Tan sorpresivo no fue el anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Previamente se había resuelto el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para inmigrantes de Haití y Nicaragua. Ahora le toca el turno a El Salvador. Solo que el problema tiene otras dimensiones. Si en el caso de los haitianos la medida afecta a unas 60.000 personas, y en el de los nicaragüenses a cerca de 2.500, los salvadoreños que deberán dejar Estados Unidos hasta septiembre de 2019 –o encontrar otra forma de legalizar su permanencia – serían aproximadamente 195.000.

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Un drama social

"Es una decisión catastrófica por donde se la vea, pero que responde a la lógica de Trump, de volver a Estados Unidos un país blanco, de regresar a los orígenes, de poner al trabajador estadounidense primero", opina el Dr. Carlos A. Pérez Ricart, investigador de la Universidad de Oxford. El académico habla derechamente de una catástrofe humanitaria: "No hay otra manera de calificarlo, en caso de que se cumpla. Sería la expulsión de esta gente, pero no de sus hijos, que son ciudadanos estadounidenses. Gente que no tiene raíces en El Salvador y que son más estadounidenses que salvadoreños".

El argumento de Washington parece en principio plausible. Alega que "ya no existen las condiciones originales causadas por los sismos", que fueron el motivo por el que se concedió en 2001 el Estatus de Protección Temporal a 263.282 salvadoreños en Estados Unidos.

Pero, de ahí a que estén dadas las condiciones en El Salvador para su regreso, hay un trecho enorme. "Creo realmente que las condiciones sociales a las que se va a enfrentar El Salvador son dramáticas; prepararse para el regreso de casi 200.000 personas en 18 meses resulta prácticamente imposible", indica por su parte el ex encargado en San Salvador de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana a la socialdemocracia alemana.

Violencia exportada

A los problemas económicos  del país centroamericano se suman los altos niveles de violencia, que lo convierten en uno de los más peligrosos de la región e incluso del mundo, con una tasa de homicidios de 60 por cada 100.000 habitantes en 2017.

Los expertos coinciden en que en la génesis de este fenómeno de violencia, protagonizado por pandillas criminales conocidas como "maras", está otra oleada de retorno de salvadoreños que había emigrado a Estados Unidos huyendo de la guerra civil. "Las maras originalmente fueron fundadas por salvadoreños que vivían en Estados Unidos", indica el ex representante de la FES. O, como lo plantea Pérez Ricart, "se crearon en Estados Unidos y luego fueron exportadas a El Salvador".

"Un gran retroceso"

En consecuencia, el especialista ve en un retorno masivo de salvadoreños un potencial explosivo. "Es caldo de cultivo para la delincuencia y la corrupción", advierte, aunque estima que muchos de los afectados por la medida probablemente optarán por quedarse en Estados Unidos y pasarán a la ilegalidad. "Entonces van a perder su seguro médico, su trabajo, diversos beneficios estatales, etc.", señala, pero también la economía estadounidense podría resentirse, porque son personas que están insertas en el mundo laboral. Además, hace notar que para cualquier Estado no es positivo tener poco control sobre una parte de sus habitantes.

Que el TPS perdiera su carácter de programa temporal para abrir las vías a la obtención de la nacionalidad estadounidense o de un permiso de residencia permanente era la aspiración de miles que ahora se ven ante la amenaza de ser devueltos a su lugar de origen el año entrante. "La respuesta lógica a la situación era: vamos a dar pie para que este programa que era temporal, se vuelva de alguna forma permanente", afirma el académico de Oxford. Durante el Gobierno de Barack Obama hubo esperanzas de lograrlo. Pero ahora esas esperanzas se diluyen con el anuncio de Washington de poner fin al TPS. "Es totalmente irresponsable eliminarlo por completo y sacar a la gente del país", afirma Pérez Ricart, que califica la medida del Gobierno de Trump de "gran retroceso".

Emilia Rojas Sasse (VT)

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