La nueva fiscalía de la UE, llamada EPPO (European Public Prosecutor's Office), comenzó a operar desde este 1 de junio. Su lucha se centrará en combatir la corrupción en los Estados miembros.

"Más dinero, más flexibilidad, menos normas”, es la promesa de la jefa de la nueva fiscalía de la UE, quien ve enormes tareas por delante para su joven agencia. Laura Kövesi, antigua luchadora contra la corrupción en Rumania, resistió valientemente la presión de su gobierno durante años. Sus luchas en su país de origen la han preparado para su nueva tarea de velar por el correcto empleo del dinero público en la Unión Europea.

Un hito en la lucha contra la corrupción

El Parlamento Europeo, en particular, luchó durante años por la creación de la EPPO. La impotencia de la agencia antifraude OLAF estaba permitiendo que el mal uso de los fondos europeos quedara prácticamente impune, por falta de fiscales que llevaran esos casos a la Justicia.

La Fiscalía Europea tiene su sede en Luxemburgo, pero depende en gran medida de la cooperación de los fiscales nacionales, que deben ser designados por los Estados miembros. Ahí es donde empiezan los problemas: primero Malta retrasó el nombramiento de sus fiscales de la UE, ahora Eslovenia lo bloquea. El Primer Ministro, Janez Jansa, impide el nombramiento de los candidatos eslovenos porque probablemente quiere evitar que lo investiguen.

Sin embargo, la fiscalía de la UE se considera un hito. Según la eurodiputada socialdemócrata Katarina Barley, por primera vez la UE experimenta una amenaza desde dentro. "Siempre hemos tenido corrupción, pero ahora hay fuerzas que quieren cambiar nuestros valores". La nueva fiscalía transnacional también está encargada de la autoprotección de la UE, dice Barley.

Investigaciones transnacionales, procesamientos nacionales

La Fiscalía Europea depende de la aceptación de los países miembros: bajo la dirección de Kövesi y su adjunto, el abogado alemán Andrès Ritter, un órgano fijo de 23 fiscales decidirá si se abre juicio a los casos de corrupción que investigan. Están asistidos por abogados de los Estados miembros especialmente designados para esta tarea. Para el trabajo práctico de investigación en Luxemburgo, hay analistas financieros y otros expertos que pueden investigar los flujos y usos de dinero ilegal a través de las fronteras.

Sin embargo, si el grupo de expertos de la EPPO está convencido de que las pruebas de uso indebido de los fondos de la UE son suficientes, el caso debe presentarse ante los tribunales nacionales del país donde se produjeron las prácticas corruptas. Aquí es donde el hecho de que la UE no haya luchado más intensamente por la independencia del poder judicial en algunos Estados miembros se vuelve en su contra. Cuando un gobierno ya ha infiltrado el poder judicial, estos procedimientos pueden acabar fracasando por la complicidad de los jueces.

Andrès Ritter ve un aumento de trabajo para los fiscales de la UE. Alrededor de 3.000 casos desde 2017, año en que se decidió crear la entidad, son de su competencia. "Somos una promesa para los ciudadanos de Europa", dice el jurista, porque es muy importante que los fondos pospandemia no sean malversados. Sin embargo, ya se queja de que solo se ha podido cubrir la mitad de los puestos aprobados en la sede de Luxemburgo. Se necesitan urgentemente más investigadores especializados.

Hungría y Polonia se niegan a cooperar

Entre los países que se niegan a cooperar con la fiscalía de la UE se encuentran Hungría y Polonia. La participación en ella es, de hecho, voluntaria, porque se creó en virtud de la llamada "cooperación reforzada". Esto permite a la UE poner en marcha nuevos proyectos sin cambiar los tratados. Además de Hungría y Polonia, tampoco participan Dinamarca, Suecia e Irlanda.

En Hungría se critican desde hace años los lucrativos contratos con fondos de la UE de los que se benefician familiares y partidarios del Primer Ministro Viktor Orbán.

Aun así, el eurodiputado de los Verdes Sergey Lagodsky espera que la EPPO no se convierta en "un tigre pintado en la pared" en la realidad jurídica. "No podemos dejar que estos países nos detengan", y puede que tampoco sean completamente ajenos a las conclusiones de los fiscales de la UE. Como mínimo, las investigaciones pertinentes podrían utilizarse para la presión política.

En las listas negativas de los organismos de vigilancia anticorrupción de Transparencia Internacional, cinco países de la UE se sitúan en la mitad inferior: Hungría, Polonia, Rumania, Croacia y Grecia. En todos ellos se han producido numerosos casos de fraude con fondos europeos, dijo el director de la organización, Michiel van Hulten, en el último informe anual.

(jov/er)