La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) pidió este viernes (06.10.2017) al Gobierno de Chile que desista de aplicar la ley antiterrorista contra miembros del pueblo mapuche, juzgados como presuntos autores de atentados en el sur del país.

Los procesos judiciales en el marco terrorista "terminan frecuentemente en absolución, y generan graves consecuencias en los mapuches, en sus líderes y autoridades religiosas, por prisiones preventivas prolongadas y privación de libertad", afirmó en una rueda de prensa en Temuco el abogado argentino Matías Duarte.

La FIDH envió a Chile una misión de observación "de urgencia" esta semana, motivada por el aumento del uso de la ley antiterrorista por el Estado chileno para "perseguir" a mapuches, con 23 comuneros imputados por ataques incendiarios, uno con resultado de muerte, y asociación ilícita.

El organismo se mostró consternado por la denominada Operación Huracán, que hace algunas semanas derivó en el arresto "violento" de ocho comuneros, por la aparente comisión de incendios en la sureña región de La Araucanía, que se investigan mientras cumplen prisión preventiva.

La FIDH sigue además de cerca el juicio contra once mapuches acusados del incendio en el que dieron muerte al matrimonio septuagenario Luchsinger-Mackay en 2013, así como la huelga de hambre que protagonizaron otros cuatro comuneros por más de 110 días, imputados por quemar una iglesia evangélica en 2016. En estos casos, en los que el Ministerio del Interior es querellante, la mayoría de los acusados cumple un año y medio en prisión preventiva, "sin pruebas serias en su contra y en abierta violación al derecho de presunción de inocencia", alegó la organización.

Se deben respetar los derechos de los enjuiciados

En esta línea, la FIDH y el Observatorio Ciudadano chileno demandaron este viernes al Gobierno "garantizar el respeto a los derechos de los enjuiciados, a la presunción de inocencia y a un juicio justo", celebrado en un plazo de tiempo "razonable". También condenaron el uso "abusivo y desproporcionado" de la violencia en contra de mapuches, incluidos niños, mujeres y ancianos, por parte de la policía, que consideran "una práctica reiterada", sancionada por tribunales internacionales.

Llamaron además a respetar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la diferenciación entre los pueblos indígenas y la población general, de acuerdo con su identidad cultural. Asimismo, pidieron al Ejecutivo asumir obligaciones contraídas al ratificar el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las declaraciones de la ONU sobre derechos indígenas, en línea con peticiones territoriales, de reconocimiento y de paz del pueblo mapuche.

EAL (efe, FIDH)