Fiscalía de Bolivia ordena detención de Jeanine Áñez
12 de marzo de 2021
La acusa, junto a dos de sus ministros que ya fueron detenidos, de los delitos de "sedición y terrorismo", relacionados con la crisis de 2019 que derivó en la renuncia de Evo Morales a la presidencia.
Publicidad
La Fiscalía de Bolivia emitió este viernes (12.03.2021) una orden de detención contra la expresidenta Jeanine Áñez y varios de sus ministros por sedición y terrorismo, cargos vinculados a un supuesto golpe de Estado contra el exmandatario Evo Morales. Dos de sus exministros ya han sido detenidos.
Agentes de la Policía y la Fiscalía permanecen a las afueras de la residencia de Áñez en la ciudad de Trinidad, en el departamento amazónico de Beni, para proceder con la detención.
La exlegisladora del partido oficialista Lidia Patty denunció en diciembre pasado que Áñez, varios de sus exministros, exmilitares, expolicías y civiles habían promovido el derrocamiento del izquierdista Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.
Las primeras reacciones
El presidente de la Cámara de Senadores, el oficialista Andrónico Rodríguez, dijo que las órdenes de arresto contra Áñez y varios de sus exministros son un acto de "justicia" y que no se trata de "persecución", como denuncia la oposición boliviana.
"No es persecución, es justicia", expresó Rodríguez a través de sus redes sociales, según un comunicado del Senado.
Rodríguez sostuvo que "lo que hubo en 2019" tras las fallidas elecciones en Bolivia fue un "golpe de Estado" y un "golpe a la democracia".
De la misma forma, Segundina Flores, la líder de las Bartolinas, un colectivo de mujeres indígenas que es parte del oficialista MAS, pidió que también se aprehenda a los expresidentes Carlos Mesa, Jorge Quiroga, como también al exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín.
Por el contrario, Comunidad Ciudadana, la principal fuerza opositora en el Parlamento, señaló que los autores del supuesto fraude electoral en 2019 "se amnistían y pretenden ser víctimas" y denunció que se comenzó "un proceso brutal y arbitrario de persecución política".
También sostuvo que estas acciones son un "atentado contra la libertad y que es una ofensa a los millones de bolivianos" que lucharon por la democracia.
lgc / gs (afp. efe, La Razón)
América Latina: escándalos judiciales de expresidentes
Empezamos con Perú porque es el país sudamericano con más expresidentes en prisión.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alberto Fujimori (1990-2000)
Se encuentra en la cárcel cumpliendo una condena de 25 años por varios delitos, como corrupción, peculado, usurpación de funciones, por desviar fondos y por su responsabilidad en el asesinato de estudiantes de La Cantuta.
Imagen: Reuters
Perú: Ollanta Humala (2011 -2016)
Humala y su esposa, Nadine Heredia, se encuentran en la cárcel cumpliendo prisión preventiva por dieciocho meses. A ambos se les acusa de lavado de activos por los aportes que recibió su partido político en las campañas electorales de 2006 y 2011.
Imagen: picture-alliance/dpa
Perú: Alejandro Toledo (2001-2006)
Se encuentra prófugo de la Justicia. Existe una orden de captura por presuntos delitos de tráfico de influencias, lavado de activos y colusión. Se le acusa de haber recibido sobornos por 20 millones de dólares de la constructora Odebrecht.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/K. Navarro
Perú: Alan García (1985-1990 / 2006-2011)
Se ha visto involucrado en varios casos judiciales, pero ha logrado salir airoso de todos. Sobre él pesaban acusaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y violaciones de los derechos humanos. El escándalo más sonado durante su gobierno fue el de los ‘petroaudios’, que revelaron un presunto manejo irregular en licitaciones de lotes petroleros en beneficio de una empresa extranjera.
Imagen: Mirra Banchon
Argentina: Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)
Sobre Kirchner pesan varias acusaciones: por el presunto delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado y por presunto blanqueo de capitales. Además, fue acusada de encubrir a los sospechosos iraníes del atentado perpetrado en 1994. El próximo 9 de noviembre deberá declarar ante el juez por los supuestos delitos de lavado de dinero por el caso “Hotesur”.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. La Valle
Brasil: Lula Da Silva (2003-2010)
En julio de este año, la Justicia lo condenó, en primera instancia, a nueve años y medio de prisión por los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero. El 9 de septiembre el expresidente brasileño deberá declarar ante la Justicia por los supuestos sobornos que habría recibido del grupo Odebrecht.
Imagen: Getty Images/AFP/M. Schincariol
Brasil: Dilma Rousseff (2011-2016)
En el año 2016 afrontó un juicio político por presuntas manipulaciones de las cuentas públicas para ocultar el déficit fiscal, conocidas como “pedaladas fiscales” en portugués. Rousseff fue destituida como presidenta en agosto de 2016.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gomes
Bolivia: Luis García Meza (1980-1981)
En 1993, fue condenado a 30 años de prisión, sin derecho a indulto, por crímenes de lesa humanidad. Actualmente se encuentra en prisión cumpliendo su condena, que concluye en el año 2025.
Imagen: GONZALO ESPINOZA/AFP/Getty Images
Bolivia: Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003)
La Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia aprobó en 2016 un juicio de responsabilidad en su contra por presuntos delitos de contratos lesivos al Estado. En 2003, renunció a la presidencia y huyó a Estados Unidos.
Imagen: AP
Colombia: Álvaro Uribe (2002-2010)
Fue acusado de haber presionado y amenazado a los magistrados que revisaban el proceso contra exfuncionarios por las chuzadas del DAS, escándalo surgido tras las interceptaciones telefónicas y seguimientos ilegales durante su pasado gobierno. En 2016, la Corte Suprema falló a favor de Uribe.
Imagen: picture-alliance/dpa/M. Duenas Castaneda
Paraguay: Fernando Lugo (2008-2012)
Fue destituido de su cargo como presidente por un controvertido juicio político alegando mal desempeño en sus funciones. La mayoría de los gobiernos latinoamericanos de ese entonces condenaron dicha destitución, calificándola de 'ruptura del orden democrático'.