La decisión sobre el cuerpo de una mujer solo puede tomarla ella misma. Ese es el principal argumento de quienes defienden la legalización del aborto. Para el movimiento feminista, que aún sea ilegal es una prueba de que no solo la sociedad es machista, sino que también las leyes lo son.

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, proclama uno de los proyectos en discusión. Los abortos clandestinos provocan la muerte de multitud de mujeres que no tienen acceso a una atención sanitaria digna cuando toman la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.

Amnistía Internacional calcula que, pese a ser estos ilegales, se realizan alrededor de 450.000 abortos anuales en Argentina. Su criminalización, por tanto, no evita que miles de mujeres acudan a métodos abortivos. Las feministas piden únicamente que quien quiera acudir a esta alternativa, pueda hacerlo sin poder en riesgo su vida.

Los colectivos antiabortistas dicen defender la "vida". Para ellos, el feto ya es un bebé, visión, a menudo, enraizada en una interpretación religiosa del universo. Su principal argumento es que el derecho a la vida del no nacido está por encima del derecho a la madre de decidir sobre su propio cuerpo.

Una de las grandes críticas feministas a estos grupos "provida" es que, según ellas, no les preocupa la vida de las mujeres. Muchos antiabortistas, sin embargo, creen que legalizar la interrupción voluntaria del embarazo haría aumentar la cifra de abortos, que para ellos son muertes provocadas de niños por nacer.

Luego de un debate final de más de 12 horas, el Senado argentino aprobó el 30.12.2021, con 38 votos a favor, 29 en contra y una abstención, la nueva ley 26.170 que permite la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) hasta la semana 14 de gestación. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, dijo que "es un gran triunfo del movimiento de mujeres".

El 14 de enero, el presidente Alberto Fernández promulgó la ley, y auguró "una sociedad más justa". La ley 26.170 "viene a dar respuesta a un gravísimo problema de salud pública, el aborto clandestino. Allí han dejado su vida más de 3.000 mujeres desde que recuperamos la democracia. Hoy venimos a reparar esto”, dijo Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica del gobierno.