Los chilenos se aprestan a optar por el "apruebo” o el "rechazo” a la nueva Carta Fundamental elaborada por la Convención Constitucional. Fernando Atria fue uno de sus integrantes. Hay quienes incluso lo consideran el ideólogo de este proyecto, lo que comenta, en conversación con DW, remitiéndose al afán "de la prensa de poner etiquetas”. Pero no cabe duda de que este abogado, profesor de la Universidad de Chile, es una figura influyente en este proceso, que culminará 4 de septiembre. Con él hablamos sobre el texto sometido a plebiscito y el momento que vive el país.

DW: Las últimas encuestas siguen dando una ventaja al rechazo. ¿Cómo evalúa esta situación?

Fernando Atria: Vamos a ver el 4 de septiembre cuán dividido está el país. No creo que se pueda dar por sentado el resultado del plebiscito en base a las encuestas. Hay varias cosas. La principal es que creo que estamos pasando por lo mismo que pasó el Reino Unido con el brexit, y Estados Unidos, en la elección de Trump, y es que estamos experimentando el impacto que tienen en la comunicación política las tecnologías de la información, el manejo de datos, etc. Ha habido una campaña muy bien financiada de los partidarios del rechazo, de la derecha, en contra de la Constitución, que se basa en cuestiones que no son correctas como descripción del contenido del texto, pero han sido eficaces en el sentido de suscitar dudas en mucha gente. Cuán significativo será eso, lo vamos a ver el 4 de septiembre.

¿Cuáles son los aspectos principales que destacaría de la Constitución propuesta?

Los aspectos principales están enunciados en la frase inicial de la Constitución, que dice: Chile es un Estado social y democrático de derecho, es regional, plurinacional e intercultural y ecológico. Y después dice es una república solidaria, su democracia es inclusiva y paritaria. Creo que esos son los elementos centrales.

Se reconoce la importancia y centralidad de los derechos sociales: derecho a la educación, a la salud, a la seguridad social, a la vivienda, a los cuidados, al trabajo… Ese es el corazón de la nueva Constitución.

Plantea que es un Estado plurinacional, que busca una relación de paz y reconciliación con los pueblos originarios, después de 200 años de vida independiente. En Chile, esa relación ha sido más bien tóxica. Y es un Estado Regional, porque la nueva Constitución pretende reorganizar la distribución territorial del poder.

Plantea explícitamente un Estado ecológico…

Yo creo que esta es de las primeras constituciones, sino la primera, que se debate no solo en condiciones de crisis ambiental -eso no es nuevo-, sino también de autoconciencia de la crisis ambiental. Y eso ha llevado a que la preocupación por la naturaleza y sus derechos -porque la Constitución le reconoce derechos- haya estado en el centro de la discusión constituyente.

¿Qué significará esto en un país donde la minería, por ejemplo, tiene un papel central? ¿Qué cambio profundo en la economía supondría esto?

Efectivamente, supone un cambio considerable. La Constitución fija los nuevos términos, en el sentido de que, al reconocer derechos a la naturaleza, le pone urgencia a las medidas orientadas a proteger esos derechos. Pero, en los hechos, Chile está enfrentado, como todo el mundo, a la pregunta de cómo la conciencia de la crisis climática y ambiental ha de llevar a encontrar un nuevo balance entre desarrollo económico y naturaleza. Esa es una cuestión que no está respondida, a mi juicio, en ninguna parte. (…) La Constitución, por lo mismo, no podía proponer una solución definitiva a una cuestión que es una preocupación en el mundo entero. Lo que hace es poner la urgencia de la dimensión ambiental, y eso se traducirá en políticas orientadas a respetar los derechos de la naturaleza, que tienen que ser discutidas y decididas en Chile, como están siendo discutidas y decididas en el resto del mudo ante la crisis que se avecina, o que ya está entre nosotros.

Y, en cuanto a los derechos sociales, ¿cómo se puede garantizar que esto se lleve a la práctica?

El texto constitucional, por cierto, no es suficiente, pero sí es necesario para dejar atrás esta idea de un Estado subsidiario que, en Chile, a diferencia de Europa, significa Estado neoliberal. Y se refleja en la mercantilización de áreas sociales, porque se entiende que el Estado solo puede actuar en materias de educación, de salud, en la medida en que no haya mercados privados que puedan actuar adecuadamente. Esa es la comprensión que se tenía en Chile del principio de la subsidiariedad.

La nueva Constitución lo que hace es desechar esa idea y reemplazarla por la de un Estado social, que, por cierto, no implica la realización inmediata de los derechos, pero sí es una condición necesaria para empezar a construir los sistemas o los servicios que esos derechos requieren. Esta Constitución entiende los derechos sociales no como una promesa de provisión individualizada, sino como la necesidad de que esas esferas de la vida -como educación, salud, seguridad social, vivienda- se organicen de modo de asegurar a todos condiciones de igualdad. Por ejemplo, el correlato del derecho a la salud no es un conjunto de prestaciones que se le asegura a cada individuo; es la existencia de un sistema nacional de salud que es universal, público e integrado, de modo tal que el acceso a la protección de la salud dependa de condiciones de necesidad, y no de capacidad de pago.

¿Cómo ve el escenario en caso de que gane el rechazo?

Yo lo veo como un callejón sin salida. Porque el pueblo chileno ya decidió en plebiscito, en octubre de 2020, que Chile necesitaba una nueva Constitución, y también decidió que ella debía darse a través de una Convención Constitucional. Por consiguiente, yo creo que, políticamente hablando, lo único que corresponde hacer en caso del rechazo es convocar una nueva Convención Constitucional. El problema es que, desde el punto de vista jurídico, el efecto del rechazo es que simplemente continuaría vigente la Constitución de 1980. No hay más.

(cp)