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Felipe VI prohíbe a su familia trabajar en el sector privado

28 de julio de 2014

Se trata de un importante paso dentro del proceso de cambios que el nuevo rey ha iniciado en la institución monárquica. Además, la Casa Real someterá sus cuentas a una auditoría externa.

Imagen: Reuters

La prohibición se aplica a todos los miembros de la familia real española. "Los miembros de la familia real solamente podrán desarrollar, con carácter de exclusividad, actividades de naturaleza institucional", aseguran las fuentes de la Casa Real española.

Ni los reyes, Juan Carlos y Sofía, ni la reina Letizia, ni sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, podrán tener un trabajo más allá de la actividad remunerada que desarrollan como representantes de la Corona española. Los miembros de la familia real presidirán los actos públicos por encargo de Felipe VI o por decisión del Gobierno y cobrarán por ello.

Más transparencia

Esta decisión de Felipe VI, de 46 años, se interpreta en España como una respuesta al caso de corrupción en el que está imputada su hermana Cristina, en el que su yerno, Iñaki Urdangarin, tiene el papel protagonista.

Urdangarin está acusado de haberse apropiado de seis millones de euros de dinero público junto a su exsocio, cuando ambos estaban al frente de una organización supuestamente sin ánimo de lucro. El juez imputa a Cristina dos delitos fiscales y uno de blanqueo de dinero, cometidos supuestamente al ayudar a su marido.

Felipe VI quiere alejar de la Casa Real el fantasma de la corrupción.Imagen: Reuters

Fuera de la agenda oficial

Cristina de Borbón y su marido están apartados de la agenda oficial de la Casa Real española desde finales de 2011. Con la proclamación de Felipe VI como rey, tanto ella como la otra hermana del monarca, Elena, dejaron de formar parte de la familia real, que se compone de los actuales reyes, sus hijas y los padres de Felipe VI, don Juan Carlos y doña Sofía, que también ostentan el título de reyes. Cristina y Elena son parte de su familia, pero no tendrán actividad institucional ni remuneración de la Casa, ni siquiera cuando, excepcionalmente, acudan a actos de este tipo.

Felipe VI ha decidido además someter las cuentas de la Corona a la Intervención General del Estado, a modo de auditoría externa, una medida que otras casas reales europeas impusieron ya antes. Esas cuentas son auditadas de forma interna ya desde 2007, cuando el rey Juan Carlos creó un cargo de interventor para el control de la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable.

Decisión del monarca

El actual rey seguirá percibiendo hasta final de año el mismo sueldo que tenía como Príncipe de Asturias, y su padre, el rey Juan Carlos, también conservará la cuantía de la retribución que se decidió para este ejercicio a partir de la asignación global aprobada por el Parlamento.

Las nuevas medidas se aplicarán por decisión del monarca, aunque en algún aspecto pueden coincidir con la Ley de Transparencia, el nuevo código de conducta para quienes formen parte de la Casa Real. Felipe VI quiere que este código, con principios de buen gobierno semejantes a los que existen para entidades públicas, esté aprobado antes de final de año.

MS (dpa/Efe)

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