En una ceremonia solemne en La Haya, los 18 jueces que integran la Corte Penal Internacional, CPI, prestaron juramento y eligieron, por unanimidad, al jurista canadiense Philippe Kirsch como primer presidente.

La ceremonia pública en presencia de la reina Beatriz de Holanda y del secretario general de la ONU, Kofi Annan, así como cientos de invitados, marcó la toma de posesión efectiva de los miembros de la Corte. 11 hombres y 7 mujeres juzgarán en el futuro las violaciones más graves de los derechos humanos ocurridas en el mundo, de no ser perseguidas por los tribunales nacionales.

La creación del Tribunal es, sin duda, el mayor paso dado por la justicia internacional y sería un mensaje claro a los autores de delitos de lesa humanidad de que la impunidad ha terminado, si no fuera por los numerosos países que se oponen a ella. El Estatuto de Roma de 1998 que propuso su creación ha sido suscrito hasta ahora por 89 países.

Sin embargo, potencias atómicas y geopolíticas como China, Rusia, India, Israel, Libia e Irak, siguen sin adherirse a él. Estados Unidos es el país que mas enérgicamente rehusa supeditarse jurídicamente a la Corte. A pesar de que el gobierno de Bill Clinton suscribió el Estatuto, la administración Bush retiró su firma.

Ofensiva militar

Estados Unidos ha boicoteado la credibilidad de la CPI presionando a otros países para que otorguen inmunidad a sus ciudadanos. Washington ha firmado un total de 22 tratados bilaterales que protegen a sus soldados y funcionarios de ser perseguidos y procesados por la Corte. Por si esto no fuera suficiente, el congreso estadounidense aprobó una ley que autoriza al presidente el uso de la fuerza militar, para liberar a sus ciudadanos si fueran detenidos por la Corte.

Es difícil imaginarse lo que pasaría en ese caso: La Haya, sede de gobierno de Holanda, país miembro de la OTAN, sería invadida por tropas estadounidenses. Durante la ceremonia de apertura, no muy lejos de ahí, un grupo de activistas levantó una barricada con sacos de arena para proteger el puerto de Scheveningen de una posible invasión estadounidense. Una acción de protesta por la posición de Washington.

Jurisdicción limitada

La CPI podrá juzgar presuntos crímenes cometidos desde julio de 2002, cuando nació oficialmente. Sólo tramitará casos cuando los acusados procedan de un país miembro del tribunal, o si el crimen es cometido en territorio de un país miembro, a menos de que el propio Consejo de Seguridad de la ONU presente el caso. "No puede haber paz sin justicia" dijo el Secretario General de la organización mundial, Kofi Annan, en la ceremonia de apertura. El diplomático destacó la importancia del tribunal, ya que puede disuadir a algunos, "al saber que un día podrían ser llamados a rendir cuentas ante la justicia". Desde su creación oficial, la Corte ha recibido más de 200 demandas, pero mientras no se haya nombrado un fiscal, no se dictaminará sobre ellas.

A pesar de que podrían transcurrir años antes de que la Corte inicie su primer proceso, el inicio de sus gestiones está cargada de simbolismo. Ya existe una instancia que tiene competencia para juzgar crímenes de guerra y actos de genocidio; un tribunal que, de contar con el apoyo de Estados Unidos, podría enjuiciar a Saddam Hussein por todas las atrocidades que ha cometido.