La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció este martes (28.05.2024) ante los fiscales anticorrupción que la investigan por la desactivación de la unidad policial que allanó su vivienda en el caso Rolexgate, en una nueva causa abierta por el presunto delito de abuso de autoridad. El fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, investiga la desactivación del equipo policial que arrestó al hermano de la presidenta.

El hermano de la mandataria, Nicanor Boluarte, fue puesto en libertad el pasado 17 de mayo por un tribunal que determinó que no había riesgo de fuga ni de obstaculizar el proceso abierto en su contra, una semana después de su detención preliminar por la presunta comisión del delito de tráfico de influencias.

Más de dos horas y media de declaración

La diligencia de hoy transcurrió en reserva durante casi tres horas en la Fiscalía de Lima, luego de la cual Boluarte se retiró con su custodia policial sin hacer declaraciones a la prensa. Fuera del edificio de la Fiscalía, una decena de manifestantes antigubernamentales exhibía carteles pidiendo "cárcel para la usurpadora", en alusión a la mandataria.

La fiscalía investiga preliminarmente a Boluarte por abuso de autoridad y encubrimiento personal, en calidad de instigadora desde la cúspide del poder. El abogado de la mandataria, Juan Carlos Portugal, indicó que su defendida respondió cincuenta preguntas a cuatro fiscales. "La presidenta respondió absolutamente todo, pese a que muchas preguntas del Ministerio Público eran altamente capciosas y sugestivas", dijo.

Otros casos pendientes

En la investigación está comprendido el exministro del Interior Walter Ortiz, acusado de haber cometido el delito contra la administración de justicia por ordenar el 9 de mayo la cancelación del equipo policial especial que apoya a la Fiscalía en operativos anticorrupción contra altos funcionarios. El gobierno justificó la acción alegando que existía otra división policial que podía cumplir esa función.

La presidenta peruana está, además, bajo la mira de la Fiscalía en otros dos casos por los que ha sido denunciada ante el Congreso como parte de un antejuicio político. La denuncia más reciente fue entregada al Parlamento el lunes por el fiscal general Juan Carlos Villena, que la acusó del presunto delito de cohecho (soborno) en el marco del escándalo de relojes de lujo conocido como Rolexgate.

En noviembre pasado la Fiscalía la denunció por el presunto delito de homicidio, como responsable de la represión a las protestas que dejaron más de 50 muertes tras su llegada al poder el 7 de diciembre de 2022. Boluarte, quien cumplirá 62 años este viernes, solo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, según fija la Constitución.

lgc (afp, efe)