La pista de Maldonado se perdió el pasado 1 de agosto mientras participaba en una protesta reprimida por la Policía. Según informaron fuentes jurídicas, el fiscal Federico Delgado hizo la petición al juez Rodolfo Canicoba Corral y solicitó además que el Ejecutivo informe de cómo se desarrolló el operativo de la Gendarmería desplegado durante la manifestación indígena en la que supuestamente participó el joven desaparecido, de 28 años.

Tanto familiares como parte de la oposición y varios organismos de derechos humanos acusan a la Gendarmería, y por ende al Gobierno, de la desaparición, aunque desde el oficialismo aseguran que colaboran con la Justicia para encontrar con vida a Maldonado al tiempo que reiteran que de momento no hay pruebas contra la Policía. La solicitud del fiscal Delgado apunta, entre otros, contra el jefe de Estado; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y el ministro de Justicia, Germán Garavano.

"Pacto de silencio"

El dictamen hace lugar a una denuncia interpuesta por dos organizaciones -la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Instituto Arturo E.Sampay- por la desaparición de Maldonado y, debido al tiempo transcurrido sin conocerse su paradero, la tesis de un "encubrimiento" por parte de las autoridades públicas, a las que atribuye la "violación de los deberes de funcionario público" y "abuso de autoridad". Los denunciantes destacan la existencia de un "pacto de silencio" por parte del Gobierno, así como un intento de "deslindarse de toda responsabilidad generando una campaña de desinformación", en "alianza con los medios masivos de comunicación social".

Por otro lado, recriminan que el Ejecutivo no dio una "respuesta satisfactoria" a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ni a la Comisión de la ONU sobre Protección de las Personas Víctimas de Desaparición Forzada. La primera reclamó al Gobierno que dé información sobre las medidas dispuestas para investigar los hechos y la segunda exigió al Estado tomar "medidas urgentes" para buscar al chico.

Al poco de conocerse la decisión fiscal, Peña se refirió al asunto al inicio de su exposición mensual ante el Senado sobre la gestión del Poder Ejecutivo y dejó claro que no habrá "en ningún caso", si se comprueba algún delito por parte de algún miembro del Estado o de las fuerzas de seguridad, "ningún tipo de encubrimiento" que obstaculice el trabajo de la Justicia.

MS (efe/dpa)