En un punto muerto ha entrado el proceso de paz colombiano tras la confirmación de la retención a manos de las FARC de dos militares, entre ellos el general Rubén Darío Alzate Mora, y una civil al servicio del Ejército. Alzate Mora, comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Titán que operaba en el occidente del país, se convierte en el efectivo de las Fuerzas Armadas de más tan alto rango que cae en poder del grupo guerrillero.

El presidente Juan Manuel Santos aseguró que el gobierno colombiano se abstendrá de continuar las conversaciones de paz en Cuba en tanto los guerrilleros mantengan en cautiverio al General Alzate y sus acompañantes. Por parte de las FARC, los delegados que se alistaban para iniciar una nueva ronda de negociación en La Habana consideraron que lo ocurrido responde al hecho de negociar la salida al conflicto armado en medio de los combates y exigieron un cese al fuego inmediato. "La posición de dialogar bajo el fuego, cada día arrastra mayor insensatez", afirmaron.

El parte insurgente pone fin a horas de incertidumbre y especulación. "Pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades, en razón a que se trata de personal militar enemigo, que se mueve en ejercicio de sus funciones, en área de operaciones de guerra", precisaron las FARC, aclarando parcialmente las condiciones que rodearon estos acontecimientos ocurridos el día domingo (16.11.14).

Al parecer el General Alzate pidió ser transportado en una lancha sin su escolta ni aparejo militar hasta el caserío Las Mercedes, en el departamento del Chocó, zona de consabido dominio guerrillero. Nadie en Colombia, ni siquiera los altos mandos militares, han podido explicar por qué un comandante al mando de 2.500 hombres armados se dirigió a este selvático rincón del país bajo estas condiciones. "Quiero que me expliquen por qué BG Alzate rompió todos los protocolos de seguridad y estaba de civil en zona roja", exigió a la cúpula militar, a través de Twitter, el jefe de Estado colombiano.

Dos temas sensibles

"Este incidente nos debe poner a reflexionar acerca de la necesidad de abordar ya un cese bilateral al fuego", dijo a la prensa el vocero de las FARC Jorge Torres, mejor conocido como ´Pablo Catatumbo´, desde La Habana. Dialogar en medio de los combates ha sido una exigencia gubernamental que hasta el momento había permitido que el proceso avanzara a un relativo buen ritmo.

En entrevista con la DW, días atrás el presidente Santos asumió como suya esta decisión: "Ha habido ataques porque la guerra continúa, y eso, lo digo con toda franqueza, es responsabilidad mía (…) Un cese al fuego, como se ha intentado en ocasiones anteriores, es en cierta forma un incentivo perverso para prolongar las negociaciones indefinidamente".

La pregunta, no obstante, es si ha llegado el momento de cambiar las reglas. Figuras de la izquierda colombiana como Piedad Córdoba, Clara López y Gustavo Petro así lo han demandado. "Esto lo hemos pedido desde el comienzo del proceso de paz", dijo a DW el congresista Iván Cepeda, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes. "El asunto entonces es buscar mecanismos que puedan ir disminuyendo la cantidad de los hechos de violencia y la intensidad del conflicto armado", afirmó.

Avanzar en medio del fuego cruzado ha sido una de las estrategias que el gobierno ha utilizado para superar la amarga experiencia de los acercamientos que tuvieron lugar entre 1998 y 2002. Conocido como el Caguán, este proceso de paz entre las FARC y el entonces gobierno de Andrés Pastrana marcó como pocos acontecimientos el devenir político colombiano del nuevo siglo. A los ojos de la opinión pública, las FARC aprovecharon la desmilitarización de una extensa zona del país, contemplada como parte del proceso de diálogo, para fortalecerse y asestar fuertes golpes.

De este periodo también se desprende el otro gran escollo de la actual coyuntura: el secuestro, sin duda el nervio más sensible para la opinión pública colombiana y la causa definitiva en anteriores rompimientos de diálogos. Los duros golpes a las fuerzas militares dejaron decenas de uniformados privados de la libertad, muchos de los cuales fallecieron tras años de cautiverio en la selva. En 2012, el grupo guerrillero se había comprometido a no secuestrar de nuevo con fines económicos, mientras dejaba en libertad a los últimos militares y policías que tenía en su poder.

Este gesto allanó la instalación de la mesa de La Habana y muy probablemente fue entendido por el país como una promesa de no reincidir en estas prácticas. Sin embargo, los casos del general Alzate y sus acompañantes, así como el de dos soldados retenidos la semana pasada, subrayan una retórica que Colombia creía superada. El grupo guerrillero, una vez más, informa que tiene en su poder "prisioneros de guerra".

Para el congresista Cepeda, "más allá de discutir si se trata de un secuestro o una retención, lo que se requiere hoy es resolver el problema". No es poco lo que está en juego. Exactamente dos años después de instalada la mesa de La Habana, los acontecimientos de las última horas se convierten en el primer gran desafío en un proceso que ha mostrado avances nunca antes registrados. Colombia y el mundo confían en que tanto las FARC como el gobierno de Juan Manuel Santos tomen decisiones a la altura del reto histórico que representa acabar con un conflicto armado que suma medio siglo de confrontación.