante. “Asume elementos que conocemos de otros países como Chile o Noruega que tienen grandes yacimientos de diferentes materias primas, ya sea petróleo o minerales y consiste en que propone la creación de un fondo de futuro para que no todos los ingresos que se generen en los próximos años sirvan para solventar el déficit del erario público, sino que se asuman como un patrimonio nacional, una fuente de riqueza para las generaciones futuras y doten de autonomía a las empresas estatales, a la Comisión Federal de Electricidad y a PEMEX, reduciendo la influencia del Estado y la cantidad de recursos que tengan que entregar al erario público“.

Por su parte, Thomas Manz destaca que hay un consenso de todos los partidos en que se tiene que reformar PEMEX. “No es una empresa pública que funcione bien, que sea productiva. Hay muchos problemas de gestión, en eso hay consenso, al igual de que se tiene que cambiar el régimen fiscal. Eso ayudaría mucho para disponer de recursos suficientes y mejorar la situación energética. La pregunta es, ¿es conveniente explorar las reservas no tradicionales?“, pregunta Manz aludiendo a la apuesta de la clase política mexicana que quiere explotar el gas conocido como de esquisto, de pizarra o de lutita, que se encuentra a profundidades de entre mil y cinco mil metros. El proceso es conocido como "Fracking" y provoca protestas en todo el mundo por sus costos sociales y medioambientales.

Gas de lutita, el az en la manga

Mientras que el petróleo de fácil acceso se está acabando, hay considerables reservas de gas, explica Thomas Manz: “México tiene un déficit en el abasto de gas que tiene que ver con la falta de producción y los limites de infraestructura para importar gas. Hay una urgencia de aumentar la producción y se trata de recursos no tradicionales cuya exploración requiere de mayores inversiones que las necesarias para explorar reservas tradicionales“. Dicho gas es un hidrocarburo en estado gaseoso que se encuentra en las formaciones rocosas sedimentarias de grano muy fino. Su extracción, por fractura hidráhulica, consiste en perforar la roca mediante la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a presión.

„Es un gas que no se puede explorar de manera vertical sino horizontalmente. En Estados Unidos desde hace 5 años se está avanzando en la explotación de esas reservas no convencionales y alrededor de esto hay numerosas empresas. El mismo proyecto de reforma presentado por el presidente mexicano habla de 600 empresas de Estados Unidos involucradas en la explotación de este gas que están buscando ampliar su mercado. Hay muchísimo interés de las empresas trasnacionales en aprovechar las reservas no tradicionales que existen en México, que por su volumen ocupa el 4° puesto a nivel mundial“, señala Manz.

Sin embargo el experto destaca los enormes costos medioambientales que ello implica. “En Europa hay un debate sobre si se debe explotar o no. En Francia, por ejemplo, está prohibido. También en algunos estados federados alemanes, por los estragos medioambientales que provoca“, afirma Manz. Para su extracción se requieren grandes cantidades de agua y supone una contaminación de la tierra y de los mantos acuíferos por la gran cantidad de quimicos que se emplea. “Además, esto crea gas metano, que tiene un impacto mucho más fuerte que el de CO2. Ahí hay un problema medioambiental y por eso es tan controvertida su exploración“.

Autora: Eva Usi

Editora: Claudia Herrera Pahl