En diciembre de 2001, el gobierno del entonces presidente Fernando de la Rúa decretó en Argentina una restricción a las disposiciones de dinero en efectivo en plazos fijos, cuentas corrientes y cajas de ahorro. Esto se conoció en el país, y en todo el mundo, como el "corralito bancario", que pretendía evitar la fuga de capitales y el colapso del sistema bancario argentino.

La medida también significó una auténtica pesadilla para los ahorradores o tenedores de bonos, argentinos y extranjeros, que habían establecido cuentas en dólares a la paridad uno a uno. Pero dicho tipo de cambio era insostenible, de acuerdo a las condiciones de la economía argentina, de tal modo que de la Rúa decretó, el 6 de enero de 2002, la llamada "Ley de emergencia pública y reforma del régimen cambiario".

El decreto 214/2002

Casi un mes más tarde, el 3 de febrero de 2002, el mandatario hizo publicar el decreto 214/2002, "Reordenamiento del sistema financiero". En él, se decidía que "Todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero, serán convertidos a pesos a razón de uno con cuarenta centavos ($ 1,40) por cada dólar estadounidense, o su equivalente en otra moneda extranjera. La entidad financiera cumplirá con su obligación devolviendo pesos a la relación indicada."

Se acababan con estos tres pasos las "relaciones carnales" entre la economía argentina y la estadounidense; el sueño del ex presidente Carlos Saúl Menem, para el cual el peso argentino y el dólar estadounidense eran simple y sencillamente lo mismo, se convertía en miseria para miles de argentinos.

¿Expropiación?

Ese mismo año, Stefan Engelsberger ayudaba a fundar en Alemania la asociación Interessengemeinschaft Argentinien (Asociación de Tenedores de Bonos Argentinos en Alemania), cuyo objetivo es representar los intereses de accionistas, ahorradores y tenedores de bonos (bonistas) alemanes afectados por las medidas del gobierno argentino. En entrevista con DW WORLD, él habla de la situación de aquellos días, y evalúa la decisión adoptada este miércoles por la Corte Suprema de Argentina, en cuanto a la devolución de fondos a ahorradores y bonistas.

"Recuerdo muy bien las manifestaciones de la Calle Florida, en Buenos Aires. La paridad había pasado incluso a 3,5 pesos por dólar. Naturalmente, los ahorradores querían su dinero, pero no a un tipo de cambio de 1,40. Por eso se fueron a juicio: lo que sucedió, en los hechos, fue una expropiación. Una de las jueves de la Corte, en su fallo, coincide conmigo", dice Engelsberger.

El especialista se refiere, naturalmente, a la jurisprudencia que desde este miércoles abre las puertas para devolver los fondos en litigio. Engelsberger ve el fallo de la Corte Suprema argentina con ojos críticos: "No fue una decisión conforme al Estado de Derecho, sino una decisión de tipo económico. Se dice a los ahorradores que, al aplicar una tasa de interés de 4 por ciento, los pagos equivaldrán a un tipo de cambio de 3,08 pesos por dólar y que, por ello, deben sentirse satisfechos. Pero, de hecho, hubieran obtenido más ganancias con el tipo de cambio al 3 por uno que a través de esta expropiación."

"Autocracia de Kirchner"

Lo que sucede, a juicio del especialista alemán, es que "están siendo indemnizados por una corte dispuesta a modo por el autocrático presidente de Argentina, Néstor Kirchner. Éste redujo a cinco el número de jueces, quienes además bailan al son que les toque el mandatario. Esta corte no es más que una prolongación del largo brazo del gobierno."

No se trata, según Engelsberger, de un comportamiento aislado. "Los gobiernos expropian cuando así les conviene. En el mundo de las finanzas globales, se trata de poner a salvo a los capitales a través de la diversificación; protegerlos de algunos gobiernos cuando la situación se torna delicada", dice. Y remata: "En Alemania hemos tenido varios ejemplos, desde el proceso inflacionario de 1923 hasta el nazismo, la RDA y la inacción del actual gobierno federal, que no sólo tolera expropiaciones como la de Argentina, sino que las avala".

Según el especialista, en Argentina no existe el Estado de derecho. Por ello, concluye, es poca la esperanza de que los fondos sean restituidos en su valor justo.