La familia del disidente cubano Oswaldo Payá, muerto en un accidente de tránsito en Cuba el 22 de julio de 2012, presentó este lunes (19.08.2013) una querella contra dos funcionarios de La Habana, a quienes acusa de estar involucrados en la muerte del activista político, que tenía también la nacionalidad española, lo que faculta a la Justicia de ese país europeo a investigar el caso.

Algunos cercanos a Payá sospechan que agentes del gobierno cubano podrían estar relacionados con la muerte, producida por un choque del que se responsabilizó al conductor del vehículo, el político español Ángel Carromero, quien incluso fue procesado y declarado culpable en Cuba por conducir de manera imprudente. En ese accidente murió otro disidente y un político sueco quedó lesionado, al igual que Carromero.

“La querella se hace necesaria e indispensable por un cuestionamiento elemental de justicia, ya que el actual régimen cubano no puede seguir persiguiendo, maltratando, mintiendo, asesinando e intimidando a una sociedad impunemente, cual dueños absolutos de la vida de millones de personas”, dijo el comunicado en nombre de la familia.

Confianza en España

Las sospechas familiares se vieron reforzadas luego de que Carromero, el único testigo vivo de la tragedia que ha hablado del tema, dijera en una entrevista al diario español El Mundo que el vehículo que él conducía había sido embestido por otro auto y forzado a salir de la carretera. La acción judicial fue presentada en la Audiencia Nacional de Madrid y contó con el apoyo del Movimiento Cristiano Liberación (MCL).

“Confiamos que en España, donde el poder judicial es independiente del poder político y donde pueden buscar la verdad sin temor ni presiones, podamos llevar a término esta querella y se asigne responsabilidad a los involucrados en este horrible acto, sean estos quienes sean”, señaló el MCL, del que Payá era coordinador nacional.

La querella, presentada por la esposa e hija de Payá, Ofelia Acevedo y Rosa María Payá, respectivamente (en la foto), apunta contra el jefe de instrucción de delitos de la Seguridad del Estado cubano –al que identifican como teniente coronel Águilas–, y el encargado de delitos de la Seguridad del Estado cubano, nombrado como coronel Llanes.

Además, ampliaron la demanda al “resto de personas que el juzgado determine en el curso de su investigación como partícipes en los delitos de lesa humanidad que culminaron con la muerte de” Payá y de otro disidente, Harold Cepero. El juez de la Audiencia Nacional al que le toque el caso decidirá si aceptar o no la querella previa consulta con el ministerio fiscal, algo que no se espera que ocurra hasta principios de septiembre.

DZC (Reuters, dpa)