¿Qué significa la intervención y posible expropiación del gigante agroexportador Vicentin para la economía argentina?
Consorcio agroindustrial argentino Vicentin ¿pronto en manos del Estado?Imagen: picture-alliance/dpa/S. Granata
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"Es una respuesta a la preocupación del mercado, pero también una decisión estratégica para la economía”, aseguró el presidente Alberto Fernández. Se trata de rescatar a "una empresa que está en concurso preventivo camino a la quiebra”, de garantizar su funcionamiento y sus puestos de trabajo, de dar "un paso hacia la soberanía alimentaria", y de prepararse "para los tiempos que se vienen, donde los alimentos tendrán un rol preponderante en la economía mundial”, dijo e insistió: ”Nada más ni nada menos".
Pero, entre la oposición, así como en medios y redes sociales argentinas, la intervención estatal al gigante agroexportador en bancarrota Vicentin, así como el envío al Congreso de una ley para su expropiación, ha desatado temores, debates ideológicos, oscuras previsiones y comparaciones con la Venezuela de Hugo Chávez.
Alberto Fernández, presidente de ArgentinaImagen: Reuters/Argentina Presidency/E. Collazo
¿Por qué se expropia Vicentin?
Vicentin, que ahora podría convertirse en empresa mixta, con capital público y privado, produce, procesa, acopia y exporta aceites de soja y de girasol, harina de soja, biodiésel, jugo concentrado de uva, vinos, miel y carnes. Y tiene activos en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay.
"Es el sexto exportador de productos agropecuarios en la Argentina, con toda la importancia que eso tiene en un país, en el que dos de cada tres dólares genuinos que se ingresan vienen de las oleaginosas y la venta agropecuaria”, precisa a DW Julián Leone, profesor de Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
Se trata de "una empresa que exporta el 85 por ciento de su producción y es, además, el principal productor del mercado de biodiésel”, un mercado polémico pero muy importante de generación de divisas para Argentina, señala Leone.
Pero es una empresa altamente endeudada, con deudas de más de mil millones de dólares con distintos acreedores. Entre ellos hay bancos de capital nacional, como el Nación y el Provincia. Y hay también bancos privados. Además, la empresa acumula muchas deudas con los productores agropecuarios.
El objetivo del Gobierno es "mantener bajo activos nacionales una empresa sumamente estratégica, no solo por su volumen de negocios, de unos 3.000 millones de dólares anuales, sino por el mercado del cual participa”, precisa el economista argentino.
Ese mercado, estratégico y "altamente carterizado, en el que diez empresas concentran el 91 por ciento de la exportación de oleaginosas”, explica la preocupación del Gobierno por que la empresa, una de las pocas de capitales nacionales, no terminara cediendo ante las deudas, con sus activos liquidados por bancos privados, y pasando a depender de capitales internacionales, opina el experto argentino.
Cristina Fernández de Kirchner, expresidenta de ArgentinaImagen: Getty Images/A. Orfali
¿Por qué se recela de la expropiación?
Pese a tener un motivo razonable para intervenir Vicentin, el historial de estatizaciones de la fuerza política hoy gobernante en Argentina deja mucho que desear, concede Leone. En un proceso como este, sea como sea, "el Estado va a tener que poner mucha plata”, dice. Pero, la pregunta es ¿para qué, con qué rentabilidad?
Lo sensato, en su opinión, sería "tener una empresa estatal contratante que se siente en la negociación como un par y tenga voz y voto en la formación del precio.” La ganancia estaría así en "la regulación del mercado de granos, con todo lo que significa la renta agraria en un país como el nuestro”, subraya.
Y recuerda que es justamente este el sector que garantiza la generación de oferta y, con ella, la generación de divisas, para evitar las bruscas fluctuaciones en el tipo de cambio que tanto han afectado a la economía argentina.
Sin embargo, ejemplos de expropiaciones anteriores -como la de YPF o Aerolíneas Argentinas- han terminado más bien saliéndole caras al Estado, si se suma lo que costaron las empresas y los intereses punitorios que se fueron agregando luego a estas operaciones, advierte el economista de la UBA.
En principio, la medida es "similar a la inversión del Gobierno alemán en la aerolínea Lufthansa”, de la que se ha convertido en socio mayoritario para evitar su bancarrota, comenta por su parte a DW Barbara Fritz, profesora de Economía en el Instituto de Estudios Latinoamericanos (LAI) de la Universidad Libre de Berlín.
La medida, en el caso alemán, se supone que es temporal. En Argentina, sin embargo, levanta no solo resquemores económicos sino también políticos. Como sea, para esta economista alemana, la comparación con Venezuela parece "exagerada". Fernández pretende estatizar una empresa quebrada, no empresas lucrativas como las que se estatizaron en su momento en la Venezuela chavista, "con los resultados que ya conocemos”, insiste.
¿Qué no se sabe de la expropiación?
Como sea, quedan preguntas abiertas. Vicentin se declaró en cese de pagos y convocatoria de acreedores en diciembre. Pero el Gobierno "no esperó a que este proceso de concurso terminara y decretó un interventor estatal”, resume Leone. Y su argumento de que esperar más equivaldría a que la empresa se depreciara tiene "cierta lógica, pero no parece ser del todo legal”, confirma.
Y hay más preguntas abiertas, para el economista argentino, de cara al futuro de este gigante y complejo agroexportador, muy conocido por el comercio de oleaginosas, pero con otro tipo de activos.
Mauricio Macri, expresidente de Argentina, antecesor directo de Alberto Fernández.Imagen: Getty Images/A. Orfali
"Si uno mira la generación de empleos de Vicentin en el sector de oleaginosas, de donde viene el problema del endeudamiento, son alrededor de 2.100 trabajadores. Mientras que si se mira a todo el grupo, con las vitivinícolas, los frigoríficos, entre otros, se llega a 6.000”, explica. Y en los borradores del proyecto presentado por el Gobierno, a los que Leone dice haber tenido acceso, aún no queda claro si el Estado lo expropiará todo o solo la parte endeudada.
En resumen, por el momento, la operación del Gobierno de Alberto Fernández en Vicentin puede leerse, para Leone, "como una desesperada forma de intervención en un mercado sumamente complejo y con el que el anterior Gobierno de esta misma línea ha tenido innumerable cantidad de conflictos.”
En este marco, se comprende la desconfianza de una parte de la ciudadanía en un Gobierno con diversos actores, entre los que se cuenta la expresidenta Cristina Kirchner. No obstante, "no hay que olvidar que la situación macroeconómica de Argentina es hoy tan complicada, que probablemente un Gobierno conservador tampoco podría hacer las cosas muy diferentes,” observa Fritz y remite a las últimas medidas tomadas por el expresidente Mauricio Macri tras percatarse de que podría perder la reelección contra Alberto Fernández.
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Argentina: cronología de la deuda
Aunque muchos argentinos le atribuyen sus penurias al mandato de Cristina Fernández de Kirchner, su sucesor no pudo sacar al país del atolladero en que se encontraba. Ahora Fernández logró un acuerdo de último minuto.
"Fondos buitre" y reinserción financiera
La deuda externa mantiene en vilo a Argentina desde 2001, cuando el Gobierno se declaró en cesación de pagos. Luego de una reestructura de la deuda en los años siguientes, queda ahora un resto de deuda con los "fondos buitre", que dificulta la reinserción financiera internacional del país. Ahora, el Gobierno de Mauricio Macri quiere negociar con esos fondos. Una cronología de los hechos.
Cese de pagos
2001 - En medio de una grave crisis financiera, económica y política, el entonces presidente interino Adolfo Rodríguez Saá declara el 23 diciembre el cese del pago de la deuda externa, que asciende en ese momento a unos 145.000 millones de dólares.
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Solo intereses
2002 - El presidente interino Eduardo Duhalde anuncia el 12 de diciembre que solo pagará intereses de la deuda externa.
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Quita del 75%
2003 - En septiembre, el ministro de Economía Roberto Lavagna propone una reestructuración de la deuda con una quita del 75%. Los acreedores la rechazan.
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Mejor oferta
2004 - Argentina mejora su oferta a los acreedores. Ofrece tres modelos de canje: un bono par, con un interés inicial del 1,33% que sube hasta 5,25% a los 25 años y vencimiento en 2038; un bono cuasi par, con una quita del 30,1%, intereses de 3,31% más un valor ligado a la inflación y vencimiento en 2034, y un bono descuento, con una quita del 66,3%, intereses de 8,28% y vencimiento en el 2033.
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El primer canje
2005 –El Gobierno lanza el canje de la deuda en default. Finaliza en abril. Argentina renegocia 82.000 millones de dólares. Un 76% se adhiere. La quita promedio alcanza al 65,4 %. El resto, con bonos por unos 20.000 millones de dólares, mantiene sus reclamos. El Parlamento aprueba la “ley cerrojo”: los acreedores que no acepten la oferta de reestructuración no podrán acceder al canje en el futuro.
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Argentina paga al FMI
2006 – En enero, Argentina paga toda su deuda con el Fondo Monetario Internacional, de 9.500 millones de dólares. con reservas del Banco Central.
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Argentina acuerda pagos con España
2007 - En enero, Argentina y España acuerdan la reestructuración de la deuda derivada de un préstamo que España realizó en marzo de 2001. La deuda ascendía a unos 1.000 millones de dólares y serán pagados a 6 años.
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Club de Paris: un acuerdo frustrado
2008 - En septiembre, Argentina resuelve cancelar la deuda de 6.706 millones de dólares con el Club de París (acreedores oficiales, deuda interestatal sin bonos). El pago es frustrado por el estallido de la crisis financiera mundial y la caída de Lehman Brothers.
Imagen: picture-alliance/dpa
Nueva posibilidad de canje
2009 – En octubre, Argentina, a pesar de la “ley cerrojo”, ofrece a los fondos hedge que no aceptaron las condiciones de 2005 una nueva posibilidad de canje de los 20.000 millones de dólares pendientes.
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92,4 por ciento de adhesión
2010 - En abril, el Gobierno lanza un nuevo canje de deuda, con una quita promedio del 66,3% para inversores institucionales y del 50% para los privados. El 66% de los tenedores de bonos en cesación de pagos acepta. Junto con el canje de 2005, Argentina logra un nivel de adhesión del 92,4 por ciento con una rebaja del 65 por ciento en promedio.
Imagen: REUTERS
El fallo de Thomas Griesa
2012 – En diciembre, el juez federal estadounidense Thomas Griesa falla que los bonistas que no participaron en los canjes ofrecidos por Argentina deben recibir el 100 % de la deuda. Además critica declaraciones del Gobierno argentino de que “no pagaría un dólar a los fondos buitre” y las interpreta como “un desafío inadmisible”.
Imagen: picture alliance/Demotix
Acuerdo de pago con el Club de París
2014 – En febrero, Argentina apela el fallo de Griesa ante la Corte Suprema de EE. UU. En mayo acuerda el pago de la deuda con el Club de París, aceptando abonar unos 9.000 millones de dólares en un plazo de 5 años.
Imagen: picture-alliance/dpa
Dineros embargados
2014 - En junio, la Corte Suprema de EE. UU. rechaza la apelación y el caso vuelve a Griesa. Este amenaza con embargar fondos destinados a los bonistas que aceptaron el canje si Argentina no paga a los fondos hedge unos 1.300 millones de dólares. Argentina debe pagar a los bonistas que entraron en el canje hasta el 30.06.2014, con un mes de gracia. Es decir, que el plazo vence el 30.07.2014.
Imagen: ullstein bild - Imagebroker.net
¿Nueva cesación de pagos?
2014 - En caso de pagarle a los fondos hedge, se teme que los bonistas que entraron en el canje reclamen también el cien por el cien de la deuda. En ese caso, Argentina debería pagar unos 120.000 millones de dólares, lo que supondría una nueva cesación de pagos, ya que no está en condiciones de hacerlo. La deuda externa bruta total del país se estima en unos 140.000 millones de dólares.
Imagen: picture alliance/Demotix
Macri quiere negociar
Febrero de 2015 – Mauricio Macri, el nuevo presidente argentino, quiere negociar con los fondos hedge. La propuesta se mantiene en secreto, pero se estima que ofrecerá pagar con una quita del 15%. Negociar es "una prioridad" para Buenos Aires. De una deuda inicial de unos 3.000 millones de dólares, con los intereses acumulados, se llega a unos 10.000 millones. A estos se agregan los “me too”.
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El factor Macri
Comenzando 2016, la depreciación de la moneda nacional –de 9,8 a 13,95 por dólar estadounidense– hace que la deuda de las provincias aumente en 40.000 millones de pesos argentinos.
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Una deuda paga otras
2016 – Factores como el ajuste del tipo de cambio, el desplome de la producción industrial y la caída del consumo hacen que el PIB se desinfle. Argentina adquiere deuda por emisión de bonos –se dice que es la más elevada de una economía emergente– para poder cancelar sus compromisos con los fondos buitres. En muchos casos se les da más dinero de lo ordenado por las cortes.
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Nueva ronda de endeudamiento
2017 – Entre diciembre de 2015 y junio de 2017, la deuda emitida por el Ejecutivo ronda los 100.000 millones de dólares. Este período inaugura lo que se conoce como el “tercer gran ciclo” de endeudamiento, que termina desarrollándose a una velocidad mucho mayor que la del ciclo previo. En diciembre de 2017 se llega al monto de 216.351 millones de dólares.
Imagen: Daniel Garcia/AFP/Getty Images
FMI, al rescate
2018 – Tras dos crisis monetarias, Macri se ve forzado a pedirle un crédito de 50.000 millones de dólares al FMI y, a cambio, se compromete a recortar el gasto público. El dinero debe contribuir a la estabilización de la situación en Argentina hasta 2021; pero, si Macri pierde los comicios presidenciales de 2019, serán probablemente sus rivales políticos quienes cosechen los frutos de su esfuerzo.
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El bolsillo de los argentinos
2019 – Macri frena su programa de austeridad y anuncia medidas para deslastrar el bolsillo de sus compatriotas hasta fin de año: bono para los trabajadores, ajuste del impuesto a las ganancias, pagos extra para la Asignación Universal por Hijo, congelamiento del precio del combustible por tres meses. Se estudia un aumento del salario mínimo y reformas para aliviar a las pymes.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/N. Pisarenko
Alberto Fernández negocia con acreedores privados
Argentina lleva dos años en recesión con una contracción del PIB de 2,2 % en 2019, y una deuda externa de 323.065 millones de U$S, el 89 % de su PIB. El presidente, Alberto Fernández, anuncia que no solicitará el desembolso del último tramo del préstamo del FMI, que queda así en 44.000 millones de U$S. El FMI pide a los acreedores privados una quita parcial de la deuda, para hacerla "sostenible".
Por segunda vez en este siglo, Argentina entra en un default, pero virtual, porque el gobierno sigue negociando con sus acreedores. El país está golpeado por la pandemia, en una profunda recesión y la pobreza aumenta. El 4 de agosto de 2020, los acreedores acceden a una quita de deuda de 55 centavos de U$S por cada dólar original, y se llega a un acuerdo.
Imagen: AFP/Argentina Residency/E. Collazo
Reestructuración exitosa de deuda
El ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, logró un acuerdo de renegociación de deuda de legislación extranjera con los bonistas, con el canje del 99% de su deuda externa. Argentina aún le debe casi 52 mil millones de US$ al FMI, que deberá pagar hasta 2024. Pero esta reestructuración le permitiría al país iniciar el camino de la recuperación económica. (1.09.2020).
Imagen: Getty Images/AFP
Alberto Fernández inicia gira por Europa
El presidente de Argentina viajó el 08.05.2021 rumbo a Europa, en una gira destinada a cosechar apoyos de Gobiernos a su plan de posponer pagos de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y el Club de París. Fernández mantuvo reuniones con jefes de Estado y de Gobierno de Portugal, España, Francia e Italia, en ese orden. En la foto, con el presidente español, Pedro Sánchez. (12.05.2021).
Imagen: Gabriel Bouys/AFP/Getty Images
Nuevo acuerdo con el FMI
Argentina llegó a un nuevo acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional (FMI), anunció el presidente Alberto Fernández este viernes, el mismo día en que debe pagar más de 700 millones de dólares por el primer vencimiento de este año de una deuda de 44.000 millones. Fernández aclaro que no habrá recortes en el gasto social ni "saltos devaluatorios". (28.01.2022).
