José Mujica, expresidente de Uruguay y referente de la izquierda latinoamericana, afirmó este viernes (16.02.2024) que en Venezuela "hay un gobierno autoritario", al tiempo que criticó a la vicepresidenta de ese país por sus comentarios esta semana contra el mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou.

En declaraciones a periodistas, Mujica, un exguerrillero que gobernó Uruguay de 2010 a 2015, consideró que al gobernante venezolano Nicolás Maduro se le puede llamar "dictador".

"La desgracia de Venezuela es que tiene mucho petróleo y se ha sentido cercado y tiene un gobierno autoritario que se pasa para el otro lado", dijo. "Pero yo aprendí esto: en una plaza sitiada, cualquier discrepante es un traidor, entonces tratan a la gente como el orto", agregó.

Consultado sobre si la administración Maduro es una dictadura, contestó: "¿Dónde se origina el concepto de dictadura? Era una decisión del Imperio Romano cuando las papas quemaban. Concentraban el poder y se lo daban a un solo tipo para que mandara. Nada de discrepar ni nada".

"Orden cerrado porque en momentos de peligro no se puede discutir. Tiene que haber uno que mande. Ahí se inventó la figura de dictador. En Venezuela hay un gobierno autoritario y se le puede llamar dictador, llámenlo como quieran", resaltó.

Crítica a vicepresidenta venezolana: "Así no se puede hablar de los presidentes de América"

Mujica también cuestionó a la vicepresidenta de ese país, Delcy Rodríguez, que el lunes llamó "lacayo" a Lacalle Pou. "Se le fue la moto a la doña esa. Así no se puede hablar de los presidentes de América. No se debe hablar, hasta por conveniencia y por razones diplomáticas", enfatizó.

El cruce entre Lacalle y Rodríguez se produce después de que Uruguay llamara el 9 de febrero a consultas a su embajador en Venezuela, Eber da Rosa, por considerar que hay hechos que "harían inviable" la celebración de elecciones presidenciales libres en el país caribeño este año.

Este jueves, Uruguay se sumó a Argentina, Costa Rica, Ecuador y Paraguay para expresar en un comunicado "su profunda preocupación por la detención arbitraria de la activista de derechos humanos (venezolana) Rocío San Miguel" y la suspensión de las actividades de una oficina de la ONU en Venezuela.

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