La fiscal de la Nación de Perú, Zoraida Ávalos, abrió el martes (04.01.2022) una investigación preliminar contra el presidente Pedro Castillo, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y colusión para favorecer a empresas que se adjudicaron contratos con el Estado, aseguraron medios locales.

Según varios medios peruanos, que citan fuentes del Ministerio Público, la investigación responde a las reuniones que Castillo supuestamente mantuvo en el Palacio de Gobierno y en una casa particular de la empresaria Karelim López, para que, también supuestamente, intercediera a favor del consorcio Puente Tarata III, que se adjudicó la construcción de un puente en la selva central.

Asimismo, también obedece a las reuniones con ella y otros funcionarios y representantes de la petrolera Heaven Petroleum Operation, que ganó la convocatoria para vender 280.000 barriles de biodiesel a la empresa estatal PetroPerú por 74 millones de dólares.

Según las versiones periodísticas, la fiscal de la Nación notificó este martes del inicio de la investigación al jefe de Estado y al procurador general Daniel Soria, quien denunció a Castillo en diciembre pasado por los presuntos delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias.

La denuncia de Soria, de acuerdo con los medios, se basó en reuniones que Karelim López habría tenido con Castillo antes que las empresas que ella representaba ganaran la licitación del puente Tarata. Días después, el consorcio Puente Tarata III ganó la licitación con un contrato de 57,6 millones de dólares, gracias a una oferta 0,06 dólares más baja que la siguiente mejor calificada.

Soria señaló se sospecha que Castillo "también se encontraría inmerso en la conducta de tráfico de influencias". En ese caso también se investiga al exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, por las presuntas presiones ejercidas a los comandantes generales del Ejército y la Fuerza Aérea para ascender a militares allegados al presidente.

El mandatario peruano fue interrogado al respecto por Ávalos el 28 de diciembre, cuando la fiscal pidió levantar su sigilo bancario, tributario y de las comunicaciones para allanarse a las pesquisas.

gs (efe, afp, El Comercio)