Líderes independentistas catalanes, acusados de rebelión
2 de noviembre de 2018
La Fiscalía española acusó a los líderes del proceso soberanista catalán por un delito de rebelión y pidió para ellos entre 25 y 16 años de prisión.
Oriol Junqueras, ex vicepresidente del Gobierno catalán. Imagen de archivo, 2017.Imagen: picture-alliance/AP Photo/P. White
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La Fiscalía española pidió hoy 25 años de prisión para el ex vicepresidente del Gobierno de Cataluña Oriol Junqueras y entre 16 y 17 años para otros ocho procesados por el referéndum independentista celebrado en la región en octubre de 2017.
El ministerio público considera que todos ellos cometieron un delito de rebelión, uno de los más graves del código penal español, penado hasta con 30 años de cárcel. En total, hay 18 acusados por el proceso independentista. A otros nueve la Fiscalía los acusa de malversación o desobediencia grave.
Además de Junqueras, la Fiscalía de la Audiencia Nacional acusa de un delito de rebelión al mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero por su participación en el "procés" y le pide una pena de 11 años de cárcel, con el argumento que fue una "pieza clave" para "llevar a cabo el plan secesionista" catalán. El ministerio público agrava así la calificación que hizo la jueza Carmen Lamela, quien procesó a Trapero por dos delitos de sedición y uno de pertenencia a la organización criminal por haber consentido la celebración del referendum del 1-O y no haber frenado el asedio a la Conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017.
Josep Luis Trapero líder de la Policía catalana.Imagen: picture-alliance/AP Photo/M. Fernandez
En su escrito de acusación, la Fiscalía también pide 11 años de cárcel por rebelión para el exdirector de los Mossos Pere Soler y para el ex secretario general de Interior César Puig, segundo de Joaquim Forn, mientras que acusa solo de sedición a la intendente de los Mossos Teresa Laplana, para quien pide 4 años de prisión.
Prisión e inhabilitación absoluta
El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, y el fiscal de este tribunal Pedro Rubira consideran que Trapero, Soler y Puig incurrieron en el delito de rebelión en su apartado referido a declarar la independencia de una parte del territorio nacional y también por "sustraer cualquier clase de fuerza armada a la obediencia del Gobierno". Lo hicieron, no en calidad de jefes (lo que habría supuesto una pena de 15 a 25 años de cárcel) sino ejerciendo como "mandos subalternos", lo que comporta penas de entre 10 y 15 años. Los fiscales les piden por ello 11 años de prisión y los mismos años de inhabilitación absoluta.
En el caso de Teresa Laplana consideran que incurrió en un delito de sedición, pero no como autora principal o como persona constituida en autoridad -lo que comportaría penas de hasta 15 años- sino dentro del apartado que recoge otros casos de participación en la sedición, que supone penas de entre 4 y 8 años. Además de 4 años de prisión, a la intendente le piden 5 años de inhabilitación para ser mosso d'esquadra.
Los fiscales creen que los encausados constituyeron en los meses de septiembre y octubre de 2017 "una pieza clave para, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de las órdenes emanadas por los tribunales de justicia".
Reacciones de la Generalitat
El departamento de Economía de la Generalitat desplegó este viernes una gran pancarta en la fachada de su sede en Barcelona pidiendo la libertad de los políticos presos, tras la acusación de la Fiscalía a los líderes del "procés" por rebelión. La pancarta, colgada en la sede de la consellería en la Rambla de Catalunya con el lema "Llibertat presos polítics", es de color amarillo y en ella aparece también una fotografía del líder de ERC y exvicepresidente y exconseller de Economía, Oriol Junqueras.
El proceso judicial por el referéndum independentista catalán marca un punto de inflexión en un momento delicado en la política española, con el Gobierno de Sánchez en minoría en el Parlamento. El mandatario necesita el apoyo de los partidos independentistas
catalanes para sacar adelante iniciativas y aprobar los presupuestos para el próximo año y éstos condicionan su respaldo a un movimiento del ministerio público respecto a los separatistas presos.
Tras la presentación de los escritos de acusación, los abogados de los procesados cuentan con un plazo de cinco días para remitir sus
escritos de defensa al tribunal.
pana (efe/el país/dpa)
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La odisea europea de Puigdemont
España retiró la euroorden de detención contra el expresidente de Cataluña, dado que un tribunal alemán había accedido a extraditarlo para ser juzgado solo por malversación. Pero no es el punto final de esta historia.
Imagen: Reuters/F. Lenoir
Huida a Bruselas
Tras un convulso mes de octubre en Cataluña y ante la perspectiva de la actuación de la Justicia española contra él, Puigdemont huyó a Bruselas. El Gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy lo acababa de destituir como presidente de Cataluña y la Fiscalía se había querellado contra él por rebelión, sedición y malversación.
Imagen: Reuters/F. Lenoir
La internacionalización del conflicto catalán
Además de eludir la actuación de la Justicia española (a la que sí se enfrentaron otros miembros de su antiguo Gobierno), Puigdemont asegura querer "internacionalizar" el conflicto catalán. Es decir, abogar por la causa de la independencia catalana y sumar a esta fuerzas internacionales.
Imagen: Reuters/Y. Herman
Mientras, en España, la cárcel...
Poco después de iniciarse el periplo europeo de Puigdemont, el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y ocho exconsellers del Gobierno catalán entran en prisión. La juez Carmen Lamela decretó su prisión incondicional por alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP/M. Fernandez
Euroorden de detención... y retirada de la euroorden
La Justicia española emite una euroorden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huídos, que se entregan a la Justicia belga. Pero el delito de rebelión no existe en aquel país, por lo que no pueden ser deportados por ese delito. El juez español retira la orden de detención europea. Así evita que Puigdemont sea juzgado en España solo por los delitos que reconoce Bélgica.
Imagen: Reuters/E. Vidal
Con mal pie
Su estrategia de implicar a fuerzas de la UE no empezó con buen pie. Durante una entrevista, Puigdemont definió a la UE como "un club de países decadentes, obsolescentes, en el que mandan unos pocos, además muy ligados a intereses económicos cada vez más discutibles” y “donde hay varias varas de medir”. Incluso dice que los catalanes “deberían decidir si quieren pertenecer a esta UE".
Imagen: Reuters/E. Vidal
De conferencia en conferencia
"¿Aún importa la independencia en la Europa del siglo XXI?" se titula el encuentro celebrado en marzo de 2018 en Ginebra, Suiza, al que acude el expresidente catalán. Una vez asentado en Bruselas, Puigdemont hace pequeñas escapadas para difundir el relato independentista.
Imagen: picture-alliance/dpa/AP Photo/S. Di Nolfi
Visita al Parlamento finlandés
En enero fue Copenhague y en marzo Helsinki. Puigdemont busca apoyos en suelo nórdico. En la imagen, junto al parlamentario finlandés Mikko Kärnä.
Imagen: picture-alliance/Lehtikuva/M. Kainulainen
Detención en Alemania
El 23 de marzo, el juez Pablo Llarena procesa por el delito de rebelión a 13 personas por su participación en el proceso independentista, incluido Carles Puigdemont. Un día después, el Tribunal Supremo reactiva la orden europea de detención y extradición cuando Puigdemont se encontraba en Finlandia. Este decide volver a Bruselas en auto, pero la policía alemana lo detiene en su territorio.
Imagen: picture-alliance/dpa/L. Schulze
12 días en prisión
Puigdemont ingresa en la cárcel de Neumünster. Tras revisar la euroorden española, la Fiscalía alemana pide a la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein la extradición por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Pocos días después, el tribunal descarta el delito de rebelión y deja en libertad al expresidente catalán bajo fianza mientras estudia la entrega por malversación.
Imagen: Reuters/F. Bimmer
Apoyo también en Alemania
La detención de Puigdemont creó un enorme revuelo en Alemania. La prensa dedicó gran espacio a valorar los cargos de la Justicia española contra el expresidente. Sobre todo el relativo a la rebelión, que podría tener un similar en Alemania. En la imagen, un grupo de personas se manifiesta en Berlín por la libertad de los "presos políticos catalanes".
Imagen: picture-alliance/AP Photo/M. Schreiber
Expectación desmedida
El 6 de abril de 2018, Puigdemont abandona la cárcel de Neumünster. Deposita una fianza de 75.000 euros y se compromete a residir en Alemania y presentarse periódicamente ante las autoridades del país. Los medios estaban expectantes ante sus declaraciones.
Imagen: picture-alliance/dpa/A. Heimken
En Berlín y Hamburgo
Primero estuvo en la capital de Alemania. Después, por "motivos de seguridad", Puigdemont trasladó su residencia a Hamburgo. Mientras, la Justicia española trata de probar con material gráfico que sí se produjo el delito de rebelión.
Imagen: picture-alliance/NurPhoto/E. Contini
Extradición sí, pero solo por malversación
En un fallo inapelable del máximo tribunal regional de Schleswig-Holstein, el 12 de julio se aprobó la entrega de Puigdemont a España por malversación de fondos, descartando el delito de rebelión. Así pues, en España solo podría ser juzgado por ese delito. Eso lo pone en situación de ventaja respecto a los líderes independentistas procesados que no huyeron de España.
Imagen: picture-alliance/dpa/C. Gateau
Retirada de la euroorden de detención
El Tribunal Supremo español retiró este 19 de julio la euroorden contra Carles Puigdemont. La Justicia española rechaza así su entrega a España solo por el delito de malversación y no por rebelión. Puigdemont, que actualmente está en libertad provisional en Alemania, quedará libre, pero si regresara a España sería detenido automáticamente hasta que prescriban los delitos, en 20 años.
