El decreto que pone fin a esta medida de excepción fue adoptado hoy en Consejo de ministros, tal como había adelantado el Elíseo la víspera al anunciar la decisión del presidente Jacques Chirac de levantarlo desde el 4 de enero.

El pasado 8 de noviembre, el Gobierno había desempolvado la ley del estado de emergencia de 1955, adoptada en los albores de la guerra de independencia de Argelia y utilizada sólo una vez desde entonces, en Nueva Caledonia, para hacer frente a las violencias que inflamaban decenas de barrios difíciles del país.

Barrios periféricos de París -como el de Clichy-sous-Bois, donde la muerte accidental por electrocución de dos adolescentes que querían evitar un control policial desató los disturbios-, y de otras ciudades marcados por mucho desempleo y exclusión y una alta concentración de habitantes procedentes de la inmigración.

Más de 10.000 vehículos quemados

En las tres semanas que duró la ola de violencias, desde el 17 de octubre, y que mostró los fallos de la política francesa de integración, más de 10.000 vehículos fueron pasto de las llamas, al igual que decenas de edificios públicos y privados, y hubo enfrentamientos entre jóvenes y las fuerzas del orden.

A petición del Gobierno, que temía un repunte de la violencia en las fiestas de fin de año, el Parlamento prorrogó el estado de emergencia por tres meses desde el pasado 21 de noviembre, cuando la revuelta ya había terminado.

Esa prórroga suscitó las fuertes críticas de la oposición de izquierdas y de las asociaciones de derechos humanos, que la consideraban inútil y 'peligrosa'.

Sólo en caso de "peligro inminente"

Al decidir ahora su levantamiento, saludado por socialistas, sindicatos de magistrados y asociaciones (según las cuales 'jamás' debería haberse instaurado), las autoridades se salvan de una probable 'bofetada' por parte del Consejo de Estado.

Por tercera vez, un colectivo de juristas y expertos, opuestos desde el primer día a la instauración de esta medida de excepción, que según la ley sólo se justifica en caso de 'peligro inminente' para la Nación, iba a pedir al Consejo de Estado que la suspendiera.

Pasada ya la Nochevieja, en la que, pese a los 25.000 agentes del orden movilizados, hubo un récord de 425 vehículos quemados (un año antes habían sido 333, en esta 'tradición' única en Europa de despedir el año incendiando coches) y 362 detenciones, las autoridades decidieron que había llegado el momento de guardar en el cajón el estado de emergencia.

Chirac saludó "profesionalidad" de poderes públicos

Hoy, al recibir la felicitación de año nuevo del Gobierno, Chirac saludó la 'profesionalidad de los poderes públicos para restablecer el orden y justificó el recurso inicial al estado de emergencia.

'Era indispensable para dar a las fuerzas del orden los medios para actuar. Era evidentemente una decisión de precaución, de protección' y 'estrictamente temporal', recalcó Chirac, que decidió ponerle fin dada 'la situación de estas últimas semanas'.

A finales de la semana pasada, según trascendió hoy, el Elíseo ya había pedido al Ministerio de Interior dirigido por Nicolas Sarkozy que preparara el decreto para levantarlo.

Desde el primer momento, Sarkozy no había ocultado sus dudas sobre la imposición del estado de excepción, que había prometido que se aplicaría 'con mesura', y deseaba su fin cuanto antes.

Uso limitado

La idea de implantarlo vino del chiraquiano Villepin, quien consideraba que en medio de la ola de violencia se necesitaba un 'anuncio fuerte', lo que hizo por televisión el 7 de noviembre cuando, sin utilizar la palabra 'estado de emergencia' pero citando la ley de 1955, dijo que los prefectos (delegados del Gobierno) iban a poder decretar toques de queda.

Los prefectos hicieron un uso limitado de sus poderes excepcionales: sólo en 82 municipios de siete departamentos se decretaron toques de queda nocturnos, esencialmente para menores.

Hubo algunas prohibiciones puntuales de venta de bebidas alcohólicas o de gasolina en bidones, para evitar la confección de cócteles Molotov, o de concentraciones.

Y los registros domiciliarios sin control judicial fueron muy limitados.