Familiares de un equipo del periódico El Comercio de Ecuador-que fue secuestrado y asesinado en 2018 en Colombia- denunciaron este viernes (17.05.2024) que hubo "responsabilidad estatal" en el caso, tras presentar información desclasificada del Gobierno.

"Con lo que tenemos, creo que es evidente la responsabilidad estatal. Imagínense con el resto de información que nos falta" sobre la muerte del equipo, dijo en rueda de prensa Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, al analizar documentos entregados por el Ejecutivo luego de un fallo de la Corte Constitucional.

En un comunicado, las familias aseguraron que falta información oficial y que "actas mutiladas" prueban, "de manera clara, las omisiones e ineptitud del Gobierno del [expresidente ecuatoriano] Lenín Moreno", ya que "las actas demuestran los errores en la negociación para rescatar con vida a los periodistas".

En un caso que conmocionó a Ecuador, Paúl Rivas fue secuestrado el 26 de marzo de 2018 junto al periodista Javier Ortega y al conductor Efraín Segarra por disidentes de la extinta guerrilla FARC cuando realizaban un reportaje en la convulsa frontera con Colombia. El asesinato múltiple fue confirmado por el Gobierno ecuatoriano el 13 de abril de ese año y sus cuerpos fueron recuperados en junio siguiente en el lado colombiano. En el secuestro y asesinato, intervino Walther Arizala, alias Guacho, disidente de las FARC abatido por fuerzas de seguridad colombianas en diciembre de 2018.

"Ellos estaban claramente más preocupados en justificar sus acciones antes de ver lo que realmente se dio como hechos para llegar al asesinato", agregó Rivas, refiriéndose a los miembros del estatal Consejo de Seguridad de ese momento, liderado por Moreno (2017-2021).

Entre el material desclasificado hay más de 40 páginas sobre diálogos entre funcionarios y tres audios. "Las irregularidades, y hay que llamarlas por su nombre, saltan a la vista. Eso como de pronto una declaración se corta o un acta en la que el único punto tiene que ver con el caso, se entregan simplemente unas pocas hojas", apuntó a la prensa Mauricio Alarcón, abogado de las familias.

El jurista añadió que "la sentencia (de la Corte Constitucional) no ha sido cumplida" porque faltan ciertas actas, transcripciones y audios de las reuniones reservadas del Consejo de Seguridad para tratar el caso. Ante esto, las familias pedirán al tribunal que dé seguimiento al cumplimiento de su fallo y solicitaron una reunión con la ministra del Interior, Mónica Palencia, para expresar sus preocupaciones por la ausencia de más datos sobre el asesinato del equipo periodístico.

ama (afp, efe)