El tiempo empieza a acabarse para Argentina, luego de que el juez neoyorkino Thomas Griesa rechazara este martes (22.07.2014) la posibilidad de aplicar una medida cautelar pedida por el gobierno de Cristina Fernández, lo que permitiría mantener frenada la aplicación de un fallo judicial a favor de los fondos de inversión querellantes. Es precisamente esto lo que impide que se haga el pago a los fondos que sí aceptaron la reestructuración.

Recordemos que los “fondos buitre” exigen a Argentina el pago por el total de la deuda, pues no aceptaron las negociaciones donde el país sudamericano se comprometía a pagar, aunque a menor precio, los fondos adeudados. Si Argentina no llega a un acuerdo con los querellantes, podría entrar en default el próximo 30 de julio. Por ello, el juez Griesa pidió a las partes intensificar las negociaciones y evitar un cese de pagos.

“Es lo peor que puede pasar”, afirmó el magistrado en una audiencia del litigio que enfrenta a Argentina con los fondos acreedores. Griesa rechazó la petición argentina por ir en contra de los derechos de los demandantes, e hizo un llamado a Buenos Aires a reconocer sus obligaciones, en referencia a los 1.330 millones de dólares más intereses que debe poner en manos de los acreedores que demandaron al Estado.

“Lamentable letanía”

Argentina lo que busca con su plan es que se le permita saldar la deuda con quienes sí aceptaron la negociación, para no incumplir la cláusula RUFO, que da derecho a quienes sí se sumaron a la reestructuración de 2005 y 2010 a recibir el total de su deuda en el caso de que alguien la cobre sin reestructuración. De hecho, Argentina ya depositó el dinero para realizar esos pagos, acto que fue impedido por Griesa, quien considera que debe pagarse también a los acreedores que no negociaron.

El juez Gruesa designó al mediador Daniel Pollack para que trabaje con las partes en una solución, y ordenó tanto a Argentina como a los demandantes, encabezados por los fondos Aurelius Capital Management y NML Capital Ltd., a sentarse en la mesa “continuamente hasta que un acuerdo sea alcanzado”. Los demandantes, por su parte, acusan a Argentina de levantar una “lamentable letanía de excusas inventadas” para no pagar.

DZC (Reuters, EFE)