Este sábado, 5 de septiembre de 2020, Ludmila Pretti fue a una fiesta a seis cuadras de su casa y no volvió. Ya nunca dejará de tener 14 años. La hallaron muerta el lunes, semidesnuda, debajo de una cama. El sospechoso de su feminicidio, prófugo de la Justicia, es un joven de 19. Ocurrió en Francisco Álvarez, partido de Moreno, provincia de Buenos Aires.

Ya antes que Ludmila, hasta 172 mujeres y niñas (y 9 niños u hombres vinculados con ellas) habían sido víctimas de femicidio, como prefieren llamarle en Argentina. Otras 167 se habían librado de intentos de femicidio. Y 193 menores habían perdido a sus madres en lo que va del año. Todo esto, hasta este 3 de septiembre, según datos cruzados de observatorios como el de las ONG Mumalá y La Casa del Encuentro, o el de la Defensoría del Pueblo.

El 20% de estas mujeres había realizado denuncias, y el 10% tenía alguna medida de restricción, como el “botón de pánico”. Todo esto, sin contar otras 27 muertes violentas en proceso de investigación, que elevan el total hasta 208 muertes violentas de mujeres cis, trans o travestis.

Antes, en 2019, el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina (RNFJA) documentó 252 femicidios. La Casa del Encuentro, 299. Por eso este junio, Clarín, el diario de mayor tirada del país, publicó un obituario de varias páginas con los nombres de más de 300 mujeres y niñas víctimas de feminicidios. Muchos nombres. Y, sin embargo, ni remotamente estaban todos.

¿Qué ha hecho Argentina contra los femicidios?

“En Argentina se ha avanzado mucho en materia legislativa para la protección de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. El trabajo de las colectivas feministas, tanto en las áreas teóricas como en los territorios, y los reclamos que se realizaron en consecuencia, se vieron reflejados en leyes nacionales y provinciales, explica a DW Ada Rico, presidenta de la asociación civil La Casa del Encuentro y directora de su Observatorio de Femicidios.

Por eso, “el cuerpo normativo que hoy tiene Argentina en materia de violencia hacia las mujeres es modelo para varios países de la región“, asegura Rico y enumera: leyes de protección integral e identidad de género; una ley para la creación de un cuerpo de abogados y abogadas especializados; la modificación del código civil y comercial con la privación de responsabilidad parental a femicidas; leyes de paridad de género en ámbitos de representación política y de reparación económica para niños, niñas y adolescentes; la Ley Micaela sobre la capacitación en género para funcionarios públicos, y el reciente cupo laboral trans.

Argentina es parte, además, de la veintena de países latinoamericanos y caribeños que tipifican el “femicidio” o “feminicidio” como delito específico en sus códigos penales o, en el caso argentino, como un tipo de homicidio agravado.

El país tiene una línea gratuita de atención, asesoramiento y contención en situaciones de violencia de género, las 24 horas de los 365 días del año, por teléfono (144), WhatsApp (1127716463), correo electrónico (linea144@mingeneros.gob.ar) o app. La atiende un equipo interdisciplinario capacitado en perspectiva de género. Y contempla todos los tipos de violencia descritos en la ley: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, política, doméstica, institucional, laboral, contra la libertad reproductiva, obstétrica, mediática y en el espacio público.

En Argentina, hace cinco años, surgió el movimiento “Ni una menos”, pionero en la lucha contra la violencia machista en América Latina. Y, desde diciembre, el país tiene un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Su ministra, Elizabeth Gómez Alcorta, es una abogada de derechos humanos y académica feminista. A inicios de julio, presentó un “Plan Nacional de Acción contra las violencias por motivos de género (2020-2022)”, especialmente contra los femicidios, "establemente altos" hace años, recordó la ministra.

El Plan pone a la lucha contra el machismo en un lugar prioritario de la agenda de gobierno, reconoce la labor de organizaciones de la sociedad civil, de base y políticas en la lucha por los derechos de las mujeres y personas LGBTI+, y en la creación de observatorios de violencias de géneros, refugios, redes de prevención de violencias, capacitaciones, entre otros. Pero asume, a la vez, que estas son “competencias inexcusablemente estatales”.

Sin embargo, advierte un informe de la ONU de 2019, legislar no basta para frenar el número de asesinatos de mujeres y niñas por motivos de género. Quizás por eso, y pese a su legislación, América Latina sigue siendo el segundo continente más letal para las mujeres, tras África, con 14 de los 25 países con más altas tasas de feminicidio en el mundo, unos 12 al día.

¿Qué más pueden y deben hacer el Estado y la sociedad civil?

Al menos 117 de los femicidios de 2020 en Argentina tuvieron lugar desde el 20 de marzo, cuando el Gobierno estableció un período de Aislamiento Social Preventivo Obligatorio para contener la pandemia de COVID-19. Pese a nuevos protocolos de comunicación y prórrogas automáticas de medidas cautelares contra victimarios de violencia de género vencidas durante la cuarentena, al estar encerradas con su agresor, más mujeres llamaron al 144 y más mujeres murieron: a golpes, violadas hasta la muerte, apuñaladas, baleadas.

Y es que, para prevenir y abordar esta “otra pandemia” regional y mundial, “la Policía, los sistemas de justicia penal y los servicios sociales y de salud deben proporcionar una gama más completa de servicios coordinados”, recomienda la ONU. Además, los hombres deben participar en los esfuerzos para combatir la violencia en relaciones íntimas de pareja y en el entorno familiar, así como “en el cambio hacia normas culturales alejadas de la masculinidad violenta y los estereotipos de género”, insiste el informe internacional. 

En Argentina, efectivamente, “falla el poder judicial, tardan muchísimo y, en muchos casos hay jueces que son absolutamente machistas”, comenta a DW la directora Ejecutiva de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), Monique Altschul. “Muchísimas de las mujeres víctimas de femicidio habían hecho denuncias varias veces, tenían un botón antipánico; y sus victimarios, medidas cautelares, tobilleras electrónicas” y, aún así, fueron asesinadas, lamenta.

Además, pese a todos los esfuerzos del Estado, la sociedad civil y organizaciones de base como las colectivas feministas, los servicios de atención a las víctimas no dan abasto pues, especialmente en el interior del país, no son suficientes ni suficientemente conocidos o asequibles, dice.

Imprescindible: el cambio cultural 

Que el número de femicidios se mantenga estable tras 20 años de Gobiernos de distinto signo político, crisis económicas e institucionales y avances en reconocimiento de derechos, habla de lo "complejo y estructural de ese fenómeno" en Argentina, insistía en julio la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad.

“Estamos convencidas de que  la violencia sexista, producto de un sistema machista, misógino y homofóbico, puede ser erradicada“, insiste la presidenta de La Casa del Encuentro, que publicó el primer informe sobre femicidios en el país en 2008 y creó su Observatorio de Femicidios en 2009, basado en los casos publicados en medios de comunicación como única fuente, a falta de datos oficiales.

Este y otros observatorios, que comenzaron a proliferar en el país con el movimiento “Ni una menos”, creados por distintos  sectores político-partidarios, e incluso en el seno de la Corte Suprema de Justicia (a partir de 2015) y la Defensoría del Pueblo (desde 2016), son una herramienta valiosa para generar conciencia y propiciar el cambio cultural necesario, coinciden las expertas. Pero “cuando el femicidio se concreta, pone al descubierto todas las violencias que no fueron atendidas” y nos recuerda, otra vez, la necesidad de poner el foco en la prevención, subraya Rico.

Por eso, considera imprescindible “la aplicación efectiva de la ley de Educación Sexual Integral en las escuelas como un paso fundamental para transformar las relaciones entre los géneros, formando a niñas, niños y adolescentes en una sociedad igualitaria, equitativa e inclusiva, que elimine los estereotipos  y desnaturalice las violencias.”

Programas como el de la ESI no solo deben servir para empoderar a las chicas, sino también “educar desde edades tempranas a los varones en otros patrones socioculturales”, concuerda Altschul. En este sentido, insiste en la necesidad de contar con la alianza masculina: “varones que hablen a otros varones de estos temas, que no sea solo un tema de mujeres”, dice.

Otra posibilidad de girar el foco hacia los (potenciales) agresores, que ha sido sugerida por la propia ministra argentina de Mujeres, Géneros y Diversidad, recuerda Altschul, es la de crear refugios para los violentos, y dejar de sacar del hogar a las mujeres víctimas de violencia con sus hijos.  

Por otro lado, urge una mejor aplicación de la Ley Micaela, que norma la capacitación de los funcionarios de los tres poderes del Estado: “No basta con darles una clase, tiene que ser una capacitación continua”, reclama Altschul. Solo así, el país puede encaminarse a contar con lo que Rico proyecta como “un poder judicial con perspectiva de género, que garantice protección a las víctimas de violencia sexista.”

Para ese futuro soñado, donde ser mujer no se pague tantas veces con la vida, Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, pide la asignación de un presupuesto adecuado para  llevar a cabo las políticas de género en todas las dependencias del Estado (nacional, provincial y municipal); así como medios que ejerzan la comunicación con responsabilidad social, ética, lingüística. Pues solo con “un compromiso desde todos los sectores -políticos, jurídicos, civiles y mediáticos- se puede salir de ese círculo vicioso”, que ha terminado con la vida de casi 3.500 mujeres y niñas (incluidas personas trans y travestis), y más de 270 hombres y niños vinculados con ellas, desde que Argentina lleva ese registro, en 2008.

(cp)