Argentina está conmocionada. Tres mujeres jóvenes ―una de ellas apenas adolescente― fueron brutalmente torturadas y asesinadas, durante una transmisión seguida en vivo por 45 personas en redes sociales. Lara G., de 15 años, Morena V. y Brenda del C., ambas de 20, fueron halladas muertas hace una semana, enterradas en un patio de la provincia de Buenos Aires, tras cinco días desaparecidas. 

"Nunca en la Argentina habíamos tenido un caso tan feroz", asegura a DW Monique Altschul, directora ejecutiva de la fundación Mujeres en Igualdad. Lo achaca a un aumento de la violencia del narcotráfico en el Gran Buenos Aires, luego de que se consiguiera restringirla en la provincia de Santa Fe, especialmente en la ciudad de Rosario. Y lamenta que los Gobiernos de la ciudad y la provincia bonaerenses ―de distinto signo político― se culpen mutuamente, en vez de cooperar para enfrentarlo.

La causa, vinculada por las autoridades con la narcocriminalidad, fue clasificada por la Fiscalía como homicidio calificado, premeditado por dos o más personas, cometido con alevosía, ensañamiento y violencia de género. Así, estos asesinatos son oficialmente considerados femicidios ―como Argentina llama a los feminicidios― y los culpables podrían recibir penas de prisión perpetua.

"Femicidios en contexto de narcocriminalidad"

Se trata de "femicidios en contexto de narcocriminalidad", dice a DW Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro y directora de su Observatorio de Femicidios. La organización lleva registro de 47 de estos casos en 2023. Comenzaron a tipificarlos tras observar cómo las redes del narcotráfico avanzaban en Santa Fe, "usando a las mujeres y a las niñas como 'mulas' o como intercambio de pagos entre los dealers", cuenta. 

Pero este observatorio, como otros de la sociedad civil que han proliferado en los últimos 10 años, al calor del movimiento "Ni Una Menos", se alimenta de casos publicados en los medios. Y una fuente clave, la agencia gubernamental Télam, con filiales que registraban estos casos en todas las provincias, fue cerrada como parte de la estricta reducción del Estado implementada por el actual presidente Javier Milei, reclama Rico.

"El año pasado se publicaron 18 femicidios en contexto de narcocriminalidad. Y en lo que va de este año, con estas tres mujeres asesinadas, son 15. Yo estoy totalmente segura de que son muchos más, pero si asesinan a una mujer o a una niña en una zona rural y no sale publicado en ningún lugar, no tenemos forma de verificarlo", observa la presidenta de La Casa del Encuentro, que publicó el primer informe sobre femicidios en el país en 2008.

Las estadísticas oficiales que ofrece la Corte Suprema de Justicia desde 2015, usando como fuente los expedientes judiciales caratulados como violencia de género, "siempre tienen menos casos que la sociedad civil", advierte Rico. Y explica que a veces descartan, por ejemplo, asesinatos de mujeres en robos o asaltos, aunque las víctimas fueron abusadas sexualmente.

Sin apoyo estatal contra la violencia de género

Argentina ha sido históricamente un modelo regional por su abundante legislación contra la violencia de género. Sin embargo, sus cifras de femicidios se han mantenido "establemente altas", con un promedio de casi 300 víctimas anuales en dos décadas de Gobiernos de distinto signo político, reconocen políticas y activistas. Además de implementar las leyes, se requiere un cambio cultural, mucho más difícil de concretar. 

A eso se suma, actualmente, "un retroceso tremendo en la prevención de la violencia de género. Las leyes no se anularon, pero no se ejecutan", denuncia Rico. "Los recursos han disminuido muchísimo", agrega Altschul. 

Se eliminó el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad a nivel nacional (queda solo en la provincia de Buenos Aires). No funcionan las oficinas que asesoraban a las mujeres en todas las provincias antes de radicar denuncias. O el Programa Acompañar, que daba asistencia económica para salir de situaciones de violencia, enumeran.

Además, el Gobierno prometió eliminar la figura de legal del femicidio (en el caso argentino, un homicidio agravado por violencia de género). Pero de esto último no se ha vuelto a hablar, luego de que la sociedad civil se movilizara en contra, confirman las expertas y activistas argentinas.

Más allá de la sociedad civil, apenas funciona la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de la Nación, que atiende las 24 horas de los 365 días del año en Buenos Aires. Y las comisarías de la mujer, que aún tratan de forma diferenciada las denuncias de violencia de género, sobre todo en la capital argentina, precisa la directora de Mujeres en Igualdad, Monique Altschul.

Entre violencia de género y narcotráfico

"¡El Estado es responsable!", fue una de las consignas de las manifestaciones convocadas por el colectivo feminista Ni Una Menos, señalando al Gobierno de Milei: "El antifeminismo de Estado y el ajuste son letales".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, adversario político de Milei, instó al presidente a convocar a una mesa de trabajo para elaborar una "estrategia seria y nacional para combatir el narcotráfico" y alertó también de que "cuando el Estado tiene insuficiente presencia, crece el narco".

El vocero presidencial, Manuel Adorni, devolvió el dedo acusador a Kicillof, que "no adhirió a la ley antimafia" y "evidentemente, no está a la altura".

Mientras tanto, desde su asociación civil y observatorio de femicidios, Ada Rico insiste en que, aunque la violencia de género no cesa, el país casi había dejado de hablar de ella, hasta la conmoción que produjo la tortura y asesinato de Morena, Brenda y Lara: "Simplemente, no tenemos un organismo rector que genere las políticas públicas de protección, porque desde el Ejecutivo dicen que la violencia de género no existe".

(cp)