El agresor abrió fuego en dos bares de pipas de la ciudad alemana de Hanau, cerca de Fráncfort, matando a nueve personas e hiriendo al menos a otras cuatro. Luego habría matado a su propia madre y se habría suicidado. Dejó un video reivindicativo plagado de teorías de la conspiración y en el que extiende el discurso de odio racista. Las autoridades no tenían información previa de Tobias R., dijo el ministro del Interior de Hesse, Peter Beuth. La Fiscalía federal alemana intenta ahora dilucidar si tuvo contactos con terroristas ultraderechistas o si llevaba tiempo planeando el ataque.

Lo que está claro es que el peligro del terrorismo ultraderechista en Alemania ha aumentado. La Oficina Federal de Investigación Criminal (BKA, por sus siglas en alemán) clasifica actualmente como amenaza a alrededor de 60 personas cuya ideología ultraderechista podría derivar en serios actos violentos e incluso ataques. Desde 2012, la cifra de individuos peligrosos se ha quintuplicado, dijo una portavoz de la BKA al medio "RedaktionsNetzwerk Deutschland”.

De la fantasía al acto

¿Cuán grande es el potencial de amenaza? Un número del reporte de la Oficina federal para la Protección de la Constitución -una agencia gubernamental de inteligencia- permite entrever la respuesta: hasta 12.700 personas tendrían una "orientación hacia la violencia”. Su comunicación tiene lugar cada vez más en entornos digitales. En este caso, internet aviva las llamas. Una célula terrorista destapada recientemente se radicalizó sobre todo en la red. Lo mismo ocurrió con Stephan B., quien planeaba llevar a cabo una masacre en la sinagoga de Halle en octubre de 2019.

En su lucha contra los extremistas religiosos y políticos, las autoridades de seguridad se encuentran con dos grandes problemas: ¿Quién convierte sus fantasías de violencia en actos, y quién no? A esta cuestión se dedica el fiscal Cristoph Hebbecker, de la Oficina Central de Coordinación contra la Cibercriminalidad del estado federado de Renania del Norte-Westfalia. Desde febrero de 2018 se han presentado unas 1.000 denuncias, principalmente en el espectro derechista, según dijo a DW. Alrededor de una de cada dos denuncias desemboca en un sumario. El problema: solo a veces se logra "sacar a la gente del anonimato”.

Redadas contra presuntos grupos terroristas

El viernes de la semana pasada (14.02.2020), una redada policial desarticuló un grupo terrorista ultraderechista. Fueron registradas las viviendas de 13 personas en los estados federados de Baden-Württemberg, Baja Sajonia, Baviera, Renania-Palatinado, Renania del Norte-Westfalia y Sajonia-Anhalt. Cuatro presuntos terroristas y ocho presuntos simpatizantes fueron puestos en prisión preventiva. El fiscal federal en Karlsruhe les acusa de querer provocar una "situación similar a una guerra civil”, a través de "ataques aún no concretados” a políticos, solicitantes de asilo y musulmanes.

A primera vista, dice mucho a favor de las fuerzas de seguridad, la inteligencia y la Fiscalía que lograsen frustrar las actividades del grupo terrorista a tiempo. Pero todavía falta la parte más importante del trabajo de los agentes: probar las sospechas para que los acusados puedan ser procesados.

El proceso contra Franco A. aún no ha empezado

Esto puede ser increíblemente difícil, como prueba el espectacular caso del soldado Franco A., hoy suspendido. El teniente pasó siete meses en prisión preventiva en 2017 por la preparación de "un serio acto violento de peligro para el Estado”. Se le acusaba, entre otras cosas, de haber planeado ataques contra conocidos políticos, entre ellos el hoy ministro de Exteriores alemán, Heiko Maas (SPD), o la vicepresidenta del Bundestag, Claudia Roth (Los Verdes).

Pero pese a que se demostró que el acusado estaba en posesión de armas y explosivos y a que se conocían los nombres de las potenciales víctimas, el Tribunal Superior de Justicia de Fráncfort rechazó inicialmente abrir un procedimiento penal contra Franco A. La razón: la ausencia de una sospecha suficientemente fundada. El tribunal certificó que el presunto extremista de derechas tenía un pensamiento "nacionalista, racista y antisemita”, pero al mismo consideró "altamente probable” que los ataques planeados "todavía no estuvieran absolutamente decididos”. Tras un recurso exitoso del fiscal general federal, Franco A. finalmente sí tendrá que responder ante el Tribunal Superior de Justicia de Fráncfort. Lo que todavía no se sabe es cuándo comenzará el proceso. Pero la pugna jurídico-penal de este caso ilustra los obstáculos judiciales que persisten en Alemania pese a los sucesivos endurecimientosde las leyes. Por eso no está para nada claro que los doce sospechosos de terrorismo detenidos hace unos días vayan a ser juzgados finalmente.

El Gobierno federal quiere castigar los crímenes de odio con mayor dureza

Los crímenes de odio podrían ser pronto penados más duramente. El Gobierno federal presentó el miércoles (19.02.2020) un proyecto de ley al respecto. Si el Parlamento lo apoyase, lo cual es bastante probable, las amenazas de muerte y violación en internet serían castigadas con hasta tres años de cárcel. Hasta ahora el máximo es un año. La pena por la difamación y el acoso público de políticos municipales será aún más severa: hasta cinco años de prisión.

Este endurecimiento es una reacción al aumento de las amenazas a políticos por internet. Antes de ser asesinado a tiros por un presunto extremista de derecha, en junio de 2019, el político cristianodemócrata Walter Lübcke había recibido amenazas por esta vía.

Redoblar la lucha contra el extremismo de derecha 

Las autoridades esperan que la lucha contra los crímenes de odio se vea respaldada con un registro obligatorio de las empresas digitales como Facebook, cuando funcionen como plataforma de instigación al odio o de la propaganda neonazi. La BKA recibiría los avisos de esos mensajes. El presidente de este organismo, Holger Münsch, se ha propuesto reforzar su lucha contra el extremismo derechista.

La Oficina Central y de Coordinación contra la Cibercriminalidad con base en Colonia trabaja estrechamente con medios de comunicación y con la Asociación de Economía Digital (eco). Gracias a esta colaboración fue posible identificar en dos años a 130 sospechosos de toda Alemania y de otros países. Pero cuántos de estos casos acaban en procesos judiciales es algo que el fiscal Hebbecker desconoce.

La prohibición del grupo neonazi "Combat 18”, decretada por el ministro federal del Interior, Horst Seehofer (CSU), es otra señal de esta decisión de combatir el extremismo derechista. La pregunta es si puede detenerse la radicalización de esos entornos con medidas como estas. Tras la desarticulación en 2011 del grupo terrorista NSU, Alemania creía haber dejado atrás la peor parte. La Clandestinidad Nacionalsocialista asesinó a diez personas, nueve de ellas migrantes. Pero al horror por la serie de asesinatos no aclarados durante años le siguió en 2015 -con la llegada en grandes números de migrantes y refugiados a Alemania- una ola de odio y violencia de dimensión desconocida. En el verano de 2018, la principal acusada del proceso de la NSU, Beate Zschäpe, fue condenada a cadena perpetua. Una decisión judicial que, a la vista de los hechos, no ha tenido efecto disuasorio.

(eal/ers)

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