Poco a poco surge más información sobre el hallazgo de fosas en la localidad de Iguala, en el Estado mexicano de Guerrero, donde este domingo (05.10.2014) especialistas forenses trabajaban con la ayuda de agentes federales, policías y funcionarios del Ejército en la recuperación de restos de las seis fosas comunes descubiertas el sábado, luego de que un llamado anónimo informara de los entierros ilegales.

Otras fuentes afirman que una persona que está detenida por la desaparición de los jóvenes entregó la información, lo que hace saltar las alarmas sobre el eventual vínculo entre las fosas y el paradero de 43 estudiantes normalistas, quienes el viernes 26 de septiembre fueron atacados por fuerzas de seguridad cuando viajaban a bordo de tres microbuses, en medio de protestas por mejores condiciones de trabajo para los profesores que se desempeñan en entornos rurales. De forma extraoficial, y en condición de anonimato, autoridades citadas por la agencia Reuters dicen que el temor es que efectivamente los cuerpos pertenezcan a los jóvenes.

Funcionarios locales aseguraron, siempre en declaraciones anónimas, que hay al menos 34 cuerpos enterrados en las tumbas. Funcionarios de seguridad dijeron que seguramente las víctimas fueron llevadas hasta el final de un camino, se las hizo avanzar por una ladera y fueron ejecutadas en ese lugar, donde también fueron enterradas. Hasta el momento, han sido recuperados nueve cadáveres, todos ellos tan calcinados que solo quedaban huesos y apenas algunos trozos de carne.

Varios días de trabajo

Mientras los especialistas seguían trabajando en la remoción de los restos en las afueras de Iguala, los familiares de los estudiantes desaparecidos realizaron otra manifestación para exigir información sobre el paradero de sus seres queridos e incluso impidieron el paso de los funcionarios de gobierno que trabajan en las fosas. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, informó a los medios que hay unos 30 detenidos por la desaparición de los jóvenes, de los cuales algunos son miembros del crimen organizado.

Información entregada a Reuters por grupos de jóvenes que ayudaron a los policías a dar con el lugar del entierro, asegura que policías relacionados con los carteles de la droga entregaron a los estudiantes desaparecidos a bandas del crimen organizado, quienes se habrían encargado de las ejecuciones. El gobierno del Estado dijo que podrían pasar varios días, hasta dos semanas, antes de que se logre identificar a los restos exhumados.

DZC (Reuters, dpa, El Universal)