Las llamadas “autodefensas” surgieron en enero de 2013 en el estado mexicano de Michoacán con el objetivo de defender a la población de los secuestros, extorsiones y asesinatos del cártel de los Caballeros Templarios, y lograron avanzar a 30 comunidades, despertando temores por que se convirtieran en una fuerza paramilitar fuera de control.

Inicialmente el grupo fue tolerado por el gobierno mexicano, pero el pasado 28 de abril los líderes del movimiento y las autoridades pactaron un acuerdo para deponer las armas que concluye este 10 de mayo.

“No es un proceso de desmovilización. Se trata de un proceso en el que parte de las autodefensas se convertirían en guardias rurales. Es un proceso de regularización y no de desmovilización, porque hasta el momento no hemos visto un proceso de reinserción de estos efectivos en la vida social y productiva”, afirma el politólogo Günther Maihold, que dirige la cátedra Humboldt en el Colegio de México.

Justicia por mano propia

Las autodefensas llegaron a desarmar a policías municipales o a relevar de sus funciones a presidentes municipales. Se cuestiona todavía la proveniencia de sus armas, algunas de grueso calibre, cuyo uso está reservado al ejército. Hasta el viernes nueve de mayo estos grupos habían registrado 6.422 armas ante militares y se habían reclutado más de 3.330 hombres para ingresar a las nuevas filas de la fuerza rural estatal. Las autodefensas dicen contar con 20.000 miembros entre sus filas. El comisionado de seguridad para Michoacán, Alfredo Castillo, cifró el número de armas en manos de las autodefensas de Michoacán en cerca de 7.000, entre ellas 4.497 de grueso calibre, de uso exclusivo del ejército.

“Ha sido acertado tratar de controlar a las autodefensas a través de un proceso de registro y de vinculación con las autoridades locales. Es oportuno, sin embargo, es apenas el inicio y no se sabe si las autoridades estatales y federales serán capaces de garantizar las condiciones de seguridad en Michoacán”, añade Maihold.

No hay aún condiciones de seguridad en Michoacán

Aunque el gobierno federal ha logrado la detención de algunos de los líderes de los Caballeros Templarios y desplegó desde el año pasado a miles de soldados y policías para controlar la situación, la seguridad en Michoacán sigue siendo uno de los desafíos del presidente Enrique Peña Nieto. Además, el ultimátum vence en un momento en el que hay una profunda división entre sus líderes y se han infiltrado grupos criminales entre sus filas.

“Seguramente tiene que haber un proceso para aclarar quienes están en estos grupos, sabemos que hay elementos criminales dentro, que se les relaciona con los cárteles de la Familia Michoacana o los Caballeros Templarios. También tienen que garantizarse las condiciones de seguridad en el Estado y fomentar la reinserción del resto de sus miembros en la sociedad civil y la economía formal”, indica Maihold.

Hace unos días, el cofundador de las autodefensas y su líder más visible, José Manuel Mireles, fue separado del Consejo de autodefensas y desconocido como portavoz. El carismático médico cirujano, de bigote blanco y sombrero tejano, adjudicó su destitución a una represalia de las autoridades y aseguró que continuará en un movimiento de autodefensas -sin armas- a nivel nacional y con respaldo de líderes sociales que luchan contra la inseguridad y la impunidad.