Durante las presidencias de Felipe Calderón (2006-2012) y Enrique Peña Nieto (2012-2018) se cometieron 102 asesinatos y 14 desapariciones forzadas de periodistas, crímenes relacionados con su labor en México. En estas cifras se basa Christophe Deloire, secretario general de Reporteros sin Fronteras (RSF), para apoyar la demanda interpuesta ante La Haya, junto a la ONG Propuesta Cívica, contra dos expresidentes mexicanos, a los que acusan de crímenes de lesa humanidad. Para ambas organizaciones, "el artículo 7 del Estatuto de Roma establece la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI)”, reza la petición presentada el pasado 11 de marzo a La Haya.

Pero antes de esta denuncia por los crímenes contra periodistas, ya el llamado "Congreso Nacional Ciudadano” (CNC), una red nacional de organizaciones de la sociedad civil mexicana, en representación de 87 mil personas, había entablado ante La Haya una demanda contra Peña Nieto, entre otras cosas, por corrupción. "Una demanda que después de un año de interpuesta, La Haya aceptó estudiar”, explica a DW Clara Franco Yáñez, del Centro alemán de Estudios Latinoamericanos (GIGA), con sede en Hamburgo.

Estudiar una demanda no es aceptarla

La investigadora mexicana del GIGA aclara que "si bien La Haya aceptó estudiar esta demanda, no la admitió”, como erróneamente se interpretó por algunas partes. Además, Franco Yáñez agrega que "es muy probable que la CPI haya aceptado el estudio de la demanda no por casos de corrupción sino por crímenes emblemáticos como los cometidos contra los 43 normalistas de Ayotzinapa o los 42 residentes de Tanhuato”.

El 22 de mayo de 2015, en Tanhuato, Michoacán, al oeste de México, y más exactamente en el Rancho del Sol, murieron 42 personas que, según las autoridades, pertenecían al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como un policía, en un supuesto "enfrentamiento”. El Gobierno de Peña Nieto fue acusado en ese entonces de ocultar la matanza durante 15 meses. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estableció más tarde que "la Policía Federal violó de manera grave los derechos humanos de decenas de personas”.

Justicia nacional inoperante ¿qué hacer?

Reporteros sin Fronteras "lamenta la impunidad que impera en los casos de asesinatos y desapariciones de periodistas, que alcanza el 99%”. La situación en el caso de otros civiles no es diferente.

¿Necesitan los mexicanos recurrir a La Haya para que se haga Justicia? Clara Franco Yáñez, que trabajó en la Cámara de Diputados de México, hace una precisión: "El curso natural de una denuncia debería ser primero en las cortes locales de la Justicia nacional. Pero cuando los ciudadanos sienten que hay impunidad deciden acudir a estrados internacionales, ya sea a la Corte Interamericana (CIDH) o a La Haya”. "En México”, prosigue la analista con postgrado en el Instituto de Estudios Internacionales de Ginebra, "hay un mecanismo de protección del periodista, pero es inefectivo porque los siguen matando y amenazando”.

Sobre la probabilidad de que Peña Nieto u otro presidente mexicano sea llevado a juicio ante la Corte Penal Internacional, Franco recalca que probar un crimen por omisión es muy difícil, pero "otro es el caso de militares y dictadores africanos que han sido procesados o condenados por haber estado directamente involucrados en crímenes de guerra”.

A la espera del apoyo de AMLO

Los representantes de RSF están buscando, aún sin éxito, el respaldo del gobierno mexicano, en persona del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, según dijo a DW Emmanuel Colombié, representante de RSF para América Latina, "saluda nuestra iniciativa y estaría abierto a presentar una petición oficial ante la Corte”. Franco recuerda empero, que "una de las banderas de la campaña electoral de AMLO fue la amnistía y es muy probable que no quiera meterse en más problemas. Pero él y su Gobierno tendrán que responder, si la presión del público crece”.

Para los peticionarios de un juicio contra Peña Nieto o Calderón es muy importante contar con el respaldo del presidente de México, "toda vez que la Corte Penal Internacional no tiene la obligación de responder a ONG o particulares, pero sí a Estados”, como lo expresa Colombié, desde Brasil.

Por lo demás, concluye la investigadora mexicana del instituto alemán, "la Corte ha sido criticada por poner mucho peso en África, cuando hay otras regiones del mundo, como América Latina, en donde los criminales no pueden ser intocables”.

(er)