Según la ex ministra de Bienestar Social y Desarrollo, Lina Laigo, a medio locales, "nadie se molestó en investigar las circunstancias de sus crímenes". Laigo, ahora directora ejecutiva del Consejo para el Bienestar de los Niños, señaló que, en algunos casos, los niños fueron juzgados como adultos debido a la ausencia de certificados de nacimiento, a pesar de que "existen otros medios para determinar la edad de una persona". La ex ministra, que junto a la UNICEF y el Ministerio de Bienestar Social presionan al Congreso para que apruebe la Ley General de Justicia Juvenil, que trata de impulsar la protección de los niños ante la justicia, agregó que un 80% de los menores encarcelados fueron encerrados tras la comisión de su primer delito.

Desde que la pena de muerte fue restablecida en Filipinas por el ex presidente Fidel Ramos en 1994, cerca de 2.000 personas han sido condenadas al castigo máximo, de los que siete han sido ejecutados, todos ellos bajo el gobierno del ex presidente Joseph Estrada (1998-2001).