Cuando Gérald Darmanin convocó a los jefes de cada Departamento del país, en junio de este año, el mensaje del ministro del Interior francés fue claro: los responsables de los mismos deben actuar con rapidez y coherencia contra los extranjeros que hayan cometido delitos. Los permisos de residencia deben ser controlados, y el número de deportaciones debe aumentar después de delitos especialmente graves, por ejemplo, el homicidio, el tráfico de drogas y la violación.

Aunque la deportación no se produzca de inmediato, quienes han cometido un delito en Francia reciben una carta en la que se les informa lo que el Estado espera de ellos: "Todos los años la República Francesa acoge a personas de otros países. Una de las condiciones es el estricto cumplimiento de las normas y leyes vigentes en su territorio", cita el periódico Le Journal du Dimanche, que concluye con una advertencia: "Cualquier nueva infracción dará lugar a un nuevo examen de su estatus de residencia, que podría llegar a obligarle a abandonar Francia".

Junto a esta iniciativa, el gobierno también ha hecho públicas nuevas cifras sobre las prácticas de deportación. Unas 23.000 personas están inscritas en la base de datos de personas radicalizadas que podrían cometer ataques (FSPRT por sus siglas en francés). De las 1.115 personas en situación de residencia irregular que figuran en la lista, 601 extranjeros han sido deportados a sus países de origen en los últimos tres años, es decir, más de la mitad. De las 514 "personas peligrosas" restantes, un gran número de ellas están cumpliendo actualmente penas de prisión, o están detenidas a la espera de ser deportadas.

Cambio en el perfil del agresor

Más de 250 personas han muerto en atentados terroristas en Francia en los últimos años. Gobiernos de "distintos colores” han reaccionado con leyes más duras. El tema de las deportaciones se ha vuelto más explosivo, entre otras cosas, porque el perfil de los autores ha cambiado: "Los autores ya no eran franceses que crecieron en Francia y fueron a escuelas francesas. En los últimos dos o tres años, los extranjeros han perpetrado cada vez más atentados en Francia. Algunos de ellos tenían un estatus legal, por ejemplo, el de solicitante de asilo, mientras que otros se encontraban en el país de forma irregular", analiza el experto en terrorismo Marc Hecker, que trabaja como director de investigación en el Instituto Francés de Relaciones Internacionales (IFRI, por sus siglas en francés) de París y ha trazado esa evolución en su libro, recientemente publicado, "La Guerre de vingt ans" (La guerra de los veinte años).

Este cambio plantea grandes retos para la política. Muchos países de origen se niegan a aceptar a ciudadanos radicales. Si aceptan hacerlo, los deportados pueden correr peligro de muerte. El ejemplo de Djamel Beghal, condenado por terrorismo en Francia en 2005, y del que se dice que desempeñó un importante papel en la radicalización de los atacantes de Charlie Hebdo en París, demuestra cuán larga puede ser la lucha por la deportación. El argelino había llegado a Francia en 1987 con 21 años y estaba en la mira de las autoridades desde los años 90. A pesar de haber sido despojado de la ciudadanía francesa en 2006, su deportación a Argelia fracasó en su momento por los motivos antes mencionados.

Países anfitriones con exceso de recursos

Hoy en día, estas consideraciones juegan, obviamente, un papel diferente del lado francés. Francia sigue sin deportar a personas a zonas de guerra, pero la lista de países a los que no deporta se ha acortado con los años. Djamel Beghal fue deportado a Argelia hace tres años, inmediatamente después de salir de la cárcel.

Ya sea en Argelia, Túnez o Marruecos, el número de repatriaciones a los Estados del Magreb ha aumentado considerablemente tras las negociaciones con esos países, lo que, a su vez, impacta en la situación de seguridad de estos. Tan solo desde Túnez, unos 25.000 hombres y mujeres quisieron trasladarse a Siria en la guerra civil de la década de 2010. Alrededor de 4.500 lo consiguieron, y una gran parte de ellos hace tiempo que han regresado a casa, lo que supone un enorme reto para las autoridades de seguridad. "Enviar a personas radicalizadas a países que no tienen la misma capacidad de vigilancia que Francia agrava, por supuesto, el problema para esos países", analiza el experto en terrorismo Hecker. Sin embargo, la práctica de la deportación también cuenta con el apoyo de la oposición en Francia. Sobre todo porque los recursos del Estado francés también son limitados. Según Marc Hecker, "la base de datos del FSPRT incluye hoy en día a unas 23.000 personas, de las cuales unas 8.000 entradas se consideran activas. Eso es mucho para un país como Francia. Los atentados de los últimos meses y años también demuestran que los servicios no son infalibles".

Alivio para las autoridades de seguridad

Sin embargo, el sistema de vigilancia francés no solo está llegando a sus límites por el elevado número de "amenazas". Los expertos también están preocupados por el hecho de que los servicios no hayan tenido en su radar a los autores de los últimos ataques. Al checheno Aboulakh A., que asesinó al profesor de historia Samuel Paty en octubre de 2020, apenas lo tenían en cuenta, al igual que al terrorista tunecino, que mató a tres personas en una iglesia de Niza poco después. "Este tunecino estaba en Francia de forma irregular y había llegado a Europa procedente de Túnez un mes antes del atentado", dijo Hecker. El tunecino de 36 años que apuñaló a un empleado de la policía hasta matarlo en la comisaría de Rambouillet, en abril, también era desconocido para las autoridades.

Está por verse si las deportaciones supondrán una mejora duradera en la tensa situación de seguridad en Francia. Al menos a corto plazo, debería dar un alivio a las autoridades. Teniendo en cuenta las obligaciones de registro y el sistema de información de Schengen, el investigador del IFRI considera muy costoso un regreso a Francia por el Mediterráneo sin ser detectado. Sin embargo, siguen existiendo interrogantes: "Actualmente existe el debate en Francia sobre este posible cambio en el perfil del asesino. Y la gran pregunta ahora es: ¿es esto solo temporal, porque la 'vieja generación' de terroristas que vino de Francia está ahora en prisión y también será liberada en algún momento, o es un proceso que continuará?", plantea Marc Hecker.

(ee/cp)