Familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 en el sur de México confían en que los avances que tiene previsto presentar el gobierno el sábado, en el sexto aniversario de un crimen que conmocionó al país, sean detenciones de militares o policías federales porque, según sus abogados, hay elementos para ello, declararon sus representantes el jueves (24.09.2020)

"Hay pruebas suficientes para proceder en contra de esas personas”, dijo a la agencia AP Santiago Aguirre, director del centro de derechos Humanos Prodh y representante de las familias. Parte de los avances, agregó, surgieron del rastreo de la telefonía móvil y de nuevas declaraciones.

A su juicio, "no hay duda de que eran parte del esquema” criminal entre funcionarios y delincuentes que permitieron las desapariciones aunque lamentó que todavía no se sepa con claridad qué pasó esa noche, ni el paradero de los alumnos de magisterio de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa.

La falta de certezas mantiene a las familias en la desesperación pero detener u ordenar el arresto de algunos militares plenamente identificados tendría una gran carga simbólica dado el apoyo y la defensa incondicional que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de las fuerzas armadas.

"Nos tiene que dar algo dar algo concreto, algo de avance” y esas detenciones lo serían, comentó Clemente Rodríguez, padre de uno de los jóvenes y que fue notificado en julio del hallazgo de un fragmento de un hueso del pie de su hijo, Christian Alfonso.

En tanto la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México (DMRK Mexiko) demandó el completo esclarecimiento del caso en el que se ha comprobado que la policía de Guerrero utilizó fusiles de asalto de la empresa alemana Heckler & Koch, y por lo que, "debido a la exportación ilegal de armas, Alemania también comparte la responsabilidad por lo ocurrido”.

"La continuación de la impunidad no solo es insoportable para los familiares, sino que impide que esta clase de delitos puedan ser prevenidos en el futuro. Alemania debería apoyar el esclarecimiento de los hechos por todos los medios a su alcance”, indicó Carola Hausotter, coordinadora de la organización de derechos humanos a través de un comunicado.   

López Obrador promete "informe detallado"

La considerada "verdad histórica” por la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018) aseguraba que el 26 de septiembre de 2014 policías locales de Iguala capturaron a los estudiantes en esa localidad del sureño estado de Guerrero y los entregaron a miembros del crimen organizado que los incineraron en un basurero de un municipio vecino, Cocula, y luego tiraron sus restos a un río cercano.

La llegada de López Obrador al poder dio un giro a la investigación, se creó una Comisión de la Verdad, se hicieron nuevas búsquedas y se iniciaron procesos clave contra dos funcionarios: el jefe de la policía ministerial federal por tortura y una detective por falsificación de documentos y ocultar información en un caso de desaparición forzada.

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Corderó, adelantó el miércoles que lo logrado por este gobierno "arroja luces sobre lo verdaderamente ocurrido esa trágica noche” y el presidente prometió un informe muy detallado sobre el caso.

gs (ap, CNN, El Economista)